Más de 50 parcelas que se querían convertir en una urbanización ilegal muy cerca del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. Es lo que ha paralizado la Junta de Andalucía, después de conocer la intención de levantar estas construcciones en suelo rústico.
La intervención se ha saldado con el precinto de 53 parcelas en el paraje Ribera de La Oliva, en el término de Barbate, y la emisión de órdenes de suspensión de uso, según ha informado este miércoles la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.
El operativo ha sido ejecutado por el servicio de inspección urbanística de la Junta, con el apoyo del Seprona de la Guardia Civil, la Policía Autonómica y la Policía Local de Barbate. La actuación se enmarca en el refuerzo de los controles sobre construcciones ilegales en zonas próximas a espacios naturales protegidos.
Desde 2021, la Junta ya había realizado intervenciones previas en esta misma zona por parcelaciones similares. En este nuevo caso, se han detectado nuevas construcciones ilegales, muchas de ellas casas prefabricadas, levantadas sin autorización y con conocimiento de su ilegalidad, dada la repercusión de anteriores operativos.
Parcelaciones junto a zona protegida
Las nuevas edificaciones se sitúan en suelo rústico común, en un área de influencia litoral y próxima a la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, lo que agrava la infracción. Además, algunas parcelas se localizan en enclaves con riesgo de inundación, lo que representa un peligro para los propios propietarios.
Los precintos se notificaron a los propietarios durante el mes de marzo, cumpliendo con las medidas ordenadas por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana. En las notificaciones se requería la suspensión inmediata de toda obra o uso en las parcelas afectadas.
Además de proteger el medioambiente, la Junta busca frenar el proceso de ocupación ilegal en un territorio sobre el que ya pesan decenas de órdenes de demolición. Uno de los objetivos es evitar el impacto de los residuos humanos vertidos sin control por estas construcciones.
Sanciones para compradores de parcelas ilegales
La Consejería de Fomento ha subrayado que los procedimientos sancionadores están coordinados con la Fiscalía provincial de Cádiz, al tratarse de actuaciones que pueden incurrir en delitos urbanísticos.
A esto se suma una novedad importante: la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) permite sancionar no solo a los parceladores, sino también a quienes adquieren lotes o participaciones en estas parcelaciones ilegales.
Este marco legal ha reforzado las competencias de la inspección autonómica, que ahora puede actuar directamente frente a infracciones urbanísticas en suelo rústico, tanto de forma correctiva como preventiva, lo que ha multiplicado las actuaciones.
En 2024, la Junta alcanzó un récord de 2.149 actuaciones en materia de inspección urbanística y ordenación del territorio. De ellas, destacan casi 500 precintos y un incremento de 14 veces en el número de expedientes por construcciones ilegales en comparación con 2018.