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Letrado, urbanista y activista contra la 'corrupción ambiental'
Hace ya más de 23 años que Javier Farfante (Jerez, 1965) se personó en el Juzgado de Instrucción de Chiclana para denunciar al entonces alcalde socialista de Medina Sidonia, Francisco Carrera, y otros miembros del gobierno local, por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. Farfante, que era ex jefe del servivcio del Área de Medio Ambiente y Urbanismo de ese consistorio de La Janda, hablaba de irregularidades en licencias urbanísticas ilegales en zonas que no eran urbanizables "en contra de informes técnicos y jurídicos municipales".
"El Juzgado de lo Penal archivó la causa, es algo que sucedía mucho en aquella época... los jueces le tenían bastante pánico a meterse en asuntos de ese tipo", explica a lavozdelsur.es sobre el caso, que vivió de forma más personal que otros que lleva de la mano de Ecologistas en Acción. El abogado, que ha llevado otros casos como los de caminos públicos usurpados por propietarios de fincas, está ahora inmerso en una nueva denuncia contra dos altos funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por no actuar en la resolución de expedientes que han hecho un "tremendo perjuicio al medio ambiente y los ecosistemas naturales", según los propios ecologistas.
La demanda, formulada el pasado 27 de noviembre, insta a sanción disciplinaria contra Don A.S.M., quien ostentaba la Secretaría General Técnica, y contra Doña M.M.M., jefa del Departamento de Recursos y Régimen Sancionador, por "haber permitido la prescripción de sanciones y órdenes que obligaban a la reposición a su estado original de diversos espacios y terrenos alterados por vertidos de aguas residuales". Entre ellos, se encuentran cauces públicos del río Guadalquivir y del río Guadalete, estando implicados el Ayuntamiento de Sanlúcar y el Ayuntamiento de Jerez. Durante seis años los expedientes se guardaron en un cajón, evitándose que se ejecutaran las órdenes impuestas y las sanciones, una "grave irresponsabilidad" según los ecologistas, que continúa pese a que la sección Tercera del TSJA dictara una sentencia el 10 de febrero de 2021 donde obligaba a la Viceconsejería de Medio Ambiente a resolver los recursos de alzada. Casi cuatro años después, todo sigue igual.
Hace algo más de tres semanas que se personó contra dos altos funcionarios de la Junta de Andalucía.
El origen procede del año 2016, tras una serie de expedientes que tramita Ecologistas en Acción. Nos personamos en algunos de ellos, en concreto en expedientes que la Delegación Territorial de la Junta en Cádiz tramitaba contra el Ayuntamiento de Jerez y el Ayuntamiento de Sanlúcar por vertidos en varios puntos y en distintos momentos. Esos expedientes terminaron con sus resoluciones de imposición de multas y de las órdenes asesorias de restauración del medio hídrico de lo que habían contaminado, así como de imposición de las medidas correctoras para que no volviera a ocasionarse...
Sí. Tras esas denuncias, los Ayuntamientos de Jerez y Sanlúcar recurren con recursos de alzada que van a Sevilla para que la Viceconsejería lo resuelva en el Departamento de Recursos e Informes. ¿Qué sucede? Que pasan meses. En teoría los recursos de alzada deberían resolverse en tres meses, algo que no hace ninguna administración. En este caso es peor ya que no son meses, sino años.
Nosotros presentamos diversos escritos para que se resolvieran pero no respondieron. El problema reside en que mientras el procedimiento administrativo no sea firme, ya que el recurso de alzada es el acto final de un procedimiento administrativo, no se puede ejecutar. Entonces la Delegación Territorial en Cádiz no podía ejecutar ya la multa, sino sobre todo las medidas para restaurar aquello y que se pudieran medidas correctoras hasta que se resolvieran los recursos de alzada. Sin embargo, nos encontramos con un silencio absoluto.
Ante ese hecho paran cuatro años, vamos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y presentamos un recurso contra la Viceconsejería para que le conderaran a resolver los recursos de alzada. Ganamos ese juicio, el Tribunal Superior les obliga a resolver, pero han pasado seis años desde que fueron impuestas esas sanciones y la propia Viceconsejería a través de esta Secretaría General Técnica y el Departamento de Informes y Recursos resuelve que ha prescito la sanción y que, por tanto, se archiva.
"No tenemos la certeza absoluta, pero parece que esto también está sucediendo en otros sitios"
Al archivarse, no se procede ni cobrar la sanción ni obligar a las medidas correctoras. Además es un problema desde el primer momento, a los seis o siete meses, cuando pidieron el informe para resolver ese recurso de alzada, y volvieron a informar de que se desestimara. Se han llevado años y años sin resolver la problemática. El causante de todo ello es, sin duda alguna, el Departamento de Informes y Recursos y la Secretaría General Técnica.
La gravedad es que llega a nuestro conocimiento que no se trata solo de los nuestros, sino que hay numerosos recursos de alzada que incurren en esta misma situación. Por tanto, echan por tierra el trabajo que hacen sus propios compañeros en las delegaciones territoriales de tramitar, informar y currarse esos expedientes. Todo se viene abajo porque en Sevilla dejan prescribir las sanciones. A raíz de eso, pedimos la apertura de un expediente de responsabilidad disciplinaria por dejación de funciones a quienes han ejercido estos informes. La Consejería nos dijo que iba a investigar pero no nos da más información.
