La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 77 años de cárcel para 18 activistas por el derecho a la vivienda que en febrero de 2018 okuparon unas viviendas de nueva construcción en la calle Macarena. El lugar era la sede anteriormente del centro "ocupado y autogestionado" Casas Viejas. La Fiscalía les acusa de un delito continuado de usurpación violenta intentada, un supuesto delito de daños, de atentado a agente de la autoridad, de lesiones, de desórdenes públicos por partida doble y de maltrato de obra. La petición supone, de media, cuatro años de prisión para cada uno.
La Fiscalía señala en el su escrito al juzgado que los seis primeros acusados, "aprovechando que el aparejador de la obra abrió el portal de acceso a la vivienda casi finalizada ubicada en la calle Macarena 42, a punto de ser entregada a sus propietarios, le propinaron un violento empujón entrando a continuación en el edificio con intención de ocupar las distintas viviendas, causando numerosos desperfectos en el intento de violentar las puertas de acceso".
"Minutos después, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que era uno de los propietarios de la vivienda entró en el edificio y subió hasta su terraza, identificándose como policía, lo que motivo que los inculpados comenzaran a golpearle", según la Fiscalía.
Después, señala la Fiscalía, "hizo acto de presencia una dotación policial compuesta por varios agentes, quienes pese a identificarse como tales fueron violentamente golpeados por los inculpados referidos y ya en el exterior del edificio y también" por otros once inculpado, un menor de edad y "otros individuos no identificados".
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha mostrado su disconformidad con la petición de cárcel. APDH-A defiende que los activistas protagonizaban "una acción para mostrar su solidaridad con las personas sin hogar de la ciudad, demandando una solución habitacional" para ellas.
APDH-A considera así que "las desmesuradas penas de prisión que se están solicitando demuestran que el principal objetivo de este proceso judicial es la criminalización de la legítima protesta social" y hace hincapié en que "ninguna de las personas que van a ser juzgadas ejerció ningún tipo de violencia ni ocasionó daños a ningún bien o propiedad, pública o privada".
"Un desmesurado operativo policial intervino en las inmediaciones del lugar, donde agentes de la Policía Nacional detuvieron en plena calle hasta a seis personas, quienes pasarían 55 días en prisión provisional, mientras que identificaban a otras 12. Al conjunto que conforman esas 18 personas se les pide un total de 77 años de prisión, en penas que van desde 3 años y seis meses hasta 5 años y medio de prisión", afirma la platafora.
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