Después del centro cívico de La Plata, en Sevilla, vecinos hartos por los cortes de luz han ocupado otras instalaciones en Torreblanca. "No somos delincuentes, somos la clase trabajadora: profesores, médicos, albañiles, informáticos, barrenderos... Somos los que movemos el país y pagamos vuestras facturas puntualmente por un servicio que no nos estáis prestando. ¿Quienes son aquí los delincuentes?", compartían en una publicación en redes.
Ahora es también el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, quien se ha dirigido a Endesa para solicitarle que adopte medidas urgentes ante la situación que padecen numerosos barrios de Sevilla afectados por continuos cortes en el suministro y le ha pedido un calendario con los plazos previstos para poner en funcionamiento los nuevos transformadores y para ejecutar las inversiones necesarias para la mejora de la red eléctrica en estos barrios que garantice la prestación de este servicio en condiciones de calidad.
El Defensor andaluz ha calificado la situación de cortes de luz prolongados en estas zonas, en plena ola de calor, como un “problema grave de salud pública y una vulneración del derecho de las personas a acceder y disfrutar de un servicio esencial como es el suministro de energía”. Es por ello que una vez más ha reclamado medidas urgentes y eficaces que pongan fin a estas situaciones.
Maeztu ha vuelto a pedir que “en el más corto plazo posible, se restablezca el suministro de luz en los barrios que están sufriendo interrupciones y cortes prolongados, porque es imposible vivir sin luz” y ha alertado sobre todo de las consecuencias de estos cortes en personas mayores, electrodependientes y en la infancia y adolescencia. “Se trata de un derecho básico, como es el derecho a disponer en los hogares de un suministro eléctrico en condiciones mínimas de seguridad y calidad”, ha insistido.
Además de este llamamiento ante la situación actual, Jesús Maeztu lleva desde hace mucho tiempo denunciando el grave problema social de los cortes de luz prolongados en barriadas de Andalucía, reclamando de todas las Administraciones y de la empresa distribuidora medidas urgentes para garantizar un suministro de calidad a las personas y las familias que habitan en estos barrios y cumplen con sus obligaciones como usuarios de un servicio esencial.
Así, se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Andalucía, las consejerías competentes en materia de energía y vivienda de la Junta de Andalucía, a la Fiscalía, a Endesa como empresa suministradora y a los ayuntamientos afectados pidiento una intervención coordinada para el abordaje de esta compleja situación.
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