La clase obrera, a las siglo y cuarto en punto, es una ensoñación. Un estado mental. Un recuerdo dolido y nostálgico de tiempos predigitales.
A primera vista, cuando se concentran algunos de los últimos creyentes, parece formada por una excursión de mayores entusiastas y festivos que luchan por los amenazados derechos de los que vienen detrás. Los hijos y nietos que ni miran, ni escuchan, ni entienden, ni acompañan.
Los últimos habitantes del imaginario país del proletariado en esta parte del mundo, unos cientos entre los restantes, con muy pocos jóvenes, se reunieron este martes desde el amanecer frente al Juzgado número 1 de lo Penal de Cádiz, en los bajos del estadio antes conocido como Carranza.
Decenas de trabajadores de Acerinox -37 días de huelga en Los Barrios y Algeciras, con disturbios y acusados-, un ex alcalde como Barroso, monos azules de Airbus, concejales gaditanos como David de la Cruz y Carlos Paradas, integrantes de distintas mareas (pensionistas, profesores...).
También dirigentes vecinales (especialmente del Río San Pedro), militantes de partidos perseverantes sin apenas votos, sindicalistas alternativos y activistas, lo que quiera que eso sea hoy. Incluso algún insigne autor de carnaval. Todos allí, a pie de canon.
Unas 300 personas con toda la parafernalia que rezuma la misma melancolía. Pancartas, banderas, pegatinas, camisetas, chaquetas fluorescentes de uniforme laboral y megáfonos a todo lo que dan.
Consignas como "si esto no se arregla: guerra, guerra, guerra"; "vosotros fascitas, sois los terroristas" y "somos comunistas, no somos terroristas". Un léxico (capital, proletariado, represión, obrero, lucha...) que transporta a tiempos pretéritos, aún con la esperanza en vida. Como sería que hasta sonó fuerte A galopar, una canción de imposible adaptación al autotune reagetonero.
Todo y todos bajo el templo de opio popular para mostrar su rechazo al juicio contra ocho trabajadores del sector del metal considerados por la Fiscalía, por la Policía, integrantes y representantes de los que protagonizaron duros enfrentamientos con los agentes durante la huelga de finales de 2021.
Concretamente, los hechos juzgados iban a ser los choques entre Policía y manifestantes el 22 de noviembre de aquel año, en la barriada del Río San Pedro. Cuando apareció la célebre tanqueta que tanto en Cádiz diera que hablar, símbolo de la represión policial para los huelguistas y los que les respaldan.
Tres horas después de la quedada, el juez decretó la suspensión de un juicio en el que se pedían hasta tres años de cárcel a los afectados. Los motivos técnicos para este parón se basan en las supuestas prisas por encausar a los ocho acusados, según sus compañeros.
Ese afán punitivo, según esta versión, hizo que la administración comunicara el proceso, los cargos, a los afectados pero no a sus representantes legales. El juicio, además, debía celebrarse en la Audiencia Provincial por su naturaleza penal (atentado contra la autoridad y desórdenes públicos), nunca en un juzgado ordinario.
Los compañeros de los encausados consideran la suspensión como "un triunfo de la presión popular y mediática, damos las gracias a la población"
Estos "errores" serían, según la defensa, la causa de la suspensión decretada por el juez. Para los trabajadores, también hay motivos emocionales y subjetivos. La presión popular, la que saben y pueden ejercer los que aún forman la lucha obrera, habría provocado que el proceso vuelva a empezar tres años después. La Audiencia Provincial tendrá ahora que reiniciar los trámites casi desde cero.
Con los tiempos que se gasta una sobrecargada e infradotada administración judicial, al menos pasarán otros tres años hasta que el juicio vuelva a tener fecha. Desde 2021, en las calles del Río San Pedro, hasta 2027, como poco, en la Cuesta de las Calesas de Cádiz.
Pedro Castilla, de la cooperativa jurídica Gestea, es el abogado defensor de cinco de los acusados. Ante una pequeña nube de micrófonos y cámaras explica que la modificación del Código Penal para desórdenes públicos endurece las penas y complica que sean vistas en un juzgado ordinario.
