Más de 2.500 cuerpos aún sin identificar desde la Guerra Civil se esconden en un rincón del cementerio de Sevilla. La mayor de las fosas comunes del camposanto de San Fernando, la fosa Monumento. Es la siguiente a tachar en la lista tras Pico Reja, un trabajo de muchos años que se cerró con 1.800 cuerpos.
La Guerra Civil en Sevilla, como en buena parte de Andalucía, más que guerra fue matanza, porque muchos territorios cayeron casi automáticamente en 1936 tras iniciarse el golpe de Estado. El responsable fue Queipo de Llano, quien hablaba de "dar café" cuando se refería a los fusilamientos y asesinatos cometidos en aquel periodo. No encontró aquí respuesta coordinada, no dio tiempo a la contestación: la democracia se disolvió de forma abrupta. Dejando millares de represaliados.
Hace un año, en marzo de 2024, las cuatro administraciones implicadas se sentaron en una mesa para abordar el protocolo que daría inicio a las exhumaciones de la fosa Monumento. De un lado, una parte socialista, la del Gobierno central y Diputación de Sevilla; del otro, Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía, por el PP. Hay dos frentes: el de la voluntad política, primero, y el de aportar fondos a las exhumaciones, o lo que es lo mismo, retratar esa voluntad política.
De aquel día salió un compromiso para sacar adelante los trabajos. Oficialmente, hay tres años para ponerlo en marcha. Apenas ha habido pasos, pero este lunes, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, llamaba a completar la tarea. Lo hacía en un acto, la presentación del libro Depuración y represión de los funcionarios y empleados de la Diputación de Sevilla entre 1936 y 1939, escrito por la que fuera archivera de la institución, Carmen Barriga. Acudió el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.
Fernández lanzó un mensaje públicamente: "El Gobierno tiene toda la complicidad de esta Diputación para sacar ese proyecto adelante. Hace un año nos reunimos y dejamos claro que aportaríamos nuestro 25%, incluso incluyendo la identificación de los cuerpos mediante pruebas de ADN. Lo que hace falta es que todas las administraciones estemos a la altura". Los presupuestos de la Diputación contemplan 331.000 euros en memoria democrática.
Era un mensaje a Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía. "Llevamos ya mucho tiempo de dilaciones", lamentaba Martínez en declaraciones recogidas por SER, en un acto posterior en la Universidad de Sevilla. La fosa tiene una complejidad, y es que era la fosa alberga más cuerpos y no es solo de represaliados del franquismo. Unas 7.500 personas en total, de las cuales 2.613 serían víctimas del franquismo.
"Llevamos ya mucho tiempo de dilaciones"
Una de las preocupaciones que circulan es el acuerdo entre PP y Vox. Ya desde su llegada al gobierno local, José Luis Sanz esquilmó las partidas presupuestarias dedicadas a Memoria. Ni siquiera acudió como candidato al acto que cerraba la fosa de Pico Reja. Se lo saltó a pesar de estar en aquel tiempo acudiendo a todo tipo de actos ya como alcaldable.
Vox sostiene la gobernabilidad de Sevilla y los presupuestos. Preguntado por lavozdelsur.es, desde el grupo municipal explican que "no nos vamos a sentar a negociar nada de eso. Tendremos que enterarnos si hay compromisos económicos adquiridos por el Ayuntamiento o no, pero si de nosotros depende desde luego que no cuenten con nosotros".
El Ayuntamiento de Sevilla ha explicado que "el presente protocolo no establece compromiso económico ni jurídicos concretos ni exigibles, por lo que no conlleva gasto alguno para las partes". La postura es de cierta reticencia del gobierno local de José Luis Sanz. Por un lado, dicen que la memoria democrática es "una competencia impropia de los ayuntamientos"; por otro, que "cuando haya un compromiso en firme de las administraciones competentes, el Ayuntamiento de Sevilla participará de manera activa mediante una modificación presupuestaria". Llegará sin Vox y parece que, en este caso, no habría problema para que se realizase un acuerdo de modificación puntual con las formaciones de izquierdas en el pleno.
La Junta, asimismo, ha defendido, en declaraciones también a EFE, que el Gobierno andaluz sigue adelante con el protocolo. La Consejería de Cultura y Deporte asegura que ha mandado al Gobierno central y al resto de administraciones una reforma del citado acuerdo de hace un año. En el trasfondo, que la Junta ha costeado siempre los trabajos de identificación genética. De hecho, Cultura explica que fue por su propia iniciativa que en el protocolo de hace un año se incorporó a la firma del acuerdo no solo la financiación de las exhumaciones sino el trabajo posterior de identificaciones. La Junta dice que solamente está "a la espera de que el Ministerio convoque una reunión para la firma".
Por tanto, tras el impulso público de Diputación que habla de un compromiso del 25% de los costes, con el Gobierno central y la Junta alineados, y el Ayuntamiento con la posibilidad de pactar fondos para la fosa sin necesitar a Vox, en teoría el asunto está por avanzar próximamente.
"Debe repetirse el modelo de Pico Reja"
La activista por la memoria Paqui Maqueda, de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla, subraya la importancia de iniciar los trabajos en la fosa Monumento. "Queremos que el Ayuntamiento se implique como lo hizo la anterior corporación, entendemos que no tiene afectar el color político, porque esta es una cuestión de Estado".
El modelo a seguir, explica, debe ser "el de Pico Reja, que valoramos positivamente, tanto en el modelo de coordinación entre administraciones públicas como las exhumaciones". Esta ha sido llevada a cabo por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, un equipo de investigadores que "ha realizado 42 informes, y cada vez que los hacen, los cuelgan en internet. Estamos muy contentas en cuanto a transparencia".
Pero repetir este modelo no es fácil. Y el temor son las posibles reticencias municipales. "El Ayuntamiento debe implicarse al 100%, se lo vamos a exigir". Hace unos meses, el Ayuntamiento prometió a los colectivos una reunión para finales de enero que entrados en marzo aún no se ha convocado.
Y esa implicación tiene que ver con una tarea que correspondería al Ayuntamiento, señala Maqueda, "el trabajo concienzudo de coordinarse con los familiares" para cruzar los datos de ADN. Nada sencillo, pero que implica muchas horas de esfuerzo de empleados públicos. "Pico Reja fue un ejemplo, y era muy compleja, pero es que Monumento lo es más al haber probablemente más víctimas, según nos dicen los historiadores". "Es una deuda pendiente con la memoria histórica", enfatiza Maqueda.