La mitad de la Iglesia Católica de la provincia, la vinculada al Obispado de Cádiz y Ceuta porque la otra está bajo el de Medina Asidonia, está pendiente de una decisión papal. Como mínimo, de un pronunciamiento vaticano.
La máxima autoridad eclesiástica debe decidir quién releva al obispo Rafael Zornoza Boy. Este religioso madrileño enviaba este miércoles, 31 de julio, su reglamentaria carta de renuncia por cumplir, ese día, los 75 años que marca el Derecho Canónico como teórico límite para ejercer el cargo.
Este trámite no implica que la sustitución sea inmediata ni segura puesto que la normativa incluye un largo plazo, de hasta dos años, para buscar sucesor permanente o interino. Incluso, está contemplado en la legislación religiosa que la dirección eclesiástica conceda una prórroga sin duración concreta a Zornoza.
Para confirmar esta última opción, improbable pero posible, el propio obispo ha resaltado en declaraciones públicas su intención de mantenerse activo. Resalta que muchos sacerdotes mantienen su actividad y sus responsabilidades más allá de los 75 años reglamentados.
"Hay muchos obispos que presentaron la renuncia" hace muchos meses, años, y siguen al frente de sus respectivas diócesis. Cita a los de Barcelona, Mérida, Cuenca, Ciudad Real, Mallorca, Vigo o Segovia entre muchos más casos.
"Mi único deseo es hacer lo que me diga el Santo Padre. La Diócesis permanece, no me preocupa lo más mínimo", dice para relativizar el relevo. "Yo me jubilaré, pero la diócesis no. Todo sigue igual, las catequesis, los cultos, la atención a los más necesitados. Soy un eslabón más de una cadena", insiste.
La posibilidad de una prórroga larga sería la opción peor recibida por el sector más progresista de la Iglesia Católica en Cádiz, heredero directo de la lejana e histórica Teología de la Liberación, y enfrentado de forma frontal a un obispo que, tras 13 años en el cargo, acumula uno de los historiales más polémicos y conflictivos en la provincia desde la Transición.
A Rafael Zornoza le atribuyen sus oponentes despidos y desalojos a modo de represalias ante cualquier discrepancia interna, así como expropiaciones y sanciones siempre con un "marcado carácter ideológico, político".
Esos mismos criticos le achacan un perfil "conservador muy acusado, despótico", que le habría acercado a los postulados de las congregaciones y agrupaciones más reaccionarias del colectivo católico.
El sector más progresista de la Iglesia Católica en la provincia de Cádiz, incluso en España, ha reaccionado con vehemencia a la notificación del retiro reglamentario y confía en que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, sea coherente con sus postulados progresistas y ordene un rápido relevo de Zornoza.
Los que conocen los legendarios y retorcidos vericuetos de la administración vaticana saben que la palabra papal tiene un peso limitado dentro de la curia, temida durante siglos por su capacidad para torcer voluntades o ralentizar proyectos y, sobre todo, cambios.
Miembros del Grupo Cristiano de Reflexión-Acción de la Bahía de Cádiz e integrantes de otros colectivos cristiano de orientación política similar, progresista, han emitido varios mensajes públicos en los que piden que el relevo se ejecute de forma inmediata.
Achacan al obispo, en principio saliente, una veintena de destituciones, despidos, persecuciones y relevos por motivación ideológica en la estructura administrativa de la Iglesia Católica en la mitad, Sur, de la provincia que controla.
Estos mismos católicos, sacerdotes y ex sacerdotes en muchos casos, también le acusan de haber promovido varios desahucios con claros intereses especulativos, económicos, "incompatibles con el evangelio".
Estas quejas tomaron forma de denuncia presentada en 2022 ante el nuncio apostólico, una especie de embajador del Vaticano en España, que se comprometió a transmitir las denuncias.
"Ha mantenido una conducta neoliberal guiada por criterios empresariales, incompatible con los evangelios"
En el ámbito terrenal, un juzgado de Barbate llegó a citar a dos ecónomos de la Diócesis de Cádiz y Ceuta para aclarar las rentas obtenidas a través de la explotación de varios terrenos en Vejer, que pasaron de manos de una parroquia al Obispado, directamente.
Las denuncias del Grupo Cristiano de Reflexión-Acción estuvieron divididas en tres cartas distintas, firmadas por más de 350 personas. Los mensajes de los que ruegan al Vaticano el inmediato relevo de Zornoza contienen ahora testimonios de "una conducta neoliberal guiada por criterios empresariales y de rentabilidad económica, en vez de por las necesidades de la población más desfavorecida".
Entre los despidos considerados arbitrarios, los oponentes de Zornoza citan el de Carmen Amigueti, que fue declarado improcedente en junio de 2019 por el juez de lo Social número 3 de Cádiz en una sentencia en la que calificó los hechos de "acto de represalia empresarial" contra la empleada, quien había demandado previamente a la entidad por modificar sus condiciones laborales.
Desahucio de ancianos
Muy polémico resultó igualmente el despido, con desahucio incluido, de un matrimonio de ancianos de San Fernando. El Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz condenó en primera instancia al Obispado a pagar 6.977 euros a la mujer, limpiadora y portera del convento de las Capuchinas sin estar dada de alta en la Seguridad Social y sin cobrar ninguna retribución, salvo el disfrute del uso de una vivienda, de la que, además, había sido expulsada.
