El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido explicaciones urgentes a la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo, y a la exdelegada territorial de Salud, Isabel Paredes, por la imputación judicial del director económico de la Central Provincial de Compras. El investigado está implicado en una causa sobre contratos "en fraude de ley" realizados en 2021 por valor de 235 millones de euros, según informes de la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
"La punta del iceberg", advierte el PSOE
Ruiz Boix ha señalado que Colombo, como máxima responsable de la Junta en Cádiz, y Paredes, al frente de Salud en el periodo investigado, deben aclarar "qué está pasando en la Junta de Moreno Bonilla". Según denuncia, se trata del primer imputado en la provincia, pero podría ser solo "la punta del iceberg", ya que se suma a otros tres gerentes del SAS imputados en otra causa abierta en Sevilla, por la adjudicación a dedo de contratos de emergencia entre 2020 y 2024.
El dirigente socialista sostiene que el PP ha convertido la sanidad pública en un negocio para clínicas privadas afines, un modelo que fue denunciado el pasado fin de semana en Sevilla por más de 100.000 personas en una manifestación. Ruiz Boix acusa al Gobierno andaluz de adjudicar 1.225 millones de euros en un año mediante contratos fraccionados en las ocho provincias.
Los interventores del SAS, según recuerda el secretario provincial del PSOE, alertaron del abuso de la contratación menor en 2021. Ese año, este tipo de contratos representó casi el 30% del total y se detectaron "irregularidades" en nueve de cada diez facturas revisadas, lo que ha motivado el inicio de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz.
Ruiz Boix considera un “escándalo” que, según el interventor provincial del SAS, se hayan contabilizado hasta 135.767 facturas en un solo año, por un total de 235,4 millones en contratos menores. En una muestra de 175 expedientes analizados, se detectaron anomalías en el 100% de los casos. "Es hora de que Colombo y Paredes den la cara", concluyó.
Podemos alerta de una posible trama estructural
Desde Podemos Andalucía, su coportavoz José Manuel Jurado también ha advertido que los 235 millones investigados en Cádiz podrían ser solo una fracción de lo que califican como una gestión sanitaria opaca por parte del Ejecutivo del PP-A. "Esto no es un caso aislado ni responsabilidad de un solo cargo", ha declarado.
Jurado sostiene que la cantidad investigada en Cádiz "supera ya el fraude de los ERE" y denuncia que en el Gobierno andaluz “sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo, y Moreno Bonilla debía conocerlo también”. Además, ha criticado la actitud del PP: "No hay un PP bueno y otro malo, solo hay un Partido Popular que lleva en su ADN destruir lo público para beneficiar a lo privado".
El dirigente de Podemos ha afirmado que la investigación judicial, sustentada en informes de los propios interventores de la Junta, apunta a la adjudicación irregular de contratos millonarios, pese a las advertencias legales existentes. "Queremos saber quién dio luz verde a todo esto y que dejen de mentir", ha exigido.
Jurado también ha señalado que el cese del anterior director de Gestión Económica, José Antonio Miranda, no fue por motivos personales, como se argumentó oficialmente, sino porque "estaba en el centro de un escándalo de corrupción sanitaria sin precedentes". Además, ha advertido: "Este escándalo será la tumba política de Moreno Bonilla y del PP en Andalucía".
