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Andalucía busca empresas que se hagan cargo de 261 menores tutelados en Sevilla por 27 millones de euros

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad licita un contrato para los dos próximos años con 27 lotes distintos

Loles López, consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, en un centro de menores migrantes.
Loles López, consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, en un centro de menores migrantes.
31 de marzo de 2025 a las 12:59h

La Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha licitado recientemente un contrato con 27 lotes para la prestación del servicio de acogimiento residencial dirigido a menores de edad bajo la atención inmediata, guarda o tutela de la administración de la Junta de Andalucía de 261 menores en la provincia de Sevilla, uno de los servicios que más se mira con lupa en la administración autonómica.

En un anuncio publicado el pasado 28 de marzo, la Consejería que dirige Loles López da hasta el 16 de abril a las empresas interesadas para que presenten sus ofertas. En total, la Junta de Andalucía va a destinar 27,069.088,19 euros en un contrato que abarca los próximos dos años en la provincia, aunque sin IVA la cantidad es de 24.608.261,99 €. No obstante, el Gobierno andaluz lo valora en más de 54 millones.

El acogimiento residencial de menores tutelados está basado en diferentes programas como el de Primera Acogida, el de Atención Residencial Básica, el de Atención Residencial en Grave Discapacidad, el de Intervención ante situaciones de Conflicto Psicosocial y el de Intervención en Graves Problemas de Conducta.

De la misma forma, el Gobierno andaluz señala que "el contenido fundamental del servicio de acogimiento residencial consiste en ofrecer el alojamiento, la convivencia, la educación y la protección que toda persona menor precisa para su desarrollo integral por el período necesario hasta que pueda producirse el retorno a su familia si fuera posible, la adopción de una medida de integración familiar (acogimiento familiar o adopción), el retorno a su centro de referencia si fuese el caso o su emancipación a la mayoría de edad, en cuyo caso se le ofrecerá la preparación necesaria para garantizar su plena autonomía".

El contrato exige a las empresas que tengan personal cualificado y que los trabajadores de atención educativa sean suficientes como para garantizar la continuidad del servicio residencial todos los días de la semana durante 24 horas.

Los diferentes lotes hacen referencia a los distintos centros de alojamiento que existen. No obstante, el precio de cada uno de ellos es similar y ronda el millón de euros. Estos centros están situados en Sevilla, pero también en municipios de la provincia como Mairena, Villanueva del Ariscal o Alcalá de Guadaíra.

La muerte en Extremadura

La situación de los empleados que se dedican a trabajar con menores tutelados ha sido una de las cuestiones que se ha puesto en relieve durante el último mes, después de que una educadora muriera de forma violenta en un piso tutelado donde residían tres jóvenes. Todos están actualmente en un internamiento en régimen cerrado tras ser detenidos. 

La trabajadora muerta era natural de Castuera (Badajoz) y tenía 35 años. Los detalles sobre su muerte aún no han trascendido, pero los dos chicos de entre 14 y 15 años y la chica que estaban en dicho piso fueron detenidos. Además, el suceso provocó una ola de reivindicaciones por parte de los trabajadores de sector para que se mejoraran sus condiciones laborales.

La polémica con Inserta

El grupo Por Andalucía anunció en enero que habían presentado una denuncia por, precisamente, la adjudicación del contrato para la gestión de los pisos donde se tutela a menores de edad por considerar que "nos parece corrupción de libro" al sostener que "la Junta de Andalucía, a nuestro criterio, ha amañado los pliegos de licitación".

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Nieto situó como fundamento de su denuncia que la Administración andaluza en el diseño del pliego de prescripciones técnicas del contrato "lo infló de tal manera que ha hecho inviable para otras empresas presentar una oferta y optar a la adjudicación de esos contratos", por cuanto exigió un número de trabajadores para la prestación del servicio de tutela que "excedía en el doble el número de personas que, efectivamente, estaban prestando el servicio en Andalucía".

"Casualmente solo se presentó una empresa, la que resultó adjudicataria", ha afirmado, en referencia a Inserta, la empresa seleccionada tras la licitación.

Respuesta de la Consejera

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado que en la denuncia de Por Andalucía sobre la adjudicación de pisos de tutela de menores, donde se apunta a "amaño" en el pliego de licitación, solo hay "fango" y falsedades" y además "llega tarde" porque ya hay abiertos dos procedimientos sancionadores en trámite, uno en Granada y otro en Málaga.

Por ello, ha pedido a la portavoz de esta formación en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, que "presente las pruebas" y "deje de enfangar" con este tema en el que la Junta, según López, lleva actuando desde el mismo momento en que instó a un particular a interponer la correspondiente denuncia en octubre del año pasado.

"Yo le digo que si tiene pruebas, que las presente y que las estudiamos, pero que si no las tiene, deje de enfangar un tema como este y deje de manchar el nombre de muchos empleados públicos de la Junta de Andalucía y de muchas ONG", ha dicho Loles López en rueda de prensa en Jaén.

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Emilio Cabrera.

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