Han transcurrido casi seis años desde que las 91 familias residentes en las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía en Écija comenzaron a vivir una situación de inseguridad y desasosiego. A lo largo de este tiempo, la Junta de Andalucía ha sido acusada de una falta de compromiso y de acción ante un problema que afecta a los inquilinos, quienes se encuentran atrapados entre los intereses de un fondo buitre y el desinterés de las autoridades locales y autonómicas.
En julio de 2020, el proceso judicial que afecta a estas viviendas culminó con la venta de las mismas a la empresa Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido S.L., un fondo buitre que adquirió las viviendas tras un proceso de subasta pública. Desde ese momento, los nuevos propietarios han dejado en claro su intención de rentabilizar el inmueble, con un enfoque exclusivamente comercial, y no han mostrado interés en gestionar las viviendas para beneficio de las familias que allí residen. Los inquilinos llevan contratos de alquiler social desde el año 2000, pero el cambio de propiedad les ha sumido en una creciente incertidumbre.
A pesar de las numerosas peticiones realizadas por el Ayuntamiento de Écija a la Junta de Andalucía, solicitando la intervención de la administración autonómica en defensa de las familias y el ejercicio del derecho de tanteo, la respuesta fue nula. En octubre de 2019, la delegada territorial de la Junta, Susana Cayuelas, reconoció la importancia de proteger a los inquilinos, pero no actuó en consecuencia, permitiendo que la venta se consumara sin más acciones que meras declaraciones de interés.
Pese a las recomendaciones y de la situación de vulnerabilidad de los residentes, la Junta de Andalucía no hizo uso del derecho de tanteo para impedir la venta, dejando a las familias sin respaldo alguno. La secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, también se refirió al tema en una visita a Écija, asegurando que la Junta velaría por los inquilinos, pero en la práctica, las acciones de la administración autonómica han sido prácticamente inexistentes.
La situación empeoró cuando, tras la compraventa de las viviendas, la empresa que adquirió los inmuebles no cumplió con sus responsabilidades fiscales, lo que llevó al levantamiento de diligencias de embargo por impago de impuestos municipales como el IBI y otros tributos. Los vecinos fueron notificados de este embargo, lo que incrementó aún más la incertidumbre y el desasosiego entre ellos, que temen por el futuro de su vivienda y su estabilidad.
El Ayuntamiento de Écija, gobernado por el Partido Popular, también ha sido señalado por su falta de acción en defensa de los inquilinos. En febrero de 2023, tras una movilización vecinal, los residentes intentaron plantear sus quejas a la alcaldesa, Silvia Heredia, quien evitó recibirlos y no ofreció ninguna solución ni intervención ante la empresa. Tampoco facilitó que los afectados pudieran ser recibidos por la Junta de Andalucía, lo que aumenta el malestar entre los vecinos.
El Partido Popular en la Junta de Andalucía ha sido acusado de complicidad con la empresa que adquirió las viviendas. A pesar de que la administración autonómica contaba con el derecho de tanteo, nunca lo ejerció ni cedió este derecho al Ayuntamiento de Écija, que sí había trabajado en otros casos para recuperar viviendas sociales. En este contexto, la descoordinación entre las administraciones y la falta de voluntad política para resolver la situación se ha convertido en un tema central en el debate local.
Desde 2015 hasta 2023, el gobierno socialista del Ayuntamiento de Écija logró recuperar 342 viviendas sociales de diversas empresas, lo que demuestra la capacidad de la administración local para intervenir en situaciones similares. Sin embargo, en el caso de las 91 viviendas de la calle Estatuto de Autonomía, la Junta de Andalucía no mostró la misma disposición, dejando que las familias quedaran bajo el control de un fondo buitre.
La inquietud entre los vecinos crece cada día, ya que la situación parece estancada y no hay certezas sobre el futuro de las viviendas. Los residentes siguen esperando una resolución judicial que podría retrotraer el proceso de compraventa y devolver las viviendas al ámbito público, pero el resultado es incierto. La falta de una respuesta clara por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija está alimentando el malestar y la sensación de desamparo de las 91 familias afectadas.
La situación en Écija es un ejemplo de lo que los críticos consideran una política de vivienda que favorece la especulación y desatiende a los sectores más vulnerables. Para los vecinos de la calle Estatuto de Autonomía, el abandono de las administraciones ha sido claro, y su lucha por recuperar el control sobre sus viviendas sigue sin encontrar una respuesta efectiva.
Las autoridades locales y autonómicas se enfrentan ahora a la presión pública para abordar un conflicto que pone en evidencia las carencias en la gestión de la vivienda pública en Andalucía. Mientras tanto, las 91 familias de Écija continúan viviendo con la incertidumbre de no saber qué sucederá con su futuro en los próximos años, cuando el régimen de protección de las viviendas termine en 2030.