El Juzgado de Instrucción de Barbate ha abierto diligencias contra los mandos de la Guardia Civil responsables de dar la orden en el operativo de Barbate, donde una narcolancha embistió a la zodiac de la Guardia Civil y asesinó a dos guardias civiles el pasado 9 de febrero.
Los investigados serían inicialmente un general, responsable de Andalucía, y el coronel de la Comandancia en Cádiz.
Esta decisión judicial llega después de una denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Este colectivo considera que las dos muertes de compañeros deben tener consecuencias y derivar responsabilidades "tanto para los narcotraficantes como a nivel interno".
"Hemos pedido sin éxito al director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, abordar el asunto. La Guardia Civil es un cuerpo policial jerarquizado, y la toma de decisiones debe ser acorde a la cadena mando", detalla un portavoz de AUGC.
Para los denunciantes y promotores de estas acciones judiciales, "el general -con responsabilidad regional- y el coronel, con potestad provincial- aparecen como presuntos responsables de impartir la orden de montar el dispositivo en el que se produjeron los asesinatos de dos guardias civiles".
La denuncia señala la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales que debe aplicarse en este tipo de actuaciones.
La Justicia ha aceptado que se abra la investigación penal que solicita AUGC por si pudiera existir la presunta comisión de un delito previsto en el artículo 316, que señala como infracción el hecho de que los mandos "no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas".
Este mismo epígrafe legal asegura que si la presunta negligencia pusiera "en peligro grave la vida, salud o integridad física de los trabajadores", los responsables directos pueden ser "castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".
AUGC también hace alusión al artículo 318: "Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo" no lo hubieran hecho.
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