¿Es la pobreza energética una consecuencia del desamparo del Estado? Podría, siempre que uno no observe el problema desde la perspectiva de las compañías eléctricas o de los encargados de regular su negocio. Según indica la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), más de la décima parte de los ciudadanos —4,4 millones— y de las familias —1,8 millones— “no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada” en un país en el que la pobreza energética causa entre 2.400 y 9.600 muertes prematuras cada año, según un informe de la ACA (Asociación de Ciencias Ambientales).
Se trata del mismo país en el que, según un estudio de la oficina de Podemos en el Parlamento Europeo, las tres principales eléctricas del país —Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa— cortaron la luz en un año (2015) a 653.772 hogares, durante más de un mes en 83.249 casos. Que es el mismo en el que el que el precio de la luz ha subido un 24% en seis años, lo que ha situado la factura global de los hogares por encima de los 13.200 millones mientras el consumo caía un 30%, y en el que el Estado, a la espera de que el pacto PP-PSOE se materialice, sigue careciendo de una norma que proteja a las víctimas de la pobreza energética.
Más de la décima parte de los ciudadanos 'no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada"
La inacción del Gobierno español ante datos de esta envergadura resulta pasmosa: de hecho, tiene pendiente desde 2012 la definición de “consumidor vulnerable”. “Es aquél que cumpla las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen, y se establece la adopción de las medidas oportunas para garantizar una protección adecuada a estos consumidores”, señala el real decreto 13/2012, que admite explícitamente la falta de regulación sobre esa figura: “Transitoriamente, hasta la definición de los consumidores vulnerables, se considerará como tales a aquellos (…) que tienen derecho a acogerse al bono social”.
Este, sin embargo, ha quedado en suspenso tras anular el Supremo su sistema de financiación, lo que ha ahorrado a las compañías eléctricas entre 180 y 200 millones de euros anuales y les ha hecho acreedoras de la devolución de otros 400 por parte del recién inaugurado Ministerio de Energía. Tampoco es que fuera objetivamente “social”, ya que el principal grupo de beneficiarios ha sido históricamente el de las segundas residencias: 706.324 de los 2,5 millones de casas que disfrutaban de rebajas en el recibo en 2010 desaparecieron de la lista cuando, el año pasado, el empadronamiento del beneficiario en ese domicilio comenzó a ser un requisito para el acceso.
Mientras tanto, solo las comunidades autónomas y los ayuntamientos ofrecen una vía para las familias que no pueden hacer frente al recibo de la luz. Básicamente, mediante ayudas económicas de emergencia para esos hogares y a través de convenios con los que la Administración asume los recibos que estos no pueden pagar a las compañías eléctricas.
Aragón, la única comunidad con una normativa específica que contempla multas a las empresas distribuidoras de energía que dejen sin luz a los hogares que hayan pedido la intervención pública para evitarlo, se gastó el año pasado 1.045.129 euros en evitar que Endesa e Iberdrola dejaran sin suministro a 7.318 hogares. Mientras tanto, Catalunya ha visto cómo el Constitucional tumbaba —a instancias de La Moncloa— su ley que prohibía cortar la luz a familias vulnerables, y Extremadura, que ha declarado los 6 kilovatios diarios por persona como un mínimo vital imprescindible, tiene un conflicto abierto por ese motivo con el Gobierno, que se opone a esta medida y plantea llevarla al TC.
El Estado no parece esforzarse por combatir la pobreza energética.Y eso empuja a miles de familias al fraude, a enganchar su instalación a una red de manera clandestina. Según recogen las memorias de la Fiscalía General del Estado, 13.456 personas han sido encausadas en solo cuatro años por defraudación del suministro eléctrico: 2.900 en 2012, 4.170 en 2013, 3.150 en 2014 y 3.226 en 2015.
Un estudio de la ONG Ecodes señala que 4,3 millones de hogares destinan más de la décima parte de sus ingresos a pagar la luz y el gas
“Si años atrás sería claramente anecdótico referirse a una figura tradicionalmente marginal como esta, en los últimos años su reaparición denota cómo la crisis socioeconómica tiene reflejo en el ámbito penal, tan sensible a la sociedad en la que se desarrolla”, señala la memoria de 2014 para referirse al aumento de estas infracciones. Desde que la crisis comenzó a amainar, una media de nueve personas acaban cada día en el juzgado —3.364 por año, 65 por semana— por robar electricidad, por conectar la instalación de sus casas a una red ajena. Todo un síntoma de la gravedad, y la extensión, del problema social que supone la pobreza energética.
