Que 91 familias accedan a un alquiler social de 70, 80 o 90 euros al mes para que dos décadas después un fondo buitre se hiciera con los edificios y reclamara a estos vecinos tres veces el dinero que le costó cada una de estas viviendas podría ser un argumento más que interesante para una novela. Sin embargo, es real y está pasando en Écija. Casi un centenar de familias duerme cada día sin saber si el siguiente estarán en la calle desde que hace una década quebrase la empresa municipal de vivienda.
Fue entre 2020 y 2021 cuando la situación se agrava. La quiebra municipal hizo que las viviendas municipales salieran a subasta. La primera quedó desierta, la segunda provocó que el fondo Desarrollos Urbanísticos La Ría del Rompido, creado tres días antes de la propia subasta según los afectados, se hiciera con los inmuebles pagando 13.000 euros por cada uno de ellos. A todo esto, los vecinos denuncian que no se les dio ningún tipo de oportunidad, por lo que se encontraron con un problema sin tener margen de actuación.
Carmen Ruiz es una de las afectadas. Lleva 25 años en dichas viviendas y actualmente es ama de casa. Vive con su marido y sus dos hijos. "Estamos allí desde el primer momento que nos la adjudicaron. Todo fue normal hasta hace seis años, que llegó el fondo buitre", asegura a lavozdelsur.es. Esta astigitana denuncia que antes de la subasta le tendrían que haber notificado la situación antes de la subasta para que ellos pudieran haberse quedado con las viviendas que habitaban.
"Nosotros nos enteramos porque empezaron a llegarnos cartas del juzgado avisándonos que entraban en subasta", añade. Esto hizo que comenzaran las movilizaciones y acudieran al Ayuntamiento para preguntar. Recibieron la respuesta del alcalde, pero la subasta no tenía marcha atrás.
Los afectados se vieron solos y sin saber lo que hacer. "No sabíamos por dónde meterle mano", reconoce Carmen. El fondo en cuestión les ofreció firmar unas adendas, algo que obligó a los 91 vecinos a buscar un abogado. Esta vecina en cuestión reconoce haber llorado mucho con el tema. "El miedo que llevamos día a día es quedarnos en la calle. No sabemos qué va a pasar".
"Vivo con mis dos niñas y mi nieto. El dinero que nos pide este fondo buitre no tenemos para pagarlo ni yo ni el 80% de los que viven allí". Ella es Milagros Campos, una mujer que trabaja como limpiadora y a la que el fondo le pide alrededor de 45.000 euros si quiere quedarse con el inmueble. "Te levantas cada día pensando ¿será hoy? o ¿qué nos llegará hoy? Porque cada día llegan cartas nuevas y noticias que son todas malas", lamenta esta afectada cuando se le pregunta cómo vive poder quedarse sin casa.
A su lado se encuentra Valle Miranda, junto a su marido trabaja en el campo. "Nos adjudicaron a nosotros la vivienda porque cumplíamos todos los requisitos. Había muchas solicitudes", explica sobre el proceso que tuvo que pasar hace 25 años. "Nos las dieron porque no teníamos medios para irnos a otro lado. ¿Por qué nos las quieren quitar ahora?".
La situación general de la vivienda tampoco le da esperanzas para una alternativa. "No nos pueden decir que nos vamos de allí y nos alojamos en otro lado porque ni siquiera están haciendo vivienda pública. ¿Dónde vamos a ir 91 familias?", pregunta Valle. La angustia aumenta cada jornada, "cada día te enteras de algo", apostilla. De hecho, las tres afectadas coinciden en que en esto seis años sus sensaciones han ido a peor. "Te vas enterando de cosas malas y dices, 'ya qué nos queda, Dios mío'".
Una sentencia clave y la esperanza del Parlamento
Tras el desconcierto inicial, los 91 afectados buscaron un abogado que les ayudara con el caso. Francisco Tejado tomó las riendas desde entonces y el proceso actualmente se encuentra judicializado a la espera de una sentencia que puede cambiar radicalmente la situación de las familias. La defensa asegura que la Junta tuvo opción de igualar la oferta del fondo en la subasta, pero que desechó esta oportunidad.
Por otro lado, Tejado afirma que el mencionado fondo tiene deudas con Hacienda y con el propio Ayuntamiento de Écija. Sólo en el IBI municipal, la defensa cifra en 280.000 euros el dinero que debe la entidad. Por este motivo, el pago que realizan actualmente los vecinos a modo de mensualidad está acabando en las arcas públicas.
Del mismo modo, el abogado asegura que un juzgado mercantil admitió a trámite que la empresa pública de vivienda (Cedesa) entrar en un proceso concursal "que nunca debía habérselo admitido porque la ley vigente en aquel momento establecía clarísimamente que las entidades públicas sometidas al derecho público nunca pueden someterse a concurso". Además, el mismo juzgado no dio audiencia a los vecinos para que pudieran exponer alegaciones y ejercer el derecho de retracto.
Por todo ello, los 91 afectados han pedido a la Justicia la nulidad de todo el proceso. "La Junta se ha puesto de lado del fondo buitre y ha dejado aparcado el derecho de la mayoría social, que son las 91 familias". Si finalmente la sentencia les da la razón, la Junta tendrá la posibilidad de ejercer su derecho de tanteo. En caso de que lo rechace, la oportunidad sería para el Ayuntamiento y, en última instancia, de los vecinos afectados.
Por esto mismo, una delegación de perjudicados ha acudido al Parlamento de Andalucía para registrar junto a Por Andalucía una solicitud para mantener una reunión con alguien del Gobierno de Juana Moreno. "Somos ciudadanos andaluces y queremos que el señor Juanma Moreno nos reciba y nos escuche", finaliza Valle Miranda.