La familia de la mujer que ha denunciado una agresión sexual en la residencia de mayores 'Virgen de la Caridad' ha roto su silencio a través de un comunicado, remitido por el abogado Miguel González Saborido.
"A la vista de las distintas informaciones vertidas recientemente en torno al asunto de la presunta agresión sexual acaecida en la residencia de ancianos Virgen de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, la familia de la usuaria agredida quiere precisar lo siguiente", dice en el inicio el texto remitido a lavozdelsur.es.
"La presunta agresión se produce por parte de otro usuario, el día 19 de febrero de 2025. Referida agresión es denunciada por parte de la Delegada Sindical del Comité de Trabajadores de la Residencia, el 24 de febrero de 2025 ante la Policía Nacional de Sanlúcar de Barrameda. La primera noticia que recibe la familia es el 27 de febrero de 2025", señala el comunicado.
Así, la familia habría tardado ocho días en conocer los hechos. "El presunto agresor es detenido y puesto a disposición del Juzgado en funciones de guardia, el día 28 de febrero de 2025, ordenando el Ilustrisimo Magistrado, la libertad provisional, con medidas cautelares tales como, la prohibición expresa de volver a la residencia y prohibición de comunicación con la persona agredida". El asunto se encuentra "instruyéndose en el Juzgado Mixto núm. 2 de los de Sanlúcar de Barrameda, con la premura y celeridad propias de este Juzgado".
Recado a los gestores
La familia de la persona agredida quiere "comunicar su total y absoluta repulsa ante este tipo de situaciones, y denunciar el irracional proceder del gobierno de la residencia, guardando silencio ante la ausencia de protocolos que ordenaran otra actuación, obviando el sentido común, ante la gravedad de la situación que la usuaria agredida estaba sufriendo".
Los familiares señalan: "Desde luego, incidir en la total credibilidad en la Justicia y que tanto el autor material como todos aquellos que de una manera u otra y según el baremo de la razón, han actuado de manera negligente, deben verse abocados a un procedimiento penal que depure las responsabilidades necesarias".
Por ello, "pedimos respeto y pulcritud en las informaciones que se vierten desde los medios locales y honestidad en todos aquellos trabajadores que saben de la realidad de lo ocurrido".
