Desde el año 2009, la mina Cobre Las Cruces (CLC), situada en la provincia de Sevilla, vierte aguas residuales al río Guadalquivir. La empresa, propiedad de First Quantum, inició estos vertidos coincidiendo con la puesta en marcha de su planta hidrometalúrgica, y en este tiempo ha introducido en el estuario metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, cobre, cinc, níquel y mercurio, todos ellos bioacumulables y de elevada toxicidad.
Según datos de Ecologistas en Acción, las tuberías de la mina vertieron en sus primeros diez años al estuario del Guadalquivir, a la altura de La Algaba, cerca de 4.800 kilos de zinc, 1.800 de arsénico, plomo y cobre, 1.200 de níquel y 120 de mercurio.
Ahora, municipios y asociaciones se han unido como no lo habían hecho nucna ante nuevos vertidos previstos, que se unirían a los procedentes de Aznalcóllar, con la reapertura de la mina del desastre ecológico, ahora con Minera Los Frailes.
La tubería de Cobre Las Cruces ha estado durante años con los vertidos y lo que se pretende hacer es una segunda tubería que vendría a desembocar también muy cerca. La actual de CLC está en La Algaba, muy cerca del puente de La Borbolla. La otra, en Santiponce, municipio limítrofe con Sevilla, que de hecho realizará los vertidos a unos metros del término de la capital.
La de CLC es una tubería que transcurre casi siempre en el subsuelo, con casetas cercanas que realizan un control hacia debajo de la tierra. Solo en algunas ocasiones, cuando el caudal va muy bajo, se ha podido ver estos años los vertidos a borbotones. En la imagen, puede verse una de esas ocasiones.
Ecologistas, pescadores, agricultores y varios ayuntamientos de Sevilla y Cádiz se han unido para exigir a la Junta de Andalucía la revisión inmediata de estas licencias. Todos ellos firmaron una carta dirigida al presidente autonómico, Juanma Moreno, solicitando una moratoria y la creación de un comité científico independiente.
Jesús Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, ha señalado que los sedimentos del estuario, desde La Algaba hasta Coria del Río, ya se encuentran severamente contaminados. Según sus estudios, el 31% de las muestras de músculo de albur analizadas superaban los límites legales de plomo para consumo humano, y los niveles de arsénico y cromo también eran alarmantes.
La unión de diversos actores
Entre otros, FACUA Andalucía, que también se ha sumado a las protestas, ha pedido una moratoria de los vertidos y la aplicación del principio de precaución. La organización recuerda que el consumo de albures es habitual en municipios próximos al punto de vertido y advierte del riesgo, aunque bajo, de toxicidad para el ser humano. También critican la falta de coordinación entre las consejerías de Medio Ambiente y Salud de la Junta, y exigen transparencia en la gestión del riesgo alimentario.
Desde el sector pesquero, Nicolás Fernández, de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, alerta del daño potencial al marisqueo y la pesca en el Golfo de Cádiz. En su opinión, no se puede justificar esta amenaza con el argumento de la autonomía estratégica de materias primas, impulsada por la Unión Europea tras la guerra de Ucrania. “No podemos sacrificar nuestra tierra”, advirtió.
El sector agrícola también se muestra preocupado. Miguel Pérez, secretario provincial de COAG en Cádiz, ha pedido la paralización de los vertidos, alertando de que la imagen de los productos andaluces podría verse afectada en los mercados internacionales. “Nuestros alimentos deben ser sinónimo de salud y sostenibilidad”, subrayó.
Por último, desde el ámbito turístico y patrimonial, asociaciones de Chipiona, como Acitur y los Mariscadores de Corrales, reclaman que se detenga este proceso para no poner en peligro el entorno natural ni el tejido económico local. “No puede haber alfombra roja al vertido”, advierten. Mientras tanto, la Junta de Andalucía insiste en que los proyectos cuentan con las autorizaciones ambientales requeridas y cumplen la normativa vigente
