Aunque la afectada señalaba a lavozdelsur.es horas antes del desahucio que mantenía cierta esperanza en que el lanzamiento se pudiera parar, finalmente la Policía lo ha ejecutado a las 10 de la mañana. En el lugar se han concentrado unas 80 personas en una de las entradas de la calle Palacios Malaver del Casco Histórico de Sevilla para mostrar su solidaridad con la última vecina que ha perdido el centro de la capital hispalense.
Un amplio dispositivo judicial se ha desplegado desde primera hora de la mañana para ejecutar la sentencia de un juez tras la denuncia del grupo hostelero sevillano que, entre otros negocios, es propietario del restaurante Dúo Tapas, muy conocido en la zona. Mientras algunos vecinos salían para llevar a los niños al colegio, Cristina, la afectada, aparecía en el balcón de su casa por última vez para agradecer el apoyo y desplegar una gran pancarta en la que se podía leer 'Fuera especuladores de nuestros barrios'.
Uno de los administradores de dicha empresa ha reconocido en eldiario.es que compraron el edificio para "invertir y alquilar". Además, ha anunciado acciones legales contra la Asamblea de la Vivienda y la propia Cristina por "una campaña de desprestigio".
Poco antes de las 10 de la mañana han llegado hasta la puerta de la vivienda los obreros encargados de tapiar la puerta, el cerrajero para cambiar la cerradura y uno de los propietarios del edificio. En ese momento, cuando el dispositivo ha comenzado a actuar, el ruido y el apoyo de los asistentes (que no han podido acceder a la calle) también se ha intensificado. "Aguanta, Cristina, aquí están tus vecinas".
Finalmente, la vecina de este bloque ha dicho adiós a su casa a las 10:45 de la mañana tras la entrada de la Policía en el edificio. El desalojo, eso sí, se ha producido sin incidentes. Instantes después, los trabajadores que habían acudido a la puerta han comenzado a tapiar la entrada de la vivienda. La afectada lleva días sacando sus pertenencias para evitar perderlas.
Cristina ha vivido en este edificio con su hija (que actualmente tiene 16 años) durante los últimos doce. Gran parte de ellos sin ningún tipo de problema con los anteriores propietarios. Sin embargo, todo comenzó a cambiar en 2019, año en el que es despedida de una empresa pública de la Junta de Andalucía que estaba gestionada por una empresa privada. Llevaba 14 años como empleada.
Las dificultades económicas no hicieron que dejara de pagar su alquiler. Pese a ello, en 2021, el dueño del inmueble le anuncia que va a vender el edificio porque tenía varias propiedades. Fue entonces cuando empezó el calvario para ella. El nuevo propietario, además de los negocios hosteleros, también maneja negocios inmobiliarios. Aunque hubo negociaciones en un principio para buscar alternativas, Cristina dejó claro que no se iba a marchar hasta que no estuviera preparada económicamente.
En 2023 le llegó el primer burofax y desde entonces una batalla judicial que no ha acabado hasta el día de hoy. En diciembre se produjo la primera orden de desahucio, pero la resolución del juez no cumplía los plazos y su abogada pudo ampliar los plazos. En agosto, tras consultar con su letrada, Cristina dejó de pagar el alquiler. Cobraba 480 euros. "No podía más, me he buscado la vida como he podido", señaló a lavozdelsur.es.
