La próxima semana, un juzgado de Sevilla acogerá el juicio a los llamados 18 de la Macarena, un grupo de activistas que intentaron okupar una vivienda en el número 18 de la calle Macarena, en el barrio del mismo nombre en Sevilla. Eran activistas que venían de okupar la Corrala Dignidad, en la calle Fray Isidoro. Tenían tanto la vertiente de denuncia como de encontrar soluciones directas para personas sin hogar ni recursos. Hasta medio centenar de personas en exclusión acabó encontrando aquel techo.
En febrero de 2018, apenas unos meses después, acudieron a la vivienda de la Macarena con el fin de okuparla y ampliar el movimiento. Pero la presencia de un policía que era propietario de uno de los pisos fue clave y apenas un día después hubo un fuerte operativo para el desalojo. Aquel día hubo 18 identificaciones y seis arrestos.
En los atestados y la acusación de la Fiscalía que sostiene el próximo juicio, se habla de agresiones a los agentes. La Fiscalía habla de intento de usurpación violenta, delitos de daños, atentado contra los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos... Por todo ello, las solicitudes de prisión van de los tres años y medio a los cinco años y medio, y suman en total para los 18 encausados 77 años de cárcel y 300.000 euros en multas.
Este miércoles, varios colectivos se han sumado para denunciar lo que consideran una criminalización de todo el movimiento, perpetrado "por el Gobierno más progresista de la historia", que "no ha derogado la ley mordaza en siete años". Los propios procesados no han hablado públicamente aún, a la espera del juicio.
"Estamos ante una escasez irreal de vivienda"
Por parte de CGT, Antonio Castellano recalca que "pretenden amedrentar y atemorizar a una sociedad que necesita soluciones para el problema de vivienda", mientras que estos movimientos "están lejos de constituir un problema de seguridad ciudadana". En un contexto en el que "los jóvenes y las personas con menos recursos no tienen derecho a una vivienda y un proyecto digno de vida". Denunciarlo supone "motivo de persecución y cárcel".
El portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Diego Boza, recuerda que en estos días "conmemoramos el trigésimo aniversario del fallecimiento de Diamantino García Acosta, nuestro fundador". Una persona que vivió situaciones similares cuando ocupó fincas para reclamar un reparto justo de tierras, señalan desde Apdha. "Están criminalizando a quienes proponen una alternativa".
Los activistas han dado también la palabra a la profesora de la Universidad de Sevilla Ángela Lara, experta en vivienda y derechos humanos dentro de la rama de Geografía e Historia. Si el problema era grande en 2018, cuando ocurrieron los hechos, ahora no ha hecho más que empeorar, explica. Porque "respecto a 2016, se han incrementado los precios en un 50%". La vivienda es más difícil, y todo, señala según los estudios realizados en su departamento, por "la especulación".
"La okupación solo afecta al 0,1% de las viviendas vacías"
Según la experta, "estamos en una escasez irreal de vivienda". La clave es "la vivienda vacía y el desvío de la vivienda de su función social", que se incluye en la Constitución. En cambio, existe ya una clase rentista, añadían desde CGT. "En Andalucía hay 640.000 viviendas vacías, un 14% del total. Estamos a la cabeza en España", continúa Lara. De esas, 50.000 están en Sevilla. Y una cifra dura: "En Andalucía, entre 2017 y 2022 solo se construyeron 100 viviendas de protección oficial".
Ahora, los desahucios han pasado de ejecuciones hipotecarias a provenir de impagos en el alquiler. Las últimas cifras, de 2022, hablan de casi 7.000 desahucios. Y todo, mientras "se magnifica el problema de la okupación. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo afecta al 0,1% de las viviendas vacías".
"No hay precedentes en Sevilla"
Carmen Gutiérrez, de la Asamblea por la Vivienda de Sevilla, lamenta que de todo esto solo se dé como respuesta la judicialización de la okupación en la Macarena, "un movimiento represivo y ejemplarizante, condenados a años de espera y a la pena de banquillo, destrozando su moral individual y la de los movimientos sociales, concretamente de los que nos organizamos contra la especulación y la violencia económica".
Una situación, el proceso contra los activistas de la Macarena, "sin precedentes en Sevilla", pero que se repite "en todo el Estado español". Por eso pide "que la represión no pueda parar la organización y la militancia".
Por todo ello, el próximo lunes 17 de febrero habrá manifestaciones en ciudades andaluzas para reclamar la absolución de los 18 de la Macarena. En Sevilla será en los juzgados de la Buhaira, a las nueve de la mañana.