"Ahora habrá que esperar que se trasladen todos los autos a la Audiencia Provincial, donde debieron estar en todo momento". Los errores formales han perjudicado a los que trataban de aplicar las mayores penas y cuanto antes, según los afectados por el proceso y sus acompañantes.
"Dos testigos presenciales de la defensa ni siquiera habían sido citados a declarar y, pocos días antes de la vista, ni siquiera teníamos los autos, muy extensos, con muchísimas páginas. Esas circunstancias nos han impedido llevar a cabo un adecuado ejercicio de la defensa".
Castilla añade que incluso un acusado absuelto a finales de febrero por el Juzgado de Puerto Real aún aparecía hasta hace unos días como encausado.
Jesús Galván, portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Metal que agrupa a los acusados, añade tras quedar suspendido el juicio que la decisión del magistrado es un reconocimiento de "la indefensión" de sus compañeros.
Los errores de tramitación habrían provocado "indefensión en los acusados, es una situación inaudita"
"Les mandan las cartas primero a los detenidos y su representante legal se tienen que enterar por ellos. Algo inaudito. No dan lugar a la defensa en este proceso", afirma.
El trabajador, represaliado y recientemente indemnizado por su labor sindical, cree que la suspensión es un triunfo de "la presión mediática y ciudadana. Damos las gracias a la población de la Bahía que ha estado aquí".
Una vez resuelto, temporalmente, el juicio a ocho trabajadores del metal queda la causa general, el conflicto de fondo entre exceso de represión judicial o policial y vandalismo o violencia en las protestas: "No necesitamos el Código Penal, necesitamos planes de industria. A la clase trabajadora se le protege dándole garantías de que se les cumplen los convenios. Creo que vamos por el buen camino y confío en que se recapacite", resume Galván.
Como alegato final contra el símbolo de la tanqueta, reivindica "el derecho constitucional a manifestarnos y a pedir trabajo digno. Estamos muy contentos por la suspensión, con la mirada puesta en darle protección a estos compañeros en el siguiente juicio".
De Acerinox al Ayuntamiento de Cádiz
El abogado defensor, Pedro Castilla, también incide en esta discusión de fondo, el derecho de los obreros a manifestarse: "Son trabajadores del metal que estaban ejerciendo un derecho constitucional para reclamar un trabajo digno. Cuando se tiene un convenio colectivo que no se cumple, es normal que haya trabajadores que acuden a la calle para exigir su cumplimiento veraz. No se puede criminalizar a unos trabajadores por reclamar un derecho constitucional".
"No necesitamos represión, esta tierra necesita planes industriales, medios para la inspección de trabajo, que se cumplan los convenios y una vida digna", decía Galván al inicio de una larga mañana obrera.
José Antonio Gómez Valencia, portavoz de la plantilla de Acerinox en huelga, se suma a la denuncia. "Es injusto que se trate a manifestantes, a trabajadores, como a delincuentes. Lo que hacemos es defender nuestros puestos de trabajo y nuestros derechos. Nosotros nos estamos viendo ahora como ellos hace tres años".
El representante sindical detalla que un compañero de Acerinox ha sido "detenido por un corte de carretera y condenado a un año de cárcel", mientras que "otros cuatro están imputados también. Al final nos vamos a ver en la misma situación" que los acusados del sector del metal en Cádiz.
David de la Cruz, portavoz municipal de Adelante en Cádiz, se suma al lamento contra "el clima de opresión y represión contra la clase trabajadora. En España se han visto manifestaciónes de la extrema derecha contra sedes de partidos políticos y no ha pasado absolutamente nada".
"Llevar ante los juzgados a trabajadores que se manifiestan y defienden sus derechos laborales es un claro intento de meter miedo y de evitar que reclamen unas condiciones laborales dignas. Cádiz está sufriendo la precariedad laboral y necesita manifestarse, necesita condiciones dignas de empleo y de futuro".
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