El sueño europeo acaba en pesadilla para 60.000 menores migrantes cada año: solo “entre la cuarta parte y un tercio” de los que piden asilo en países comunitarios —95.000 el año pasado— consiguen regularizar su situación, lograr el asilo y obtener los papeles que les permiten integrarse en los países a los que llegan, explica Daniel Senovilla, profesor en la Universidad de Poitiers y director del Observatorio de la Migración de los Menores, que hace unos días participó en las Jornadas sobre Migración y Diversidad de la Fundación Manuel Giménez Abad de las Cortes de Aragón.
El número final de menores migrantes que quedan finamente desamparados en la calle, ya sea en Calais o en Hortaleza, es, no obstante, mayor, ya que la cifra de 95.000 sobre la que se realiza el cálculo corresponde a los que llegan a solicitar asilo tras llegar a Europa. Otros ni siquiera lo hacen.
Mientras la ONU estimaba el año pasado en 2.000 la cifra de menores no acompañados de origen extranjero que se encuentran en España, la Fiscalía General del Estado contabilizó en 2015 la llegada a las costas españolas de 414 —338, de Argelia y Marruecos—, una cifra que prácticamente duplica los 223 del año anterior y que no queda lejos de triplicar los 159 de 2013.
Al cierre del ejercicio, estaban inscritos 3.341 —2.889 niños y 452 niñas— en el Registro de Menores no Acompañados, cuya cifra no ha bajado de 3.261 en los últimos cuatro años. Casi un tercio de ellos (973) están localizados en Andalucía, mientras 759 se encuentran en Melilla; 375, en Catalunya; 321, en el País Vasco; 305, en Madrid, y 198 en Ceuta. Del resto de comunidades, solo la Valenciana, con 105, supera el centenar.
La ONU eleva 30 millones la cifra de menores desarraigados del planeta y sitúa en un millón la de huérfanos como consecuencia de las guerras
“Solo en Europa Occidental hay más de 100.000 niños separados de sus padres”, señala la ONU, que eleva a 30 millones la cifra de menores desarraigados del planeta y sitúa en un millón la de huérfanos como consecuencia de las guerras. Convulsiones bélicas como la que azota Oriente Medio han acelerado su migración —y la de los adultos—, tal y como indican los datos de Naciones Unidas y de Eurostat recogidos por el sociólogo Chabier Gimeno, profesor en la Universidad de Zaragoza y miembro de su Grupo de Estudios sobre la Sociedad del Riesgo: solo entre junio de 2016 y febrero de 2017 llegaron a Europa cruzando el Mediterráneo de sur a norte —mayoritariamente hacia Italia— 229.973 personas de cinco nacionalidades: casi un tercio de ellas (82.899) eran originarias de Siria, mientras otras 41.953 procedían de Afganistán, 39.275 de Nigeria, 28.081 de Irak, 20.765 de Eritrea y 16.280 de Guinea.
Dos años antes, 24.865 menores no acompañados obtenían asilo en Europa. En 2016, solo Italia recibía una cifra mayor: 25.846, mientras el número de concesiones de asilo se quedaba, con 2.377, por debajo del 10% de esa cifra. Llegaron, principalmente, desde Eritrea --3600--, Gambia --3100-- y Nigeria –casi 3000--, el doble que el año anterior, cuando fueron 12.450. Al mismo tiempo, los niños migrantes que cruzaban el mar con sus padres se reducía prácticamente a la mitad desde los 4146 del ejercicio anterior.
No hay un patrón sobre los motivos que llevan a un menor a migrar en solitario. “Cada caso es distinto y tiene que valorarse como tal”, señala Senovilla, que refiere un abanico casuístico en el que se mezclan muchachos cuya propia familia invierte en su viaje, aventureros que buscan una vida mejor o huyen de sociedades tradicionales u otros que se deciden a viajar al norte tras perder a sus padres o por sufrir situaciones de maltrato.
En lo que sí hay mayor homogeneidad es en la existencia de lagunas en las estructuras de acogida de los países comunitarios. “Hace unos años, tras estudiarlos, llegamos a la conclusión de que ninguno de los sistemas europeos se podía considerar como de buenas prácticas en materia de acogida con respecto a los derechos de los menores”, explica Senovilla, que advierte de que “en los últimos años la situación se ha degradado si cabe”.
Las cifras de asilo han aumentado en los últimos años “por efecto de la excepcional acogida que ha desarrollado Alemania”, anota, aunque se muestra escéptico sobre el propósito de enmienda en esta materia que hace unos meses lanzó la UE. “El porcentaje de menores que logra el asilo es ligeramente superior al de los adultos, aunque solo prospera entre un cuarto y un tercio de las solicitudes”, recuerda.
