La Consejería de Justicia ha adjudicado a la empresa ACSA Obras e Infraestructuras SAU el contrato para la adecuación del edificio B del complejo de Palmas Altas en Sevilla. Este inmueble albergará los juzgados de Primera Instancia de la ciudad, cuya mudanza está prevista para el verano. El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses.
El proceso de licitación de estas obras se inició en diciembre y concluyó el 10 de enero con la presentación de ofertas por parte de siete empresas. Finalmente, ACSA resultó adjudicataria con una propuesta económica de 1.702.253,59 euros, incluyendo impuestos. De manera paralela, se ha abierto otra licitación para el servicio de mudanza de los órganos judiciales al nuevo edificio, con un presupuesto de 134.146,26 euros. Este procedimiento se encuentra actualmente en fase de evaluación tras el cierre del plazo de presentación de ofertas el 6 de febrero.
Además de la adecuación del edificio B, en diciembre se adjudicó la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución para la adaptación del resto de los bloques del complejo. La UTE compuesta por Vidal y Asociados Estudio de Arquitectura SLP y Argenia Ingeniería y Arquitectura SL llevará a cabo este trabajo por un importe de 1.405.899 euros. Este contrato incluye también el Estudio de Seguridad y Salud, así como la Dirección Facultativa de las obras, con un plazo de ejecución de 40 meses.
El edificio B será el segundo en entrar en funcionamiento dentro de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Desde finales de 2023, el edificio A acoge a la Jurisdicción Mercantil y Contencioso-Administrativa. En la planificación de este nuevo espacio se han tenido en cuenta mejoras propuestas por los operadores jurídicos, como la ampliación del tamaño de los despachos.
El diseño del nuevo edificio sigue la estructura del modelo de Justicia establecido en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada en enero. Esta normativa prevé la sustitución progresiva de los actuales juzgados unipersonales por tribunales de instancia, con órganos colegiados y estructuras de trabajo más flexibles. También se contempla la reestructuración de las plantillas de funcionarios, que pasarán de estar adscritos a un juzgado concreto a integrarse en servicios comunes.
La adaptación del partido judicial de Sevilla a este nuevo modelo debe completarse antes del 31 de diciembre, como límite máximo, dice la Junta, en línea con el calendario establecido para el resto de las capitales andaluzas. Las reformas en el complejo de Palmas Altas forman parte de este proceso de modernización, que busca una mayor eficiencia en la administración de justicia.