Igualmente relevante fue el desahucio de un bar muy popular en Cádiz, El Madueño, frente al Gran Teatro Falla, en funcionamiento durante más de un siglo. La motivación, según los denunciantes y los propios afectados, era que el Obispado pretendía obtener más rentabilidad del inmueble.
Las quejas por la falta de transparencia sobre el funcionamiento de las fundaciones diocesanas, la gestión del patrimonio eclesiástico y de varios cambios de titularidad forman otros apartados del malestar de muchos cristianos gaditanos.
Los juzgados de la provincia han sido testigos de esta tensión durante los últimos ocho años. En el caso de Barbate han sido especialmente frecuentes los pleitos. Uno de los litigios más llamativos es el que mantiene una parroquia local con el Obispado por la explotación del cementerio.
El Obispado se habría hecho con el control y la gestión del camposanto después de cinco siglos en manos de la iglesia barbateña con distintos porcentajes.
El conflicto más largo y enconado es el que mantendría el sector más conservador de la Iglesia en Cádiz, liderado por el obispo Rafael Zornoza según los cristianos "obreros", con el canónigo de la catedral y ex párroco de Conil Rafael Vez.
El sector del obispo reclama que el Tribunal Eclesiástico condene a Rafael Vez por "delitos contra la Ley Divina y le retire su oficio de canónigo de la Catedral gaditana" y le suspenda como sacerdote. Igualmente, exige que elimine todos los comentarios y noticias publicados en redes sociales contra Zornoza.
Por su parte, Rafael Vez denuncia al obispo por un delito de calumnias e injurias. La Justicia ordinaria desestimó esta última al entender que se trata de un caso interno, adscrito al Derecho Canónico.
Con estos presuntos antecedentes, muchos pendientes de resolución, medios eclesiásticos tan prestigiosos como Religión Digital acogen ahora la posible jubilación del obispo Zornoza con alivio indisimulado: "Llegó a nuestra tierra, ilusionada por un obispo relativamente joven, con buena imagen aunque el tiempo le ha ido quitando la careta [...] y se ha convertido en el pastor de una pequeña élite".
"El dinero siempre le ha atraído y acompañado. No le ha importado dejar en la calle a familias humildes con despidos y desahucios, cerró negocios de toda la vida que ha dejado arruinada a familias. Nunca nos ha querido, nos ha despreciado allí donde ha ido, ha hablado mal de nuestra Diócesis y de nuestra gente".
"Estamos, por tanto, a la espera de un nuevo obispo para la diócesis, que esperamos cuanto antes. Su gestión ha estado marcada por los conflictos numerosos en casi todas las zonas de la diócesis".
"Estamos a la espera de un nuevo obispo cuanto antes. Nos ha despreciado. Ha hablado mal de nuestra Diócesis y nuestra gente allá donde ha ido"
Recuerda este escrito "los numerosos despidos de trabajadores en Cáritas, Seminario, Obispado y parroquias, desahucios de personas de sus locales comerciales y viviendas, diversas operaciones inmobiliarias, dando el obispo la imagen de ser más un empresario inmobiliario que un obispo".
Igualmente le achacan "falta de diálogo y sintonía con la mayor parte de sus sacerdotes, y falta de actuaciones concretas ante los muy graves problemas sociales como la falta de vivienda para desahuciados, personas sin hogar e inmigrantes".
Juan José Tamayo, uno de los más respetados teólogos españoles, catedrático emérito de Teología en la universidad Carlos III, sociólogo, filósofo y escritor de más de 70 obras, también se ha pronunciado en favor de un relevo inmediato con motivo de los 75 años de Zornoza.
"Durante los 13 años del episcopado de monseñor Zornoza, la diócesis de Cádiz-Ceuta ha vivido situaciones de autoritarismo eclesiástico. El obispo ha sancionado y llevado a los tribunales al ex párroco de Conil, canónigo de la Catedral de Cádiz y ex profesor del Seminario, Rafael Vez, por sus críticas abiertas a determinadas actuaciones del obispo y de su equipo de gobierno, por ser contrarias a los principios evangélicos.
"Le ha quitado todas sus funciones dejándole totalmente marginado. Vez ha tenido que denunciar también al obispo para poder defenderse por actuaciones que atentaban a su dignidad", asegura el teólogo palentino.
"Zornoza se ha negado sistemáticamente a escuchar las voces críticas de movimientos cristianos como Iniciativa Galilea, Grupo de Reflexión-Acción, Comunidades Cristianas Populares, Comité de Solidaridad Monseñor Romero o Moceop, así como de sacerdotes diocesanos, comprometidos en la lucha por la justicia, que le pedían pusiera en práctica la opción ética y evangélica por las personas y los colectivos más vulnerables de la sociedad gaditana".
Añade Tamayo que "su actitud ha sido la contraria. Ha dado la espada a dichos colectivos y personas y ha demostrado insensibilidad hacia las numerosas personas migrantes y refugiadas que carecen de vivienda, negándose a darles acogida en los numerosos edificios de propiedad de la diócesis".
"Ha despedido arbitrariamente a personas trabajadoras a su cargo, transgrediendo el Estatuto de los Trabajadores. Los tribunales han declarado algunos de dichos despidos improcedentes. Ha desahuciado a varias familias trabajadoras que ocupaban viviendas de la diócesis desde hace varias décadas y cerró la casa de acogida de inmigrantes de Algeciras, ciudad de entrada de numerosos inmigrantes", detalla el teólogo en su carta pública.
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