Los países latinos del sur, España –donde las solicitudes de asilo no alcanzaban la veintena anual a principios de esta década-- y Francia principalmente, e Italia en menor medida, son los únicos que no exigen, como paso previo para acceder al sistema de protección a la infancia como menores desamparados, que los migrantes no acompañados pasen por el sistema de asilo. “En el resto de países eso se condiciona a la presentación de una solicitud de asilo. Se considera la protección de los menores no acompañados cuando son solicitantes de asilo”, explica.
La clave para su tratamiento en los sistemas de protección es la determinación de la minoría de edad –normalmente mediante técnicas como el estudio de los huesos de la muñeca-- y de la condición de no acompañados, un trámite que resulta especialmente exigente en Francia, donde la Administración aplica “prácticas muy violentas con las que se pone en duda casi sistemáticamente la credibilidad de lo que se dice, e incluso de los documentos de identidad que pueden presentar” los muchachos.
Uno de cada tres menores logra en Europa superar ese filtro, lo que “equipara su estatuto al de cualquier menor nacional desamparado y le da acceso a acciones de formación profesional, educación y capacitación laboral, además de a la sanidad pública”. Sin embargo, ese manto protector se levanta cuando cumplen los 18 años. “La clave es precisamente la posibilidad de obtención de un permiso de residencia al alcanzar la mayoría de edad”, señala, que es cuando se encuentran en la misma situación que cualquier migrante adulto.
"La clave es precisamente la posibilidad de obtención de un permiso de residencia al alcanzar la mayoría de edad"
Sin embargo, y aunque por lo general los sistemas de acogida tienen en cuenta aspectos como el tiempo de permanencia en él, el rendimiento escolar y la voluntad de integración, su aplicación varía por países. “En España, la posibilidad de obtener un permiso de residencia se da a los nueve meses de permanencia en el dispositivo de protección, aunque en la práctica se suele prolongar ese plazo en algunas comunidades autónomas”, indica. En ocasiones, añade, “para no otorgar tan fácilmente esos permisos”.
La Fundación Raíces comparte ese diagnóstico. Su informe Solo por estar solo --de 2014-- señala cómo “los menores generalmente desconocen las actuaciones y el contenido de las resoluciones que en relación a ellos y sus vidas se dictan por parte de las administraciones públicas, tanto desde su llegada a España, como más tarde, dentro del propio sistema de protección de menores”.
En el 70% de los casos, las pruebas de edad los catalogaron como mayores, lo que conlleva su internamiento en un CIE, aunque “posteriormente, y una vez accedieron a la documentación de su país de origen, estos chicos pudieron probar que eran menores”. “Se constata un claro desprecio de las autoridades españolas a la documentación aportada por los menores”, añade el documento, que destaca cómo “en los casos estudiados en esta investigación, las presunciones de veracidad de los pasaportes no han sido desmontadas por un medio válido en derecho” pese a que “la propia policía científica avaló su autenticidad” en “el 99% de los casos”. Esos mismos documentos no eran cuestionados cuando indicaban que eran mayores de edad.
La Fiscalía recoge cómo 1033 de los 2539 muchachos sometidos a pruebas de edad en 2015 resultaron ser menores, mientras otros 888 fueron catalogados como adultos. Los 615 casos restantes fueron archivados, principalmente por incomparecencia de los chicos a las pruebas médicas, algo que ocurrió en más de la mitad de los casos en Melilla (346 de 635) y en Algeciras (143 de 259), donde también destacan las elevadas tasas de mayores (59% y 57%-) detectados en esas revisiones, solo superadas en Las Palmas (64%) y Almería --63%--.
En Francia, explica Senovilla, el proceso para determinar si un muchacho migrante es administrativamente un menor de edad no acompañado “puede prolongarse durante años” en los que corre el riesgo de sufrir una “situación muy precaria: hay una preocupación por que no haya un fraude al sistema de protección, pero el celo hace que muchos menores queden en situación de vulnerabilidad”. “Los menores de 16 años tienen prácticamente derecho a obtener un permiso de residencia, mientras que la concesión a los de 16 y 17 es completamente discrecional por las autoridades de inmigración –señala--. Normalmente se les otorga un permiso en precario que van renovando para completar alguna formación, pero los estables son difíciles de obtener”.
Esos sistemas generan bolsas de adolescentes en situaciones de irregularidad y precariedad. “Dejarles en una situación de exclusión es dejar una puerta abierta a que evolucionen hacia la delincuencia y la precariedad”, sostiene Senovilla, que se muestra convencido de que “merece la pena invertir en esta gente” y de que “estamos lejos de esa situación de saturación e invasión que nos venden” desde ámbitos extremistas e identitarios. También llama la atención sobre el hecho de que “las deportaciones son extremadamente complicadas de ejecutar en la mayoría de los países”, aunque “otra cosa es que utilicen como amenaza permanente para seguir generando una bolsa de personas en situación muy precaria”.
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