La ciudad de Sevilla ya tiene presupuesto para el año 2025. Curiosamente, las cuentas del nuevo curso llegan apenas cuatro meses después de que se aprobaran las de 2024, para lo que hizo falta una fórmula imaginativa e inédita en la que el alcalde, José Luis Sanz, se presentó a una moción de confianza ante la falta de acuerdo con el resto de grupos que componen el Ayuntamiento hispalense.
En esta ocasión no ha sido necesario buscar los recovecos de la ley para seguir gobernando en minoría. El PP de Sanz ha encontrado en Vox un aliado. Seguramente el más natural que tienen los populares. Y dicho encuentro se ha producido en un acuerdo sin grandes consecuencias económicas para las cuentas iniciales, pero con un alto significado político e ideológico.
Tal es así, que mientras en el interior del edificio consistorial se debatía el presupuesto, en la Plaza Nueva la izquierda participaba en una concentración de repulsa bajo el lema '¡Nuestros derechos no se tocan!'. Allí ha asistido, entre otros, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida. El ex parlamentario andaluz ha sido tajante. "Sevilla es un ejemplo ilustrado hoy en esa compra de agenda de la extrema derecha".
Pese a ello, la suerte estaba echada. El acuerdo se firmó la pasada semana en un acto con prensa, aunque sin pregunta. Allí, Cristina Peláez y José Luis Sanz escribieron el prólogo de lo que será la historia de Sevilla durante todo el 2025. Un presupuesto que asciende a 1.058 millones de euros y cuyo debate en el consistorio no ha estado exento de polémica.
El gobierno municipal traslada que es un presupuesto de "carácter social", con una cuantía superior al 2,2% respecto al presupuesto de 2023, y un nuevo programa de atención en zonas desfavorecidas dotado con 4,3 millones de euros. Unas palabras que, lejos de convencer, han inflamado aún más a la oposición. De unas partidas de "traca" o un "ejercicio de trilerismo" en boca del PSOE a un "retroceso social sin precedentes con un presupuesto cargado de racismo, intolerancia y pérdida de derechos para las mujeres", según Podemos-IU.
Las modificaciones presupuestarias aceptadas por los populares son de apenas 800.000 euros, una cantidad irrisoria dentro del presupuesto de Sevilla. Sin embargo, los grupos de izquierdas consideran que en el fondo hay "un cheque en blanco" para Vox. Hay que recordar que el gobierno municipal aceptó 16 de 20 enmiendas al grupo de Cristina Peláez.
Vox no ha escondido, ni mucho menos, sus triunfos. "Se acabó el tiempo de dilapidar el dinero de los sevillanos. Menos igualdad de género y más ayudar a las mujeres", ha señalado la portavoz. La formación también ha justificado que se eliminen partidas para cooperación al desarrollo "para fomentar los nacimientos" o que "haya ayudas para mujeres que realmente lo necesitan en detrimento de planes de igualdad de los sindicatos".
Los triunfos de Vox
Entre esos 800.000 euros, la formación ultra ha conseguido retirar 50.000 euros de programas de intervención con migrantes y minorías étnicas dentro de la ciudad para destinarlos a una 'Oficina de ayuda a la mujer embarazada'. Esta medida va acompañada de un nuevo convenio con la asociación Provida, una organización antiaborto que ha participado en rezos frente a clínicas a las que mujeres acuden para la interrupción voluntaria de sus embarazos. Para ello, el gobierno municipal eliminará un plan de igualdad con UGT. Otros 90.000 euros que se iban a destinar a la población migrante, finalmente irán para la atención a mujeres embarazadas específicamente en el Polígono Sur por exigencia de Vox.
Al Festival de Cine y su partida de promoción y publicidad se le retiran 50.000 euros que hasta ahora estaban en manos del ICAS, para que se realice un estudio sobre la creación de un "museo o centro de interpretación del flamenco" por 50.000 euros.
El documento firmado por PP y Vox incluye el cierre del Centro de Alta Tolerancia de la Macarena y la reducción de plazas del Centro de Acogida Municipal de Sevilla. Al mismo tiempo, se construirán dos centros para atender a personas con necesidades diversas aunque estarán limitados a las víctimas de violencia y explotación sexual y a las personas de más de 60 años sin recursos. Además, también existe el compromiso de poner en marcha una oficina 'antiokupación'.
Sin embargo, el acuerdo presentado ante los medios no era lo único que Vox y PP habían pactado para sacar adelante las cuentas. Un anexo incluye pactos de segundo orden como la festividad de San Fernando a cambio del voto para modificar el formato de la Feria, pero también otras de un alto contenido ideológico como el veto a organizaciones pro Palestina a la hora de adjudicar subvenciones de Libre Concurrencia de Cooperación al Desarrollo.
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