La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla una organización criminal dedicada a la trata de personas y a la explotación laboral de jornaleros agrícolas. La red, de nacionalidad rumana, operaba mediante un clan familiar que reclutaba a las víctimas en Rumanía para luego explotarlas en diversas fincas de la provincia sevillana. En total, han sido detenidas once personas, dos de las cuales han ingresado en prisión provisional.
Según la información proporcionada por la Policía Nacional, el modus operandi del grupo consistía en prometer a las víctimas trabajos en explotaciones agrícolas en España con la oferta de condiciones laborales favorables, incluyendo alojamiento gratuito. Sin embargo, una vez que los jornaleros llegaban al país, se les obligaba a trabajar en jornadas de 12 horas diarias, de lunes a domingo, a cambio de un salario de 70 euros semanales, muy por debajo de lo que correspondería por ese tipo de trabajos.
Los temporeros eran alojados en condiciones precarias, en un inmueble que la Policía describe como "insalubre", donde convivían hacinados, algunos de ellos con hijos menores de edad. Las víctimas vivían rodeadas de inmundicia y dormían sobre colchones en el suelo, sin acceso a condiciones mínimas de higiene y salubridad.
El operativo policial permitió liberar a dos de las víctimas que formaban parte de esta red de explotación. La investigación, que comenzó en enero, reveló que la organización estaba dirigida por un clan familiar asentado en Sevilla. Este grupo se había especializado en la explotación laboral de compatriotas rumanos, captándolos mediante falsas promesas de empleo en condiciones favorables.
Colaboración de Rumanía
La denuncia inicial provino de las autoridades rumanas, que informaron a la Embajada de España en Bucarest sobre la situación de un ciudadano rumano retenido contra su voluntad en un municipio sevillano. Gracias a esta alerta, los agentes lograron localizar al hombre en un inmueble de Villanueva del Río y Minas, donde residían otros temporeros de la misma nacionalidad, lo que permitió desmantelar la red.
La Policía Nacional continuó con las pesquisas, identificando a los responsables del entramado, entre los que se encontraban dos de los cabecillas de la organización. Uno de ellos, además, tenía una orden de búsqueda en su contra por un caso de abuso y agresión sexual a menores en Rumanía.
Las autoridades españolas han destacado la colaboración internacional en esta operación, que ha sido fundamental para el éxito de la investigación. La Embajada de España en Bucarest desempeñó un papel clave al alertar a las autoridades españolas sobre la presencia de personas en situación de esclavitud laboral en el territorio sevillano.