"Un problema de salud pública", así ha definido Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, la problemática del Virus del Nilo que sufre más de una decena de municipios en la provincia. Una situación que ha llevado a la institución a desplegar un millón de euros en una actuación contra los mosquitos que transmiten esta enfermedad, principalmente en los municipios cercanos al río Guadalquivir.
Aunque pueda parecer un asunto menor, no lo es. Ya son dos los fallecidos por el virus tras picaduras de los mosquitos. Sin embargo, pese a la gravedad del asunto, Diputación denuncia haber encontrado un escollo en la Junta de Andalucía por la falta de colaboración para tomar medidas. La institución provincial ha puesto a trabajar a dos empresas para fumigar estos insectos, pero para ello ha necesitado la autorización de todos los municipios afectados a través de la declaración de emergencia. Unos trámites que se podrían haber simplificado si dicha declaración hubiera partido de la Junta. "Sin esta habilitación tendríamos que haber sacado los contratos a licitación y se hubieran alargado los plazos", ha explicado este miércoles Fernández.
El propio Javier Fernández se reunió el pasado lunes con los alcaldes de los municipios afectados para transmitir tranquilidad y paciencia y explicar las acciones acometidas. La respuesta de la Consejería de Salud llegó a través de un comunicado donde calificó la versión de Diputación como "incierta" y acusó a la institución de "llegar cuatro años tarde" a la lucha contra el Virus del Nilo. "La Diputación de Sevilla ha aceptado emprender medidas después de la que la Consejería de Salud y Consumo le facilitara un protocolo de actuación y revisara el pliego de condiciones para contratar dichos servicios con carácter urgente", aseguró Salud.
El presidente de la Diputación ha querido responder en rueda de prensa a la dura crítica procedente del Gobierno andaluz, aunque también ha dejado claro que "con los equipos técnicos no tenemos problemas". Sí que lo ha habido con el equipo político. Un equipo que, precisamente, ha cambiado esta semana con la salida de Catalina García del departamento.
El pleno de Diputación aprobó hace una semana emprender acciones legales contra la Junta de Andalucía al considerar que hacer frente a esta crisis era una competencia de carácter autonómico por ser un problema de salud pública. "Afecta a decenas de municipios de dos provincias y llevamos dos muertes. No puede ser más evidente que se trata de un problema de salud pública", ha asegurado Fernández, quien ha criticado que Salud no habilitara la emergencia para poder actuar en 24 horas.
Una situación judicializada
Tras la luz verde en el pleno, los servicios jurídicos ya trabajan para acudir a los tribunales y exigir las responsabilidades a la Junta de Andalucía. De momento sólo hay un antecedente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón al Gobierno andaluz por la situación en Coria del Río. No obstante, a diferencia de lo que reivindica la Diputación ahora, sólo afectaba a un municipio.
Fernández ha asegurado que la Diputación irá "hasta las últimas consecuencias". Esto significa que recurrirá las decisiones de los tribunales que sean desfavorables hasta que sean declaradas como firmes. Una vez ocurra eso, el presidente de la institución ha asegurado que respetará la sentencia. "Queremos defender el municipalismo y estamos de lado de los alcaldes", ha dicho. Esta camino judicial, en cualquier caso, no afecta a los trabajos que ha comenzado la Diputación a través de las dos empresas mencionadas.
El objetivo de la Diputación es que la Junta compense económicamente las actuaciones que se están llevando a cabo en todos los municipios al entender que tendría que haber sido la propia Consejería de Salud la que sufragara estos gastos. Aun así, Diputación descarta una denuncia inminente, por lo que habrá que esperar a después del verano.
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