El 14 de marzo, en muy pocos días, se celebrará el juicio del desahucio del matrimonio que ha trabajado en el convento de las Capuchinas de San Fernando desde 1975 y que ha vivido desde entonces en una casa en el propio edificio.
Ildefonso y Carmen nunca pudieron llevar a sus hijos a la playa como cualquier familia porque tenían que estar pendientes de las necesidades de las monjas durante el día y la noche. Carmen no pudo entrar en el convento hasta el año 1990 por las normas de la congregación y era Ildefonso el que sí podía hacerlo. Por eso necesario tener un matrimonio trabajando allí para hacerse cargo de la portería y también de las labores de mantenimiento y cuidado del jardín.
En 2018 ya conoció el matrimonio que tenían que abandonar su casa por orden del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Las monjas ya se habían ido a El Puerto de Santa María unos meses antes y el Obispado mandó un abogado para decirles que se podían quedar allí durante tres años pagando 300 euros de alquiler, pero Carmen e Ildefonso no estaban de acuerdo con esa medida y optaron por pelear para defender lo suyo porque contaban con un documento en el que la madre superiora les garantizaba poder quedarse a vivir hasta el fin de sus días.
"Si reclaman, aténgase a las consecuencias porque los vamos a desahuciar", les vino a decir el abogado que representaba al Obispado de Cádiz y Ceuta. Dos días después recibían un burofax diciéndoles que se tenían que marchar. Carmen nunca estuvo dada de alta en la Seguridad Social y el matrimonio no contaba entonces con otra vivienda ni tampoco ahora.
Auxiliadora Moreno, de la asociación Kintsugi, comenta que inició la vía social del proceso, por lo que el matrimonio ha seguido viviendo en la casa del convento, de donde no los podían echar al estar abierta esta vía. En 2019 estaba previsto el primer juicio del desahucio, pero se tuvo que suspender hasta que se ha resuelto el procedimiento social. Ahora se celebra el juicio que se tendría que haber celebrado en 2019.
"Llevamos una vida normal, pero siempre con esa incertidumbre. Nosotros llevamos aquí medio siglo y yo no me podía permitir guardar dinero para comprar una vivienda y, además, teníamos un documento donde decía que podríamos seguir aquí. La sorpresa fue que nos dijeron que nos teníamos que ir", comenta Ildefonso a lavozdelsur.es.
"Estamos muy dolidos porque si una persona es creyente todavía te llevas una decepción mayor. Se podían haber buscado fórmulas, pero ni siquiera se intentó. No ha habido sensibilidad para tratar esto. Las monjas se deben a la obediencia y se tuvieron que ir, aunque se llevaron la sorpresa y se quedaron tristes. Nosotros nos quedamos tristes y desamparados", relata.
Ildefonso y Carmen decidieron no demandar a las monjas porque ellas siempre les dieron su sitio a pesar de tener que realizar un trabajo nada sencillo: "Era un convento con personas bastantes mayores. Yo era el que estaba dado de alta y cuando llegó mi momento me jubilé, algo coincidió con la salida de las monjas. Mi mujer entró a trabajar con la condición de asistir la puerta de día y de noche, nos podían llamar a cualquiera hora. El pago era tener la vivienda con la luz y el agua".
"Habrá que aceptar las decisiones de los jueces. En siete años no he visto ningún acercamiento por parte del Obispado, solo me han pedido que nos vayamos. Espero que haya justicia y recapaciten porque nos tendríamos que buscar otra casa. Los hijos no se traen al mundo para que te solucionen los problemas, ellos tienen que hacer su vida", afirma convencido.
Auxiliadora Moreno lamenta que se está "normalizando la frialdad de la Iglesia y Dios no es así. Qué mínimo que hablar con este matrimonio y ver alguna solución, con la cantidad de viviendas vacías que tiene el Obispado".
El Ayuntamiento de San Fernando, el obispado y la promotora Hermanos Laulhé anunciaron en 2023 que en los terrenos del convento se va a construir una residencia de personas mayores, una importante zona verde y un espacio abierto a la convivencia intergeneracional, y también habrá desarrollo de viviendas de todo tipo de regímenes (renta libre, VPO y alquiler social) para abrir la puerta a distintos tipos de residentes y segmentos sociales.
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