Cinco años después de la trágica muerte de Ana Buza, la justicia comienza a arrojar luz sobre lo sucedido aquella noche del 7 de septiembre de 2019. Ahora, por primera vez, la Fiscalía y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla han descartado oficialmente la hipótesis de suicidio, proponiendo en su lugar un “delito de homicidio por imprudencia grave”.
Según el auto judicial, la noche de los hechos Ana y Rafael mantenían una discusión mientras viajaban en coche. Rafael, al volante, circulaba a 117 km/h en un tramo limitado a 80 km/h. La conducción temeraria culminó en un brusco giro del vehículo, que chocó contra la barrera de protección. Ana salió despedida, falleciendo en el acto. La Guardia Civil concluyó que el accidente fue provocado por una maniobra evasiva errónea del conductor, quien perdió el control del coche.
Las versiones enfrentadas
Desde 2019, las versiones sobre lo sucedido han sido múltiples y contradictorias. Según Antonio Buza, padre de la víctima, el investigado ofreció hasta cuatro versiones distintas a la Guardia Civil, incluyendo la posibilidad de un despiste o el cruce de un animal. A estas se sumó una quinta versión que el propio Rafael relató a Antonio: que Ana abrió la puerta del coche y cayó accidentalmente.
Sin embargo, los peritos presentados por la familia de Ana defienden una sexta hipótesis: que se trató de un homicidio doloso o incluso asesinato. Ahora, la fiscalía propone una séptima versión: homicidio por imprudencia. “La defensa insiste en el suicidio, nosotros defendemos el homicidio doloso y queremos llegar a un juicio con jurado popular”, afirma Antonio Buza. Para él, el reconocimiento del homicidio imprudente es un paso adelante, aunque insuficiente.
Una instrucción cuestionada
El caso ha estado marcado por lo que la familia considera “negligencias e irregularidades”. Según Buza, el expediente fue archivado apenas 36 horas después de la muerte de Ana, bajo la presunción de suicidio y sin una investigación exhaustiva. Fue gracias a la Audiencia Provincial que se reabrió en noviembre de 2019. Desde entonces, Rafael pasó de ser testigo a investigado en julio de 2020, momento en el que la causa debería haber pasado a un juzgado de Violencia de Género.
No obstante, no fue hasta 2023 cuando dicho juzgado asumió el caso. Este retraso de tres años es, para Antonio Buza, una muestra de las “deficiencias del sistema”. Además, critica que los informes, pruebas y testimonios presentados por la acusación particular no han sido valorados por la fiscalía ni por el juez: “Es una anomalía que no se tenga en cuenta ni una sola prueba de la acusación tras cinco años de lucha”, denuncia.
La resolución actual
El informe de la fiscal María Isabel Novoa y el juez Francisco Manuel Gutiérrez Romero señala que la muerte de Ana no fue compatible con un atropello, como sugirieron algunas teorías, sino con una caída desde el vehículo debido a la velocidad excesiva. Aunque se reconoce la imprudencia de Rafael al volante, la acusación de homicidio doloso ha sido descartada.
Por ahora, ambas partes han anunciado que recurrirán la resolución ante la Audiencia Provincial. Mientras la defensa insiste en la tesis del suicidio, la familia de Ana mantiene su lucha por demostrar que se trató de un acto intencionado. Antonio Buza se mantiene firme en su búsqueda de justicia. “Me siento fuerte para seguir luchando; aún tengo ases bajo la manga”, asegura. Para él, el reconocimiento del homicidio imprudente es solo un punto de partida y confía en que el próximo recurso ante la Audiencia Provincial “sea clave para que se valoren todas las pruebas ignoradas hasta ahora”, concluye.
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