El delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha acudido este lunes a declarar en relación con el llamado Caso Tanatorio, la concesión de una licencia a una empresa privada vinculada a un alto cargo del PP en Mairena del Alcor. El Ayuntamiento desechó un proyecto de tanatorio público y posteriormente dio licencia a una propuesta privada.
Sánchez, en calidad de investigado, ha declarado ante el juez en Carmona que instruye el caso. Y ha asegurado, según ha podido saber lavozdelsur.es, que todos los documentos estaban en regla. El delegado de la Junta ha respondido a preguntas del juez y de la Fiscalía pero no de la acusación particular, que ejerce el PSOE.
Así, el dirigente popular ha basado su defensa en que no hubo reparo por parte de los funcionarios habilitados, que no hubo informes desfavorables y que, por tanto, actuó en la legalidad.
Por su parte, mañana declarará el alcalde de la localidad y sucesos de Sánchez, Juan Manuel López. No será hasta la semana próxima cuando lo haga el miembro de la ejecutiva regional del PP, Francisco Rodríguez Roa, hoy consejero del PP en RTVA y relacionado con la empresa Previpaz SL del citado tanatorio privado.
El resumen del caso es el siguiente. El Ayuntamiento liderado por Sánchez aprobó en 2016 una propuesta para levantar un tanatorio público, pero nunca llegó a avanzar decididamente a su construcción. En paralelo, enajenó dos parcelas municipales pero la subasta quedó desierta. Por enajenación directa, acabó en un miembro de la lista de Ciudadanos de la vecina El Viso del Alcor, que acabaría en la lista del PP en 2023. Éste vendió la parcela a la empresa de Rodríguez Roa, que acabó con la licencia para promover un tanatorio privado con crematorio.
La Guardia Civil, en un informe, tiene dudas sobre la legalidad del proceso y sobre si pudo existir connivencia política para malversar.