Por un lado, somos conscientes de que en el caso concreto nuestro, ha habido una actuación concreta con las sanciones que se tramitan y resuelven desde Cádiz por vertidos de aguas residuales en los que los ayuntamientos son los responsables. Tenemos información desde hace años, de 2008, 2010 o 2013, con multas repetidas por actuaciones prohibidas, que se repiten con los años. Han pasado diez o quince años y se siguen dando los mismos vertidos. Hay pues un indicio de que todas estas sanciones después en Sevilla prescriben, y ni cobran a los ayuntamientos ni les requieren que adopten las medidas que obliga la ley para evitar estos vertidos con medidas correctoras. No tenemos la certeza absoluta, pero lo que tenemos nos da pie a pensar que en los demás sitios ocurrirá lo que está sucediendo aquí.
No tenemos la evidencia que desde arriba, desde el cargo político, alguien les haya dicho que se aparque el tema porque no queremos que los ayuntamientos paguen más. Esa evidencia concreta no la tenemos, pero es que no se ha llegado a resolver ningún procedimiento judicial, ni este ni otros. Algo está sucediendo sistemáticamente. Contra los hechos que se manifiestan, podemos acusar de dejadez, de inactividad y de omitir sus obligaciones como funcionario, provocando un daño medioambiental continuo. Eso es un hecho incontestable contra el que sí podemos actuar. Mientras que esos responsables, el jefe del departamento o el secretario general técnico, el de antes y el de después, no manifiesten si eso lo han hecho porque se lo ordenaron desde arriba o porque ellos nos decían que tenía mucho trabajo o por lo que fuera, no podemos discernir cuál es la causa real.
"Hay cargos directamente responsables de perjudicar al medio ambiente por dejación de funciones"
Se puede sospechar que dentro de las administraciones se puedan proteger entre altos cargos. Decir algo así como "bueno, vamos a parar esto" o "vamos a esperar un poco a ver si se arregla", al tener los ayuntamientos otras obligaciones económicas. No lo sabemos, pero te da que pensar.
Con los hechos manifiestos que he comentado, sí. Hay cargos directamente responsables de tramitar y resolver los recursos y en este caso de perjudicar al medio ambiente. En su momento, el TSJA condenó a la Viceconsejería a resolver. No es posible que pasaran, ya no tres meses ni tres años, sino más de seis años, sin resolver los recursos de alzada. Eso es notorio, pero que derive en una responsabilidad en sus funciones, es lo que intentamos con la denuncia. El hecho es evidente, el causante también. El tribunal será el que dictamine que si le corresponde una responsabilidad disciplinaria, que nosotros entendemos, ya te digo, por toda la evidencia, que así es.
Comparando con temas judiciales de hace 20 años, esto ha cambiado mucho y cada vez hay más sensabilidad. Hay más jueces jóvenes, mayor implicación, pero sí que es cierto que depende muchas veces del juez que corresponda y de las primeras instancias. Hay algunos que no dan valor a estos aspectos penales y lo intentan archivar a la primera o no tramitar porque en estas materias te requieren una serie de cosas. Hay jueces que continúan con la misma mentalidad de que este ámbito para ellos no es importante, pero creo que la sociedad es consciente de la situación medioambiental en la que nos encontramos.
No se ha llegado todavía a extender en un porcentaje mayoritario una conciencia ambiental, ser más conscientes y sensible con estos temas, pero sí que ha cambiado. Este tipo de cuestiones yo lo hablo muchas veces con otros compañeros. Especialmente cuando nos referimos a un bien común, que es un bien público, que no es tu interés particular, algo que te afecta a ti directamente.
Al menos en los países latinos es complicado que la gente se mueva por un bien común. Cuando te tocan tu bolsillo, tu puesto de trabajo, tu propiedad o algo, sí te mueves y hay movilizaciones. Pero cuando es un bien común, que no es de nadie, que es de todos, no pasa nada. En este país falta conciencia y movilización.
Uno de los temás más activos viene de hace décadas es la recuperación de las vías pecuarias tras el inicial plan de deslindes de hace 20 años, sobre el que la Junta no llega a la última fase. Ante eso, hemos iniciado los trámites sobre diversos tramos de vías pecuarias. La respuesta de la Junta de Andalucía es que tiene mucho trabajo, que no tiene medios. Lo que siempre suele decir la administración ante todo tipo de casos cuando no le interesan.
Los tribunales han condenado en primera instancia que las administraciones tienen la obligación de recuperar las vías pecuarias. El Tribunal Superior de Justicia volvió a decirles que hay que hacerlo ya, que tienen la obligación de recuperarlo como cualquier bien público aceptado. Pero como dices, es una prueba evidente de que la administración, cuando no quiere hacer una cosa, no la hace, quebrantando de forma manifiesta la normativa de las obligaciones legales que tiene.
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