Hija, nieta, sobrina y prima de guardias civiles. En su familia calcula que unas 40 personas han pasado o pertenecen actualmente a la benemérita. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que Luisa María Flores, de 35 años, esté siendo discriminada por el Cuerpo que tanto ama y en el que lleva una década. Desde hace más de un año, esta agente destinada en Chipiona está de baja laboral y amenazada por sus superiores con la incapacidad permanente y todo por haber impuesto su criterio profesional con respecto a la protección de una víctima de violencia de género.
Su calvario comenzó en febrero de 2017. Ante la presunta falta de efectivos, su capitán decide reducir la vigilancia a la que era sometida una joven que había sido víctima de violencia de género. Aun así, su agresor se saltaba continuamente la orden de alejamiento decretada judicialmente, aprovechando que su expareja padece un trastorno psicológico que provoca que muchas veces se muestre sumisa a verse con él. Este, sin embargo, presumía en redes sociales de tener armas, tanto blancas como de fuego y hasta se mofaba de los 500 metros de distancia que tiene que cumplir contra su víctima. Luisa, como instructora de la causa, no considera que hubiera que reducir la vigilancia, pero acata la orden indicando a su superior que, en caso de una nueva agresión, sería su responsabilidad.
Lo cierto es que María Luisa fue apartada de su trabajo a través de una imposición de una baja por estrés. Entre los motivos que aduce el psicólogo, que “soy muy perfeccionista, que estoy obsesionada por el trabajo y que tengo un trastorno narcisista”. La agente, además, denuncia que el teniente coronel médico y el psicólogo están emitiendo partes falsos aduciendo ahora que tiene ansiedad y trastorno de la personalidad mixto, algo que, señala, es falso hasta el punto de que “se están contradiciendo con los documentos que están presentando”.
Además de esto, Flores afirma que sufrió una agresión en acto de servicio por parte de un compañero conflictivo y que no se le informó de la puesta en libertad del maltratador, aun habiendo recibido amenazas de muerte por parte de esta persona. “Salió de permiso penitenciario y aunque a las pocas horas se le volvió a detener por incumplir la orden de alejamiento, eso no quita que hubiera ido a mi casa a rajarme, como tantas veces me ha amenazado”. Es más, tiene constancia de que personas del entorno de esta persona sabotearon su coche con pintura negra, si bien se le ha denegado por parte de sus superiores el que pueda recurrir al llamado resarcimiento, esto es, un seguro que dispone la Guardia Civil para resarcir los daños, tanto materiales como personales, de los agentes.
Luisa, que para colmo tiene a su madre enferma, lamenta que “me están destrozando la vida, porque tengo muchos gastos con mi madre. Yo no entré en el Cuerpo para aguantar lo que estoy aguantando ni para que se me agreda en acto de servicio”. Por eso, afirma que “esto me está generando un shock” y aunque ama la institución por la que ha entregado diez años de su vida, reconoce que “tengo un miedo atroz a entrar de nuevo en la Guardia Civil, porque si actúo acorde a la ley no voy a tener ni dinero ni ganas de verme en otro caso como este. Y si otro compañero me vuelve a agredir y mi comandante de puesto no da la cara por mí, lo mismo reaccionaría de un modo muy malo, porque veo indefensión por parte de mis superiores”.
Por último, considera que “me están pegando por todos sitios sin merecérmelo. Si hubiera delinquido o si hubiera estado drogada en acto de servicio, agacho mi cabeza y no hablo más, pero tengo claro que, sin motivos, voy a ir hasta el final y contra los que me quieren arruinar la vida y crear un problema psiquiátrico”.