El Ayuntamiento de Sanlúcar ha reaccionado ante la presunta agresión sexual ocurrida en una residencia de mayores gestionada por la empresa municipal Emuremasa. El pleno municipal ha aprobado por unanimidad una propuesta del PSOE para crear una comisión de investigación que esclarezca los hechos, en un tenso debate marcado por las discrepancias políticas sobre la competencia para abordar el caso.
La alcaldesa, Carmen Álvarez(IU), consejera y presidenta de Emuremasa, defendió que el órgano competente para investigar el suceso es el consejo de administración de la empresa y no el pleno municipal. "Estoy dispuesta a apoyar lo que haga falta para que se esclarezca la verdad, pero esta es una falsa investigación que no cuenta con el apoyo de la familia", declaró. Álvarez aseguró haber llevado al consejo de administración la propuesta de abrir un expediente disciplinario contra el director del centro, pero perdió la votación en tres ocasiones al no recibir apoyo de los consejeros del PSOE, PP y Vox.
Politizar el debate
El PSOE, promotor de la iniciativa, justificó su propuesta ante la negativa de la alcaldesa a trasladar al pleno el acuerdo unánime del consejo de administración de Emuremasa para crear una comisión. Víctor Mora, portavoz socialista, criticó que Álvarez "politizara" el debate y lamentó que no se hubiera actuado con la "prudencia" que exige un asunto tan delicado. Los socialistas insistieron en la necesidad de aclarar los hechos, determinar responsabilidades y evitar que se repitan.
La alcaldesa acusó a los demás grupos de no haber apoyado sus gestiones y defendió su actuación: "La gestión, la justicia y el acompañamiento a la víctima y a la familia los hemos propiciado nosotros". Sin embargo, el PSOE reprochó que Álvarez no hubiera presentado una denuncia formal pese a las reiteradas peticiones de los consejeros socialistas en Emuremasa.
El caso ha generado una fuerte polémica por la demora en la convocatoria del consejo de administración. Según el PSOE, la alcaldesa tuvo conocimiento de los hechos el 24 de febrero pero no reunió al órgano hasta el 4 de marzo. Además, criticaron que durante ese periodo, mientras trabajadoras de la residencia intentaban contactar con ella, Álvarez priorizó actos públicos como la apertura del Jardín de Las Piletas.
La nota de prensa difundida por el Ayuntamiento durante el pleno, con la versión exclusiva de la alcaldesa, fue otro punto de fricción. El PSOE la interpretó como un intento de buscar un "chivo expiatorio" para eludir responsabilidades. Álvarez, por su parte, insistió en que el informe jurídico municipal avala que la competencia corresponde al consejo de administración y no al Pleno.
La situación de la familia
Mientras, la familia de la víctima optó por denunciar los hechos ante la Justicia, una vía que el PSOE consideró "correcta" pero insuficiente sin una investigación institucional. La comisión aprobada deberá ahora analizar las posibles negligencias y garantizar medidas para proteger a los residentes.
El caso ha puesto en evidencia las tensiones en el gobierno local y ha reabierto el debate sobre la gestión de las residencias públicas. La alcaldesa aseguró que no dudará en tomar "las acciones necesarias contra quienes paralicen la verdad", mientras la oposición exige transparencia y responsabilidades políticas.
