El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a la Junta de Andalucía que retire 715 licencias de pisos turísticos que actualmente están inscritos en el registro autonómico. Una medida que se basa en que no estarían, según la información de la que dispone el Ayuntamiento, a incumplimientos en norma urbanística. Entre ellas, por ejemplo, que no se encuentren en planta baja y primera de los bloques.
Colectivos vecinales llevan años exigiendo que se cumpla esto, ya que es tan fácil como hacer una búsqueda en internet, en las principales plataformas de alquiler, para comprobar que muchas de estas viviendas no se ajustan a lo que refleja la normativa. En cualquier caso, si bien se utiliza el decreto de la Junta para la retirada de estas licencias, lo cierto es que Cádiz, también gobernada por el PP, hizo lo mismo incluso antes de que la Junta pusiera en marcha esta regulación.
Esta noticia de la retirada de 715 licencias (dos de cada tres, en los barrios más afectados del centro y Triana) llega cuando aún no se ha alcanzado ningún principio de acuerdo entre gobierno municipal y oposición para aprobar una regulación municipal que frene, al menos en los barrios más colapsados, las nuevas licencias. El último pleno ordinario supuso el rechazo de los grupos a la propuesta municipal de impedir nuevas viviendas en varias zonas del centro y Triana.
Este lunes se ha llevado a cabo la segunda ronda de encuentros para desencallar esta situación. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha mostrado a los partidos un informe jurídico que "avala la inviabilidad de una moratoria, argumento esgrimido por los grupos de la oposición para rechazar la limitación de viviendas turísticas propuesta en el Pleno, además de otras medidas de control, disciplina y reducción implementadas".
La oposición en bloque, y cada uno con sus matices, de Vox a Podemos-IU y el PSOE, esta moratoria, que implicaría no dar ningún nuevo permiso. El informe, al que ha tenido acceso a lavozdelsur.es, sí contempla retirar las licencias a los pisos que no estén en planta baja y primera planta, pero que el Ayuntamiento no tiene competencia para hacerlo, sino la Junta.
Ese informe, firmado por funcionaria de la Gerencia de Urbanismo, sí contempla la limitación que propondría el Ayuntamiento, pero nunca una limitación completa y arbitraria. Es decir, no se podría impedir nuevas licencias si no es con criterios objetivos.
Citando el decreto de la Junta sobre las VUT, se señala que "los ayuntamientos, por razón imperiosa de interés general, podrán establecer limitaciones proporcionadas a dicha razón, en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, áreas o zona. Dichas limitaciones deberán obedecer a criterios claros, inequívocos y objetivos, a los que se haya dado debida publicidad con anterioridad a su publicación". Esto es lo que esgrime el Ayuntamiento de Sevilla para rechazar la moratoria.
Por parte de los socialistas, el concejal Francisco Javier Páez ha señalado que rechazan de nuevo la cifra que puso sobre la mesa el Ayuntamiento para considerar qué es un barrio colapsado por pisos turísticos y qué no lo es. El gobierno municipal puso ese límite en que el 10% del parque de viviendas de un barrio estuviera dedicado a estos fines lucrativos de alquiler de espacio corto.
"Lo decidió una consultora privada contratada por Emvisesa", han denunciado los socialistas. "Depende de su voluntad política rebajar ese porcentaje y que no haya ni una sola vivienda turística más en Sevilla atendiendo, como dice el decreto andaluz, a la razón imperiosa de interés general. Y esa razón imperiosa de interés general es el nivel desorbitado de pisos turísticos al que ha llegado la ciudad".
El citado decreto de la Junta fue aprobado a principios de este 2024, por lo que en época socialista no existía la habilitación para retirar licencias, han indicado en diversas ocasiones los socialistas.
Por su parte, Podemos-IU, que se preguntaba en el pleno ordinario por qué poner el límite en el 10%, ha reducido ahora esa cifra en una propuesta a solo el 1%, y contando en ese porcentaje todo tipo de alojamientos, incluyendo los hoteles. Además, pide aumentar el IBI a los propietarios de estas viviendas y aumentas las inspecciones.
Por el momento, las posturas parecen alejadas y si bien la pelota sobre las 700 viviendas teóricamente incumplidoras está en el tejado de la Junta, es solo una parte de las casi 10.000 que hay registradas en la ciudad.