En pleno auge del mercado inmobiliario sevillano, ha llamado la atención un anuncio inusual: un piso de 48 metros cuadrados en el barrio de Torreblanca se ofrece por apenas 10.000 euros. El precio contrasta de forma notable con la media de la ciudad, que en marzo de 2025 alcanza los 2.556 euros por metro cuadrado.
La evolución del mercado en Sevilla continúa al alza. En comparación con febrero, los precios han subido un 2,5 %, mientras que el incremento respecto a diciembre de 2024 es del 6,1 %. En términos interanuales, el crecimiento se sitúa en el 13,8 %. En este contexto, el anuncio del inmueble por un valor tan reducido ha generado interés, pero también plantea importantes advertencias.
El piso en cuestión se encuentra en una primera planta exterior de un edificio sin ascensor. Cuenta con dos dormitorios, un cuarto de baño y una terraza. Sin embargo, no se encuentra disponible para visitas, ya que está ocupado de forma ilegal.
¿Una oportunidad, como dice el anuncio?
Según el texto del anuncio, se trata de una "oportunidad de inversión" en un "inmueble en situación especial". Se advierte expresamente que la propiedad se vende sin posesión por parte del vendedor, al estar ocupada por terceros sin título legal que legitime su estancia.
En caso de que el vendedor hubiera iniciado una demanda judicial contra la ocupación antes de formalizarse la compraventa, el comprador tendría la posibilidad de subrogarse en el procedimiento. No obstante, no podría exigir ninguna compensación económica al vendedor por esa situación.
Asimismo, si existiera una denuncia penal en curso, se notificaría al juzgado correspondiente la transmisión del inmueble. El vendedor, en ese caso, se desvincularía del proceso como acusación particular, quedando la responsabilidad en manos del nuevo propietario.
La condición de ocupación impide que se puedan realizar visitas técnicas al interior del piso, lo que a su vez impide que se lleve a cabo una tasación oficial conforme a la normativa vigente (Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo). Esta limitación implica que no se puede acceder a financiación hipotecaria para su compra.
Además, tampoco es posible, en estas circunstancias, obtener el certificado de eficiencia energética, un documento obligatorio en muchas transacciones inmobiliarias. Por ello, la adquisición del inmueble exigiría otro tipo de garantías financieras si el comprador necesitara solicitar financiación.
El anuncio recomienda expresamente contar con asesoramiento jurídico antes de tomar una decisión. La situación legal del inmueble, junto con las restricciones derivadas de la ocupación, suponen riesgos y obstáculos que no deben subestimarse.
Aunque se presenta como una "ganga", el bajo precio refleja las complejidades que rodean al inmueble. No se trata de una oferta convencional, sino de una operación que puede requerir tiempo, recursos legales y económicos para regularizar la situación.