La problemática de agresiones a funcionarios públicos sigue en plena vigencia. Esta semana, un usuario asestó un puñetazo a una funcionaria municipal que prestaba servicio en el centro cívico de Amate, en Sevilla. Todo comenzó cuando se produjo un enfrentamiento entre dos usuarios que esperaban para realizar trámites en las instalaciones. La trabajadora tuvo que mediar entre ellos y finalmente fue ella la que fue agredida. Según ha dado a conocer CSIF, el asunto ha sido trasladado al Ayuntamiento de Sevilla, pero la trabajadora, por miedo a represalias y dificultar aún más su labor diaria en el centro, ha decidido no presentar denuncia en Comisaría. El centro está sin seguridad privada desde el 1 de enero.
Desde el sindicato explican que este caso ejemplifica algo que viene ocurriendo desde hace tiempo en oficinas municipales. Según Rafael Román, portavoz de CSIF en el Ayuntamiento, entre agresiones verbales, amenazas y coacciones, además de citadas agresiones físicas, se están produciendo "entre cuatro y cinco incidentes en cada centro cívico" y otros espacios de atención a la ciudadanía.
El sindicato contempla una batería de necesidades para atajar esta problemática, con causas variadas. La primera es que, en base a medidas de reducción del gasto público, no se cubren las vacantes contempladas en la relación de puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento. Y que, incluso, el Consistorio lleva años aplicando recortes mayores a los exigidos. Además, estos recortes heredados de la pasada década, se unen a los procesos en marcha de estabilización -funcionarización- de las administraciones, en las que a menudo se producen traslados de personal a otros servicios.
Por tanto, en algunas atenciones al público se llega a situaciones de colapso, de horas de tardanza para papeleos, a veces de cuestiones delicadas, como el acceso a ayudas sociales o hasta "anunciar que no se recupera la custodia de un hijo". Una de las reclamaciones del sindicato pasa también por poner en marcha los servicios de cita previa, que o bien no funcionan o bien "solo están para algunas horas", lo que propicia la llegada de usuarios y las temidas colas, que generan malestar y, en casos extremos, enfrentamientos y agresiones con trabajadores municipales.
Además, Román lamenta que los protocolos del Ayuntamiento ante estas agresiones son insuficientes. Según CSIF, tan solo existe el de Servicios Sociales, y que en otras áreas (cultura, por ejemplo), directamente no existe un procedimiento de actuación de la administración. Además, el de Servicios Sociales no incluye que el Ayuntamiento deba personarse en los juzgados y prestar asesoría jurídica al funcionario denunciante ante el agresor. En la práctica, no se toman medidas: "Un funcionario puede denunciar a una persona y horas después volver a su puesto de trabajo y volver a encontrarse con el mismo ciudadano que le agredió".
"Si el trabajador ha sido agredido en dependencias municipales, tiene que ser atendido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, al estar en su puesto y como trabajador público que es, por lo que el Consistorio no debe desentenderse", señalan desde el sindicato. A todo eso se suma que "no se cumplen con los servicios de seguridad". Contratos que no están licitados o directamente que no hay previsión que en las oficinas de atención haya seguridad privada.
En las reclamaciones de los últimos meses "no ha habido respuesta" por parte del actual equipo de gobierno. "Y ya son seis meses desde que llegaron al poder", por lo que han querido realizar esta denuncia en los medios de comunicación.