Los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río han iniciado un proceso para llevar al SAS a los tribunales. Estas personas están afectadas desde hace años por la exposición a químicos, que se encuentran en el subsuelo y cuyas causas no están claras: o las filtraciones de una gasolinera, o pozos negros cegados hace tres décadas procedentes de antiguos talleres, o ambas cuestiones. El asunto está judicializado, mientras los vecinos recopilan casos de enfermedades e incluso la grave sospecha de la enfermedad de al menos de un bebé cuya madre vivió allí cuando estaba embarazada.
El PSOE de Sevilla logró, impulsar la pasada primavera un grupo de trabajo en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, desde el cual se pudiese abordar "con rigor los preocupantes problemas" de contaminación que llevan soportando los vecinos . Dicho grupo de trabajo debía contar con la participación del Ayuntamiento de Coria del Río, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Aljarafesa, Emasesa y las Delegaciones Provinciales de Sostenibilidad, Salud e Industria en Sevilla.
"Lamentablemente", Rogelia Gómez, de la asociación de afectados, aún en diciembre del 24 "todo sigue siendo papel mojado, puesto que dicho grupo de trabajo ni ha sido convocado ni se ha constituido, además de que no contará con la representación de los vecinos y vecinas afectados, ante el manifiesto bloqueo del Partido Popular".
Ahora, los vecinos han enviado requerimientos para que el SAS entregue una documentación clave: los informes del estudio realizado entre los vecinos. "Nos sentimos abandonados y utilizados por la Junta de Andalucía, que además de no conformar el grupo de trabajo al que se comprometió hace diez meses, obstruye la labor de la justicia al no facilitar al juzgado nº 3 de lo Penal de dicha localidad el estudio epidemiológico, requerido hasta en dos ocasiones a la Consejería de Salud, a sabiendas de que la contaminación sigue arrojando los mismos índices que cuando se inició todo el procedimiento en el año 2017".
Para Rogelia Gómez. se trata de una "sorprendente inacción y nula colaboración con la Justicia de la Junta de Andalucía para contribuir a la solución de tan gravísimo problema de salud pública". A principios del mes de diciembre, los vecinos remitieron a la Dirección General de Salud Pública de la Junta un burofax para que aporte el estudio epidemiológico. De no hacerlo, los vecinos amenazan con "acciones legales frente a la Consejería de Salud".
Preguntada por lavozdelsur.es, desde la Consejería explican que a principios de la pasada semana, el lunes 16 de diciembre, se remitió al Juzgado que instruye el caso "vía electrónica y por correo ordinario" dicho estudio epidemiológico. "No nos consta tardanza alguna", señalan.
Para los vecinos, esto resulta más que insuficiente y, además, consultado con su equipo jurídico, no les consta por el momento que el Juzgado haya recibido esa documentación.
Este informe viene a suponer un argumento más en busca de la determinación de la relación causa-efecto de la contaminación y las enfermedades que ha causado. A eso se debe sumar otro informe que aún no les han remitido de la Fiscalía de Medio Ambiente, con la presencia de un equipo especializado procedente de Madrid. "Ya en 2020, un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses certificaba que la contaminación había quedado más que probada", señalan fuentes de los vecinos. Asimismo, en 2021, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social "reconoció la incapacidad permanente a uno de los vecinos de la barriada afectada por la contaminación".
Hay que recordar que el TSJA recogió a finales de 2023 en una sentencia que el Ayuntamiento debía reactivar la declaración de suelos contaminados.
El pasado 28 de agosto de 2024, el informe emitido por el Servicio de Calidad del Suelo "determinaba que las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas y la efectividad que muestran los análisis de efluentes a la entrada y salida del sistema de recuperación, procede la ampliación del proyecto de recuperación de los suelos contaminados, así como la retirada de los depósitos de la gasolinera que fueron clausurados e inertizados, así como de los suelos de alrededor que presenten una alta afección y puedan ser fuente secundaria de contaminación".
Una batalla legal en la que los vecinos apuntan al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía y que se lleva alargando desde 2017.