El PSOE de Sevilla ha pedido en el Parlamento de Andalucía la recuperación de 91 viviendas de protección oficial en Écija. Rafael Recio ha solicitado al Gobierno que se retrotraiga el procedimiento al momento en el que se autoriza la transferencia de la titularidad de las viviendas a la empresa que la adquirió en subasta por considerarse nulas de pleno derecho y se reinicie el procedimiento, de modo que la administración autonómica ejerza su derecho de tanteo y retracto para que las citadas viviendas sigan formando parte del parque público de vivienda.
Rafael Recio ha sostenido que en lo que se refiere a la recuperación de 91 Viviendas de Protección oficial sitas en las calles Estatuto de autonomía y La luisiana de la localidad sevillana de Écija, “nos hallamos ante un tema capital para la ciudad astigitana”. Al tiempo que ha recordado como “los socialistas llevamos años insistiéndoles tanto en Écija, como en este parlamento, para solucionar de una vez este problema. Sin embargo, ustedes hacen oídos sordos y esconden la cabeza cual avestruces, mientras condenan a 91 familias a perder su vivienda. Una de las peores situaciones a las que se puede enfrentar, hoy en día, cualquier ser humano”.
Ya en octubre del año 2000, la citada promoción de viviendas obtuvo la calificación definitiva de protección oficial de promoción privada, con sus correspondientes plazas de garaje vinculadas, pertenecientes al régimen especial, uso alquiler, promovido por la Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico (SEDESA). 19 años más tardes, en agosto, se produce una primera adjudicación provisional en subasta de la referida promoción a Inversiones Técnicas ALDAJA, S.L. Desde entonces, ni las múltiples reuniones mantenidas ni los escritos realizados por parte del gobierno municipal socialista solicitando tanto a la Delegación de Fomento y Vivienda como a la Secretaría General de Vivienda, de la Junta de Andalucía que intercediesen en defensa y salvaguarda de las viviendas de promoción pública y de las 91 familias inquilinas, sirvieron de nada.
En ese sentido, Recio ha señalado la tremenda hipocresía de la delegada de Fomento de Sevilla al decir "ante la posibilidad de que, en un futuro, especialmente una vez concluya el régimen legal de protección puedan verse afectadas por procedimientos especulativos que pudieran provocar una alarma social, dadas las características de vulnerabilidad de las familias inquilinas, resulta del interés de esta Administración que dichas viviendas continúen bajo la tutela pública". Mientras que, en octubre de 2019, la Secretaria General de Vivienda, Alicia Martínez, afirmaba "es un tema generado a nivel municipal, pero el interés de la Junta es que las personas que habitan esas viviendas tengan todas las garantías, dentro siempre de lo que permite la ley. La coordinación con el Ayuntamiento está asegurada en este proceso en el que velaremos por estos inquilinos".