Un solar o un inmueble destinado a alojamientos turísticos u oficinas podrá ser reconvertido a residencial si su uso es de vivienda de protección oficial. El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto ley de medidas urgente en materia de vivienda, un plan de choque con el que la Junta de Andalucía quiere flexibilizar y hacer más atractiva para los promotores la construcción de vivienda pública.
El plan persigue la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años. La necesidad actual de inmuebles asequibles asciende en la comunidad más poblada de España a unos 160.000 euros. Entre las medidas, el decreto ley contempla ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido; autorizar mayor edificabilidad de viviendas en parcelas que se destinen a VPO; crear una bolsa de suelo con los ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes; e incluir promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP).
Andalucía aprueba un plan de choque para ampliar la oferta de vivienda protegida
La Junta de Andalucía ha decidido adelantar algunas medidas dentro de su futura Ley de Vivienda mediante un decreto ley que busca aumentar con urgencia la oferta de suelo destinado a vivienda protegida.
Entre las principales iniciativas se encuentra la posibilidad de modificar el uso de solares y edificios actualmente destinados a oficinas o alojamientos turísticos, permitiendo su conversión en viviendas protegidas. Asimismo, se contempla el incremento de la densidad y edificabilidad en parcelas residenciales, con un aumento del 20% en el caso de las destinadas a vivienda libre y del 10% para las de vivienda protegida.
Otra de las medidas clave del decreto es la posibilidad de edificar viviendas protegidas sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística. Para ello, será necesario garantizar un equilibrio entre el uso residencial y los equipamientos, así como la correcta integración de las actuaciones en el entorno urbano. Además, los promotores dispondrán de un plazo de dos años para solicitar las licencias de construcción y de tres años para finalizar las viviendas.
Oferta de suelo destinado a vivienda protegida en cada municipio
El decreto establece que los ayuntamientos tendrán un año para aprobar las medidas en función de la demanda y oferta de suelo destinado a vivienda protegida en cada municipio. Esta decisión busca agilizar los procesos administrativos y garantizar una respuesta rápida a las necesidades habitacionales en la región.
Además, se promueve la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler en parcelas destinadas a equipamientos, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. En este sentido, el decreto permite que aquellas parcelas sin uso específico o calificadas como de interés público y social puedan destinarse a vivienda protegida.
Para facilitar la ejecución de estos proyectos, la Junta de Andalucía incluirá promociones de más de 250 viviendas protegidas en la Unidad Aceleradora de Proyectos. Esta medida permitirá agilizar los trámites administrativos para su desarrollo. Asimismo, el decreto prevé la asignación de suelo residencial destinado a proyectos de más de 500 viviendas, siempre que se contemple una reserva de suelo para vivienda protegida y se implementen medidas de desarrollo urbano sostenible.
Los ayuntamientos deberán informar en un plazo de tres meses sobre la disponibilidad de suelo para VPO
La Junta también ha diseñado un sistema de colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes para la creación de una bolsa de suelo destinada a la construcción de viviendas a precios asequibles. Los ayuntamientos deberán informar en un plazo de tres meses sobre la disponibilidad de suelo reservado para este tipo de promociones. Además, los promotores contarán con un sistema ágil para la selección de adjudicatarios y podrán comenzar la precomercialización en caso de venta, facilitando así el acceso a financiación.
En cuanto a los incentivos económicos, el decreto permite a los promotores acceder a préstamos de los fondos europeos Next Generation para la construcción de viviendas en alquiler asequible. Además, la Junta abrirá nuevas convocatorias de subvenciones, con una próxima prevista para este año, que podrán alcanzar hasta 30.000 euros por vivienda construida. Estas ayudas estarán dirigidas tanto a promotores públicos como privados, y las viviendas deberán destinarse al alquiler a precios limitados durante al menos 20 años.
El Plan Vive en Andalucía, enmarcado en estas políticas, actualizará los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de la vivienda protegida. Se establecerán criterios diferenciados según el tamaño de los municipios y su demanda de vivienda, con el objetivo de garantizar que la diferencia con el precio de la vivienda libre sea, al menos, del 25%. También se ampliarán los límites de ingresos para acceder a vivienda protegida, hasta 5,5 veces el IPREM en régimen general y hasta 7 veces el IPREM en régimen de precio limitado.
Desde 2019, la Junta de Andalucía ha centrado su política de vivienda en el impulso del alquiler asequible. Con el Plan Vive en Andalucía y la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), se ha agilizado la tramitación urbanística, logrando triplicar la promoción de vivienda protegida en la comunidad. Entre 2019 y el tercer trimestre de 2024 se han desarrollado 12.000 viviendas protegidas mediante un programa de subvenciones a promotores públicos y privados.
Con las nuevas medidas, la Consejería de Fomento prevé duplicar el ritmo de construcción de viviendas protegidas, con el objetivo de alcanzar las 20.000 en los próximos cinco años. Además de facilitar el acceso a la vivienda, el plan pretende convertirse en un motor de reactivación económica, movilizando a administraciones públicas, promotores, agentes sociales y entidades financieras para garantizar su éxito.