El Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC), con el respaldo del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), ha solicitado formalmente la apertura de juicio oral en la causa conocida como Operación Flama, una investigación por presunta corrupción en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC). La denuncia apunta a posibles delitos de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y fraude en la contratación pública.
La causa se remonta a 2013, cuando el SBC trasladó a la Fiscalía provincial una denuncia por irregularidades en la contratación de un seguro de jubilación complementario y en determinados cursos de formación.
La instrucción, llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, ha derivado en la imputación de varios altos cargos y técnicos del CBPC, incluidos un expresidente, un exgerente, el actual director técnico y responsables de las áreas de formación, contratación, intervención y servicios estratégicos.
Un desvío de más de 7 millones sin licitación
Según la instrucción judicial, se habrían desviado más de 7 millones de euros en fondos públicos mediante la adjudicación directa y supuestamente fraudulenta de un plan de pensiones a una aseguradora, sin llevar a cabo un procedimiento de licitación y beneficiando solo a una parte reducida de la plantilla.
Mientras se destinaban esos fondos a fines cuestionados, el Consorcio atravesaba una falta crónica de inversión en materiales y equipos, lo que —según denuncia el sindicato— afectó negativamente a la calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Además, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) fue uno de los órganos que impulsó la investigación.
El origen de los fondos empleados en el plan de pensiones no quedó del todo claro durante la instrucción. Sin embargo, la nueva presidencia del Consorcio, llegada en 2023, reconoció públicamente que la entidad contaba con un remanente líquido de más de 20 millones de euros. El SAB ha comprobado que este dinero proviene, en gran parte, de contribuciones especiales de aseguradoras a través de UNESPA, fondos finalistas destinados legalmente a la mejora del equipamiento y seguridad operativa.
Críticas a la falta de investigación interna
La Inspección de Trabajo ha emitido resoluciones que avalan el diagnóstico de mala gestión. Desde el SAB critican que el actual presidente del Consorcio, nombrado por el Partido Popular, ha evitado promover una investigación interna y ha mantenido en puestos de confianza a personas presuntamente vinculadas a los hechos investigados.
El sindicato considera que la gestión actual no solo genera un grave desequilibrio presupuestario, sino que alimenta las sospechas sobre un uso indebido de fondos públicos recaudados desde los años ochenta con fines específicos.
El SBC y el SAB, recientemente integrados, han confirmado que mantendrán su acusación particular en el proceso judicial bajo una representación jurídica común. El escrito de acusación ya ha sido presentado ante la Audiencia Provincial.
Desde el sindicato también denuncian que, durante años, han recibido presiones por parte de la dirección del Consorcio y del sindicato CCOO para que retiraran la denuncia. Pese a ello, afirman que su intención es llegar hasta el final y exigir todas las responsabilidades penales y políticas correspondientes.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado continuar con el procedimiento y ahora se encuentra a la espera de que el Juzgado resuelva formalmente la apertura del juicio oral, tras más de una década de instrucción.
