El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado de forma definitiva la nueva Ordenanza Municipal de Actividades y Obras (OROA), en una sesión plenaria celebrada este jueves. La medida ha contado con los votos favorables de PP y Vox, mientras que PSOE y la coalición Con Podemos-IU han manifestado su rechazo. El gobierno municipal sostiene que la ordenanza permitirá una mayor colaboración entre el sector público y privado con el fin de agilizar los procedimientos administrativos vinculados a la concesión de licencias urbanísticas.
Desde la Delegación de Urbanismo se ha defendido que la nueva normativa contribuirá a reducir los tiempos para conceder licencias, lo que representaría un ahorro significativo para la iniciativa privada. Además, se argumenta que esta agilización administrativa liberará a los empleados públicos de una parte considerable de la carga de trabajo relacionada con estos trámites. No obstante, el Ayuntamiento ha subrayado que la Gerencia Municipal de Urbanismo continuará siendo la encargada de conceder las licencias y mantendrá el control sobre todo el proceso.
La ordenanza incorpora como novedad la posibilidad de que colegios profesionales y Entidades Urbanísticas Certificadoras puedan emitir certificaciones de adecuación urbanística. Con ello, se pretende que la totalidad de las aperturas de nuevas actividades comerciales se tramiten mediante una declaración responsable, eliminando así el requisito de contar con una licencia de apertura previa, lo que permitiría la entrada en funcionamiento inmediata de los negocios.
La opinión de los grupos
Desde la oposición, Con Podemos-IU ha expresado su preocupación por esta flexibilización. Consideran que permitir el inicio de obras con una simple declaración responsable incrementa la necesidad de reforzar las tareas de inspección, sin que se haya previsto un aumento de los recursos destinados a la Gerencia de Urbanismo para atender esa demanda adicional.
Asimismo, la coalición ha recordado que el Consejo Económico y Social de Sevilla había señalado objeciones a este punto. Según este organismo, la eficiencia administrativa no debe lograrse a costa de transferir competencias técnicas a entidades externas, ya que ello podría comprometer la imparcialidad necesaria en la elaboración de informes urbanísticos.
Vox, por su parte, ha respaldado la ordenanza al considerar que cualquier intento de reducir la carga burocrática en la Gerencia de Urbanismo es beneficioso para la ciudad. Sin embargo, el grupo municipal ha advertido sobre la necesidad de establecer un periodo de seguimiento para evaluar si la normativa resulta efectiva y si su implementación presenta deficiencias que deban corregirse.
El grupo socialista ha manifestado su desacuerdo con el texto al considerar que la ordenanza puede derivar en una privatización de servicios públicos que deberían estar reservados a los funcionarios municipales. Según su criterio, la posibilidad de que entidades externas asuman funciones técnicas propias del personal de la Gerencia representa una merma en las competencias de los trabajadores públicos.
La nueva normativa también avanza en la consolidación de la Ventanilla Única, lo que supone la unificación de todos los procedimientos administrativos relacionados con actividades y obras. Además, refuerza el uso de la administración electrónica en estos trámites. En cuanto a los informes de adecuación urbanística, se establece que los promotores podrán optar entre tramitarlos por la vía tradicional o bien a través de entidades certificadoras.
Con esta reforma, el Ayuntamiento busca adaptar los procedimientos urbanísticos a un modelo más ágil y moderno, aunque la medida ha generado un amplio debate político sobre el alcance de la participación privada en funciones tradicionalmente desempeñadas por la administración municipal.