El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor ha acordado prorrogar durante seis meses la investigación sobre las extracciones de agua supuestamente ilegales realizadas en la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba y situada en el entorno de Doñana. La decisión busca determinar el posible daño ambiental ocasionado por los pozos no autorizados.
La medida, solicitada por la Fiscalía, extiende la fase de instrucción hasta el próximo 8 de septiembre. El objetivo principal es disponer del informe técnico solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo competente para valorar con precisión el impacto ambiental causado por las extracciones de agua sin autorización administrativa.
En un auto reciente al que ha tenido acceso EFE y contra el que cabe recurso, el juez considera fundamental contar con dicho informe para establecer el alcance del perjuicio, ya sea potencial o consumado, derivado de las prácticas investigadas en esta finca agrícola de Aznalcázar.
A la espera de la Confederación
El juzgado apunta que no se acordarán, por el momento, las nuevas diligencias solicitadas por el Ministerio Público mientras no se reciba el informe de la CHG, al tratarse del organismo “más capacitado y competente” para determinar el daño medioambiental objeto del procedimiento.
Entre las diligencias solicitadas por la Fiscalía se incluye la citación en calidad de investigados de los miembros del Consejo de Administración de Eurotécnica Agraria SA, la sociedad que gestiona los terrenos. Según figura en la web Registradores de España, entre ellos están los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo.
La Fiscalía también ha solicitado que se impute a la propia persona jurídica, Eurotécnica Agraria SA, por su presunta responsabilidad en los hechos, que podrían constituir un delito contra el medio ambiente. El juez recuerda que ya en el requerimiento inicial se pidió a la Confederación información sobre posibles expedientes sancionadores relacionados con la finca.
En el escrito más reciente presentado ante el juzgado, el Ministerio Público expone que se investiga una presunta “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua en una superficie muy amplia, mantenida durante años y con un impacto grave sobre el medio natural.
La fiscal sostiene en ese mismo documento que existen "indicios suficientes" para continuar la instrucción judicial, ante la posibilidad de que los hechos constituyan un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tal y como se recoge en las actuaciones.
Ya declaró un nieto
Dentro de esta causa ha declarado ya como investigado Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la Duquesa de Alba, quien compareció el pasado 20 de febrero ante el juzgado. En su declaración, afirmó haber iniciado el proceso de regularización de los pozos una vez tuvo conocimiento de la denuncia presentada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Esa denuncia de la CHG fue la que motivó la apertura de la investigación judicial, actualmente centrada en determinar si las extracciones se realizaron sin la debida autorización y con conocimiento de los responsables de la explotación agraria.
Las pesquisas se enmarcan en un contexto de creciente preocupación por la sobreexplotación de recursos hídricos en el entorno de Doñana, uno de los espacios naturales más sensibles y protegidos de Europa, que enfrenta una presión creciente por parte de la actividad agrícola.
El auto judicial, que amplía el plazo de instrucción, supone un nuevo avance en una causa que podría implicar responsabilidades penales si se confirma que los pozos fueron explotados durante años sin autorización y en perjuicio del ecosistema.