El intento de la Audiencia de Sevilla de desobedecer al Tribunal Constitucional sobre la rebaja de penas del caso ERE ha provocado rechazo en la Fiscalía Anticorrupción. En un escrito, el Ministerio Fiscal se posiciona contra el intento de los jueces sevillanos de acudir a la Justicia europea.
El Constitucional está por encima del Tribunal Supremo. Y aunque oficialmente no pertenece al orden jurisdiccional porque la Constitución trata al TC como un órgano diferente al Poder Judicial, en la práctica sirve como último recurso.
Los condenados por el caso ERE se han visto beneficiados al desmontarse parte de la premisa por la que fueron condenados. Como se recordará, es la siguiente. Para los juzgadores sevillanos iniciales de este caso, el mero hecho de aprobar partidas en el Consejo de Gobierno de la Junta y en el Parlamento les hacía responsable de que los fondos de reptiles se emplearan para fines fraudulentos. Es una visión extrema de la culpa in vigilando, vino a decir el Constitucional en este 2024. Esto propició salidas de prisión o que esta nunca de produjera, dependiendo de cada caso.
Pues bien, ahora los juzgados sevillanos quieren que sea la Justicia europea la que revise esa anulación parcial de las condenas. Y la Fiscalía Anticorrupción está tirando de las orejas al tribunal sevillano por ello.
Así, para el Ministerio Público, el TC "no se ha extralimitado al anular una resolución judicial". Porque la Audiencia había actuado contra el principio de legalidad -de forma resumida, cumplir con lo que prevé la ley- en este caso.
"No se produjo afectación a los intereses financieros de la Unión Europea"
La Fiscalía le llega a decir a la Audiencia de Sevilla que no hay ninguna necesidad de acudir a los tribunales europeos, porque lo que le dice el Constitucional que debe hacer queda bastante claro. La controversia "puede ser resuelta con arreglo a las normas del derecho interno sin apreciar incompatibilidad con la normativa comunitaria".
Si para algo está el Constitucional, es para esto, revisar recursos: "Consideraciones de las que -sin dificultad- se infiere que el Tribunal Constitucional se encuentra perfectamente facultado para controlar si la interpretación y aplicación de las leyes por los órganos jurisdiccionales se adecua a las exigencias del principio de legalidad penal".
Y, por supuesto, le tumba cualquier intento de hacer pasar este asunto como europeo: "No se produjo afectación a los intereses financieros de la Unión Europea".
Eso sí, según revela EFE, parte de los fiscales en Sevilla sí compran la tesis de que el asunto se puede elevar a Europa. Pero habría sido por instrucción de la Fiscalía del Supremo esta postura la que se ha impuesto para enviar un escrito a la Audiencia de Sevilla. Sin olvidar que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está actualmente imputado y que el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, pertenece a la cuota progresista del Constitucional.
Por eso, en una especie de intento por dejar pistas internas sobre ese postulado dictado desde Madrid, los fiscales sevillanos inciden en que están elevando el escrito "siguiendo las instrucciones recibidas".