Los hermanos López Magdaleno, del grupo cordobés Magtel, han acudido este martes al juicio por los derechos mineros en Aznalcóllar, un proceso en el que se sientan en el banquillo tanto los beneficiarios como funcionarios de la Junta de Andalucía, para determinar si hubo trato de favor en la reapertura.
Mario López Magdaleno ha asegurado que decidió concurrir al concurso para explotar la mina de Aznalcóllar junto al Grupo México -un gigante de la minería a nivel mundial- porque su empresa carecía de la “capacidad técnica ni financiera” necesaria para un proyecto de esa magnitud.
Así lo ha declarado durante su comparecencia como acusado, un proceso en el que se investigan posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude. Magtel no tenía experiencia previa en el ámbito de la explotación minera. No obstante, al conocer la apertura del concurso a través de los medios de comunicación, decidieron presentarse al considerarlo “una oportunidad única de entrar en el sector”.
Ante la falta de recursos técnicos y económicos suficientes, el empresario ha explicado que buscó asociarse con una compañía del sector. Ha comparado esta estrategia con una Unión Temporal de Empresas (UTE), como las que se forman habitualmente para proyectos de infraestructuras públicas.
"No me vine abajo"
En ese contexto, solicitó un listado de las principales empresas mineras y contactó con varias. Algunas, ha señalado, no respondieron, y otras rehusaron participar debido al precedente del vertido en Aznalcóllar, que obligó a cerrar la explotación años atrás. “Era difícil, pero no me vine abajo”.
Preguntado por su abogado, ha justificado la escasa participación de Magtel en el capital social de México-Minorbis, con un 2,69 %, pese a haber impulsado inicialmente el proceso. Según ha afirmado, el revuelo mediático generado tras la adjudicación impidió modificar las condiciones previamente pactadas.
"Teníamos 90 días para asumir el proyecto, pero saltó a los medios de comunicación haciendo mucho daño a la mina de Aznalcóllar y al grupo Magtel". Ha añadido que varios bancos paralizaron anticipos de facturas mientras se aclaraba la situación, dificultando así la obtención de nuevas condiciones financieras.
A pesar de los obstáculos, el presidente de Magtel sostiene que mantiene su interés por el proyecto “más que nunca”. Ha augurado que, una vez concluido el proceso judicial, “unos se quitarán de en medio y volverán a su sitio”, y ha mostrado su confianza en que podrá participar en la explotación de la mina.
Según sus cálculos, la sociedad adjudicataria ha invertido entre 50 y 60 millones de euros en los últimos diez años, un esfuerzo que, a su juicio, refuerza su compromiso con el proyecto. “Han sido años tirados de trabajo”, ha recalcado.
En su defensa, también ha negado tener “amistad previa” con las personas encargadas de resolver el concurso público. Ha subrayado, además, que su empresa fue sometida a mayores exigencias por tratarse de una compañía andaluza, en comparación con otras foráneas.
Ha matizado que Magtel mantiene contratos con la Junta de Andalucía en el ámbito de las telecomunicaciones por un valor “mínimo”, de entre uno y dos millones de euros anuales, lo que representa apenas el 2 % de su facturación total.
Por su parte, su hermano Isidoro López Magdaleno, vicepresidente de la empresa, ha optado por no realizar una declaración completa. Solo ha respondido a una pregunta de su abogado, en la que ha ratificado íntegramente el testimonio ofrecido por Mario López Magdaleno.
