La Guardia Civil de Cádiz, concretamente el Equipo de Investigación del Seprona de El Puerto, ha investigado a dos mariscadores furtivos, incautando 45,55 kilos de ortiguillas.
Los guardias civiles, tras sorprender a los responsables descargando dos capachos repletos de estas especies todavía vivas, han devuelto a su hábitat natural a los ejemplares incautados. A los investigados se le imputa un delito contra la flora y la fauna por marisqueo relevante.
Los hechos ocurrieron hace unos días, según informa la Guardia Civil en una nota, en los aledaños del Puerto Deportivo de Chipiona. Los agentes del Seprona sorprendieron a dos tripulantes de una pequeña embarcación de recreo desembarcando dos capachos repletos de estas especies. Ante esto, procedieron a identificar a ambas personas, que acababan de finalizar una inmersión de buceo para la que utilizaron botellas de aire comprimido.
Los guardias civiles inspeccionaron en detalle el contenido del interior de los capachos y comprobaron que se trataba de ortiguillas (anémona sulcata) que habían sido capturadas de forma ilegal. En total, tenían un peso de 45,55 kilos, lo que podría corresponder a más de 1.500 individuos.
Las ortiguillas se encontraban aún con vida y con posibilidad de supervivencia, por lo que fueron inmediatamente arrojadas de vuelta al mar. También fueron intervenidos los efectos empleados para su captura. Los responsables han sido investigados por la posible comisión de un delito contra la flora y la fauna por marisqueo relevante.
Durante este año, la Guardia Civil ha realizado numerosas inspecciones a establecimientos de venta e instalaciones de fabricación, elaboración y transformación de los productos de la pesca relacionadas con las ortiguillas, con el objeto de comprobar documentalmente su procedencia lícita y su trazabilidad. Entre los años 2022 y 2024 se ha detectado en la provincia de Cádiz la comercialización de 1971 kilos, de las que no se pudo aportar documentación de la compra legal de más de 1.500 kilos. Este aspecto fue denunciado a las autoridades sancionadoras.
Los objetivos de estas actuaciones son principalmente dos: luchar contra el furtivismo y evitar que estos productos lleguen a consumo humano sin pasar los controles sanitarios establecidos.
Esta práctica ilícita, según destacan desde el Instituto Armado, repercute de forma muy negativa en la economía de quien realiza la actividad de forma legal.
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