La defraudación del fluido eléctrico fue tipificada como delito por el franquismo en 1941, antes de que buena parte de los pueblos del país tuvieran acceso a esa energía. Se mantuvo en el Código Penal de la democracia en 1995, cuando comenzó en España una inflación punitiva que, por la vía —entre otras— de criminalizar la pobreza, ha llevado a España a tener una de las mayores poblaciones reclusas de Europa con una de las tasas de criminalidad más bajas. Veinte años después, en la reforma de 2015, pasó a ser considerado un delito leve, castigado con multas de hasta doce meses, o de tres si el valor de la energía desviada por “medios clandestinos” o alteración de contadores no supera los 400 euros.
Un estudio de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo), ONG que lleva a cabo un plan de eficiencia energética en 14 ciudades españolas, señala que la factura energética del 3% de las familias supera el 20% de sus ingresos, rebasa el 15% en otro 6% y es superior al 10% en otro 15%; es decir, que 4,3 millones de hogares destinan más de la décima parte de sus ingresos a pagar la luz y el gas.
“El número de personas en situación de pobreza energética se ha duplicado en los últimos 8 años, llegando a alcanzar al 15% de la población española”, indica el informe, que añade que “entre las causas de este espectacular aumento encontramos el incremento del precio de la energía, la disminución de los ingresos de las familias por la crisis, el desconocimiento de cómo hacer un consumo eficiente o un parque residencial construido sin criterio de eficiencia energética”. El programa Ni un hogar sin energía de Ecodes ha llegado a 550 hogares, en los que, mediante medidas de eficiencia, cambios en los hábitos de consumo y modificaciones de los contratos –principalmente, pasar del mercado libre al regulado--, la reducción media del consumo ha alcanzado el 35%.
El IVA que grava el suministro de electricidad y de gas en España es del 21%, lo que cuadriplica el del Reino Unido (5%) y duplica al de Italia (10%)
“Lo que nos encontramos son personas desempleadas y con salarios muy bajos, y con niños a su cargo”, explica Cecilia Foronda, directora de Cambio Climático y Energía de Ecodes, que destaca dos perfiles que dan fe de la extensión de la pobreza energética: afecta por igual a nativos e inmigrantes, y, en el caso de Zaragoza, “se da en todos los barrios menos en los más favorecidos de la zona centro”. Es decir, que pocas zonas quedan excluidas del riesgo de exclusión.
La casuística que se encuentran los miembros del programa incluye desde el hogar que dispara su factura al utilizar dos frigoríficos tras quedarse sin congelador, porque nadie les ha explicado que es uno de los electrodomésticos de mayor consumo; familias que, por no poder poner la calefacción, reducen en invierno su espacio habitacional a un cuarto que calientan con una estufa eléctrica; casas difíciles de caldear porque puertas y ventanas no ajustan, y humedades que, con el tiempo, se convierten para los niños en un foco de enfermedades como el asma.
“Nuestra intervención siempre incluye explicaciones sobre hábitos de consumo responsable y medidas de microeficiencia como el uso de bombillas led y temporizadores para ahorrar energía”, explica Foronda, que llama la atención sobre la necesidad de dar ayudas para renovar el parque de electrodomésticos entre los hogares vulnerables. “Está bien dar ayudas para evitar los cortes del suministro, pero el apoyo para renovar los aparatos ineficientes es una medida estructural, que redunda a largo plazo en la reducción de los consumos y de los recibos.
La ONG ha lanzado una batería de ocho propuestas para combatir la pobreza energética entre las que se incluyen “reconocer y definir oficialmente, a nivel nacional, de una vez por todas, la pobreza energética y la figura de consumidor vulnerable”; definir unos requisitos para obtener el bono social, en los que se defina a los colectivos vulnerables y se establezcan los umbrales de renta para acceder a él, y reducir el IVA del 21% que actualmente grava el suministro de electricidad y de gas, que cuadruplica el del Reino Unido (5%) y duplica al de Italia (10%) y que no discrimina, como ocurre en Francia, el consumo (20%) de la potencia (5,5%).
Las propuestas de Ecodes se completan con el aseguramiento del suministro en momentos críticos, la mejora de la eficiencia energética y de la información sobre el consumo en los hogares vulnerables, la coordinación de las administraciones en materia de pobreza energética y, por último, “exigir responsabilidad a las compañías en sus acciones comerciales cuando tratan con consumidores vulnerables para evitar que salgan del mercado regulado, dónde están más protegidos y pueden acceder al bono social”.
“Cuando un comercial llama a tu puerta, normalmente es para intentar que pases del mercado regulado al libre a cambio de un descuento que dura unos meses”, explica Foronda, que alerta de dos de los riesgos que entraña para los hogares vulnerables esa agresiva política de ventas de las compañías: en el mercado libre los periodos de corte son más breves y se pierde el derecho al bono social.
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