El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Carmona ha dictado un auto el pasado 2 de abril mediante el cual acuerda prorrogar durante seis meses más la instrucción del conocido como caso Tanatorio, una causa que investiga presuntas irregularidades en licencias urbanísticas y resoluciones administrativas relacionadas con la construcción de un tanatorio privado en Mairena del Alcor (Sevilla). La instrucción queda oficialmente declarada compleja y su plazo se amplía hasta noviembre de 2025.
La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por el Grupo Municipal del PSOE de Mairena del Alcor. En ella se señalan posibles delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, administración desleal y tráfico de influencias. El epicentro del caso se sitúa en la gestión de un proyecto municipal de tanatorio público aprobado en 2015 mediante un decreto de Alcaldía, que fue abandonado tiempo después. El proyecto original supuso una inversión de 21.118,76 euros, pero nunca llegó a ejecutarse.
Posteriormente, se autorizó la construcción de un tanatorio privado que sí obtuvo las licencias pertinentes, y que estaría relacionado con altos cargos del PP. Esta sucesión de decisiones ha suscitado sospechas de un posible trato de favor hacia determinadas empresas privadas, que podrían haberse beneficiado de la actuación de varios cargos públicos y técnicos del Ayuntamiento.
Entre los investigados figuran seis personas: Ricardo Sánchez, exalcalde y actual presidente del PP en Sevilla, además de jefe de la Junta en la provincia; Juan Manuel López Domínguez, alcalde actual; Francisco Jesús Rodríguez Roa, consejero de Canal Sur y vinculado a la empresa PREVIPAZ S.L.; Juan Alfonso Fernández Curado, vinculado a GESIT Trazabilidad de Proyectos S.L.; José Antonio García Cascón Torres, autor de un informe jurídico clave; y José Navarro Gómez, firmante de varias resoluciones técnicas.
El sospechoso cambio de rumbo sobre el tanatorio
Según el auto judicial, los investigados habrían participado de manera determinante en la elaboración de informes, emisión de licencias y aprobación de resoluciones administrativas que posibilitaron el cambio de rumbo del proyecto original hacia su versión privada. La Guardia Civil, que entregó un informe pericial en enero, ha aportado documentación que sustenta la investigación en curso.
La Fiscalía solicitó formalmente la prórroga del caso al considerar que se trata de una causa compleja. En su escrito, el Ministerio Público justificaba esta ampliación en la necesidad de continuar con las diligencias, después de que ya hayan declarado como investigados el exalcalde Ricardo Sánchez, el actual regidor Juan Manuel López y el consejero Francisco Rodríguez Roa. Según el fiscal, “las declaraciones de los investigados no son las únicas diligencias necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos”.
Como parte de esta ampliación, el juez ha citado a declarar entre mayo y junio a siete funcionarios del Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Estas testificales incluyen a personal técnico y jurídico municipal. La finalidad es determinar si los informes técnicos y las licencias urbanísticas emitidas se ajustaron a la normativa vigente o si se actuó con conocimiento de su ilegalidad.
El juez rechaza por ahora las peticiones de sobreseimiento presentadas por las defensas, al considerar que siguen existiendo indicios suficientes de criminalidad. Asimismo, desestima parte de las diligencias solicitadas por la acusación popular, al no considerar que aporten elementos nuevos o relevantes. La decisión del juzgado se alinea con la postura del Ministerio Fiscal, que también ha respaldado la necesidad de avanzar con nuevas testificales.
En el marco de esta causa, la acusación apunta a que el Ayuntamiento habría abandonado el proyecto de tanatorio público para facilitar la construcción de uno privado vinculado a un alto cargo del Partido Popular. El informe de la Guardia Civil y el propio Ministerio Fiscal apuntan a que hubo decisiones administrativas que podrían haber beneficiado indebidamente a ciertas empresas, algunas de ellas relacionadas con familiares de dirigentes locales.
El juzgado aclara que esta instrucción no pretende sustituir el control contencioso-administrativo de legalidad urbanística, sino valorar si la actuación administrativa rebasó sus límites y cayó en arbitrariedad, lo que podría constituir delito. Se trata, en palabras del auto, de aplicar el principio penal de “última ratio” en casos donde el funcionamiento de la Administración pudiera haberse desviado de su marco legal.
Con la prórroga concedida, la investigación judicial se centrará ahora en reunir el material probatorio suficiente para decidir si la causa debe archivarse o avanzar hacia juicio. El calendario de declaraciones testificales ocupará buena parte de los próximos meses, y su resultado será clave para determinar si los hechos investigados revisten carácter penal.
