Este 25 de abril se cumplen 27 años del desastre ambiental de Aznalcóllar, cuando la rotura de la balsa de residuos tóxicos de la mina gestionada por la empresa sueca Boliden provocó el vertido de más de seis millones de metros cúbicos de lodos en la cuenca del río Guadiamar. El incidente afectó gravemente al entorno y puso en peligro por contaminación a Doñana, uno de los espacios naturales más importantes de Europa. Los lodos fueron retirados durante meses y depositados en la corta de Aznalcóllar, donde aún permanecen. La empresa responsable nunca asumió los costes de las tareas de limpieza.
Con motivo del aniversario, varias organizaciones ecologistas —Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— han expresado su oposición al proyecto de reapertura de la mina. En 2015, la Junta de Andalucía otorgó los derechos mineros a la empresa Minera Los Frailes, controlada mayoritariamente por la multinacional Grupo México.
En julio de 2024, la Consejería competente concedió la autorización ambiental al nuevo proyecto minero subterráneo, que contempla la extracción de minerales como zinc, cobre y plomo, así como la instalación de una planta industrial para su tratamiento. El proyecto tiene previsto un periodo de explotación de 17 años. Sin embargo, aún no ha recibido la autorización minera correspondiente ni la concesión de aguas necesarias para su funcionamiento.
Las organizaciones medioambientales han denunciado que la autorización ambiental fue concedida sin valorar adecuadamente todos los impactos ambientales y socioeconómicos sobre zonas protegidas, como el Bajo Guadalquivir y el Espacio Natural de Doñana. Estas áreas forman parte de la Red Natura 2000, lo que implica una especial protección legal.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la previsión de vertido al río Guadalquivir de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas, procedentes del vaciado de las cortas de Los Frailes y Aznalcóllar, además de un vertido anual continuado durante la fase operativa. Estos vertidos contendrían metales pesados como arsénico, plomo y cadmio, y se extenderían desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda.
Los ecologistas advierten que esta contaminación afectaría tanto a la producción agrícola del arroz en la marisma sevillana como a la actividad pesquera en la desembocadura del río. También alertan de los riesgos para la salud de los consumidores de estos productos.
El pasado 9 de abril, representantes municipales, colectivos agrarios, pesqueros y sanitarios se unieron a científicos y al Defensor del Pueblo Andaluz para solicitar la creación de un Comité de Expertos independientes que evalúe el impacto de los vertidos en el Guadalquivir. Esta propuesta sigue sin respuesta oficial por parte de la Junta.
Las peticiones de las organizaciones ecologistas
Las organizaciones también critican que no se hayan valorado los efectos acumulativos de este proyecto con otros vertidos en la zona, como los realizados por la mina Cobre Las Cruces entre 2009 y 2023. Según estudios académicos, estos efectos conjuntos deberían haber sido incluidos en la evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento de la normativa europea y nacional.
Por otro lado, el proceso judicial que investiga la adjudicación de los derechos mineros a Minera Los Frailes en 2015 ha entrado en su fase final. El juicio oral comenzó el pasado 3 de marzo en la Audiencia Provincial de Sevilla, tras diez años de instrucción. Un eventual fallo en contra podría invalidar la adjudicación y las autorizaciones en curso.
A la espera de la resolución judicial, los colectivos ecologistas reclaman la suspensión provisional del proceso de autorizaciones y la creación inmediata de una comisión científica independiente. También exigen la implicación del Ministerio para la Transición Ecológica, ante la posible afección al cumplimiento de los objetivos europeos de calidad de las aguas para 2027. Señalan que la memoria del desastre de 1998 debe servir como advertencia ante el riesgo de repetir errores del pasado.