La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, encargada de investigar el supuesto fraccionamiento irregular de contratos por valor de 235 millones de euros en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía como responsable civil, así como la de Podemos en calidad de acusación popular. Por el momento, ya ha supuesto que el director de compras del SAS sea llamado como imputado a declarar.
En un auto fechado el pasado 2 de abril, la jueza Rosa María García Jover resuelve dos escritos presentados por la representación legal del SAS. En uno de ellos, la abogada solicitaba que se admitiera a la Junta como responsable civil subsidiaria en la causa. En el otro, pedía que se rechazara la intervención de Podemos como acusación popular, alegando que no había presentado querella ni depositado la correspondiente fianza.
La instructora considera que la personación del SAS como responsable civil subsidiario procede, dado que el proceso se encuentra aún en fase indiciaria. En ese sentido, apunta que la Junta no queda vinculada por su anterior solicitud de personarse como parte perjudicada, lo que despeja el camino para su nueva condición procesal. La jueza va más allá y admite finalmente la personación del SAS no solo como responsable civil subsidiario, sino como "responsable civil directo", un matiz que podría tener relevancia en el desarrollo posterior de la causa.
En cuanto a la posición de Podemos en el proceso, la jueza desestima la pretensión del SAS de excluirlo como acusación popular. A juicio de la magistrada, existen indicios fundados de criminalidad que justifican la intervención del partido en el procedimiento sin necesidad de que presente querella formal ni fianza.
Podemos se suma a un procedimiento ya abierto
García Jover cita en su resolución la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para sostener que, una vez iniciada una causa penal, no es requisito imprescindible para la acusación popular aportar una querella. También subraya que la exigencia de fianza pierde sentido cuando no se trata de iniciar un procedimiento, sino de sumarse a uno ya abierto.
La jueza argumenta que la intervención de Podemos puede contribuir a evitar una dilación innecesaria del proceso y, por tanto, resulta procedente en este punto del procedimiento. Podemos denunció el caso en un juzgado de Sevilla, apoyándose en varios informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía. En esos documentos se alertaba de un “fraccionamiento indebido de miles de contratos menores” adjudicados por el SAS entre enero y diciembre de 2021.
Los contratos señalados se habrían suscrito en cuatro provincias andaluzas: Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén. El importe total bajo sospecha asciende a 235 millones de euros, según las estimaciones incluidas en la denuncia.
Tras recibir la denuncia, el juzgado sevillano decidió remitir cada parte del caso a los órganos judiciales competentes en las respectivas provincias. De momento, solo el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha abierto diligencias formales.
En esta causa, Podemos ya ha sido admitido como acusación popular, lo que le otorga derecho a participar activamente en la instrucción. La admisión de la Junta de Andalucía como responsable civil refuerza el carácter institucional del caso, que continúa en fase preliminar.
