Un grupo de seis casetas emblemáticas de la Feria del Carmen y de la Sal de San Fernando (Toma q toma, La Reja, Cuéntame, El Surtidor, La Clandestina y La Alboreá) ha presentado alegaciones contra la nueva ordenanza municipal que regula el evento, al considerar que discrimina a los hosteleros profesionales en favor de las entidades sin ánimo de lucro. Los empresarios, con décadas de vinculación a la feria, advierten de que recurrirán judicialmente la normativa si no se introducen cambios.
En un escrito registrado en el Ayuntamiento, los hosteleros exigen que la mitad de las casetas se adjudiquen a entidades sin ánimo de lucro y la otra mitad a empresas privadas, en igualdad de condiciones. También piden que las ubicaciones y dimensiones de las casetas se asignen de forma equitativa, evitando que los hosteleros queden relegados a zonas menos ventajosas.
Las modificaciones propuestas afectarían a los artículos 6 al 11 de la ordenanza. Los empresarios argumentan que, de no aceptarse, la normativa sería "nula de pleno derecho" por vulnerar principios de igualdad y proporcionalidad.
Los afectados critican que el Consistorio haya introducido este año mediante ordenanza un sistema que antes se regulaba por bases anuales. "No se explica ni motiva el cambio de criterio", señalan en las alegaciones, donde interpretan esta modificación como un "reconocimiento implícito de la ilegalidad" de las bases anteriores.
Destacan que la ordenanza anterior, vigente hasta 2023, no establecía diferencias entre entidades con y sin ánimo de lucro, mientras que la nueva versión "consolida una discriminación que ya se venía ejerciendo de facto". En la última edición, solo 7 de las 38 casetas del Parque Almirante Laulhé fueron gestionadas por profesionales, todas ellas en ubicaciones menos favorables.
Impacto económico y derechos adquiridos
El documento subraya el "grave perjuicio económico" para los hosteleros, muchos de los cuales llevan años dedicándose a la Feria. "Pierden todos los derechos adquiridos sin justificación y sin que se garantice al menos una coexistencia equilibrada", denuncian.
Los empresarios ya interpusieron un recurso administrativo en 2023 contra las bases de adjudicación y adelantan que, de no haber cambios, impugnarán también la ordenanza. "El trato diferenciado carece de fundamento legal y perjudica a un sector que ha sido históricamente clave en esta fiesta", insisten.
