La Guardia Civil ha iniciado una investigación contra cinco personas por la transformación ilegal de 400 hectáreas de secano en terrenos de regadío en la provincia de Sevilla. Esta actuación habría provocado un perjuicio ecológico estimado en más de seis millones de euros debido a la extracción anual de más de 829 millones de litros de agua del río Guadalquivir y de pozos sin las correspondientes autorizaciones.
La operación ha sido desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Sevilla en el marco de la segunda fase de la Operación ‘Irrigatio’. Las pesquisas se han centrado en varias explotaciones agrícolas ubicadas en los municipios sevillanos de Villanueva del Río y Minas, Alcolea del Río y Lora del Río.
Los investigadores apuntan a que los terrenos fueron transformados ilícitamente de secano a regadío por un grupo familiar, que habría obtenido unos beneficios anuales que superarían los tres millones de euros. Las actuaciones se enmarcan en la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por usurpación y falsedad documental.
Según el informe del Seprona, los terrenos afectados estaban dedicados principalmente al cultivo de olivos y, en menor medida, de naranjos. Para su riego se utilizaban captaciones ilegales tanto de aguas superficiales como subterráneas, sin contar con las concesiones pertinentes por parte de las autoridades competentes.
Del cauce del Guadalquivir
Entre los métodos empleados para la captación de agua figuraba la extracción directa del cauce del río Guadalquivir, así como el uso de pozos y sondeos no autorizados. Algunas de estas actividades se habrían llevado a cabo incluso en periodos críticos de sequía, agravando así el impacto sobre los recursos hídricos de la zona.
La Guardia Civil ha señalado que alrededor de 270 hectáreas fueron transformadas sin contar con concesión alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La extracción continuada de agua en tales condiciones habría contribuido de forma significativa al deterioro medioambiental de la región.
Las investigaciones han revelado también la compra sistemática de terrenos agrícolas de secano por parte de los implicados, quienes presuntamente buscaban su conversión en regadío mediante métodos fraudulentos. Algunas fincas se adquirieron en zonas próximas a ríos o con derechos legales de captación, con el aparente objetivo de asegurar un mayor acceso al recurso hídrico.