En la sierra de Grazalema, los apicultores saben –como sabían los mayas hace milenios– que si el mundo respira es, en parte, gracias a las abejas. Son ellas quienes recogen el polen de las flores y lo esparcen, permitiendo que los árboles –fuente de vida– se reproduzcan. No solo eso: un tercio de la producción mundial de alimentos depende de estos insectos y de su enorme capacidad para expandir los cultivos, según datos distribuidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Las abejas son himenópteros altamente sofisticados que han evolucionado durante cientos y cientos de milenios. Los estudios de ADN sugieren que las primeras aparecieron hace unos 130 millones de años, en el Cretácico, probablemente muy poco después de que lo hicieran las flores. Su labor ha sido fundamental para la supervivencia del planeta y de sus habitantes durante todo este tiempo y, sin embargo, hoy son una especie gravemente amenazada por el cambio climático y por la contaminación de sus ecosistemas.
En este contexto, la apicultura ecológica se convierte en un trabajo heroico que debería estar ampliamente protegido. Pero, como las propias abejas, los apicultores de España –el mayor productor de miel de la Unión Europea— y, por ende, los de Andalucía —la segunda comunidad productora de nuestro país–, atraviesan un momento crítico fruto de la sequía que azota al campo español —la mayor desde 1995— y del inasumible aumento de los costes de producción.
“La situación pinta más que mal”, reconoce José Luis Fernández, apicultor profesional y presidente de la Asociación de Apicultores de la Sierra de Cádiz. Sus ranchos y los de los compañeros con los que habla a diario, ubicados en diversos puntos de la Sierra de Grazalema, han visto reducidas sus producciones en un 70% a consecuencia de la falta de precipitaciones.
“Sin lluvia no hay flores, sin flores no hay polen y sin polen no hay abejas”, explica José Luis, que lleva toda su vida dedicado al oficio y hasta ha logrado su propio etiquetado: Mieles El Bosque. “Llevamos tres años afectados por sequías descomunales y a estas se unen además otros factores que nos han colocado en una posición tan crítica que ha obligado, incluso, a algunos compañeros a abandonar la profesión”.
Desde Málaga, Antonio Velázquez, responsable del sector apícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía, refiere una situación similar. “Este es el peor año de nuestra historia”, afirma rotundo. En sus ranchos, a los que, como José Luis, lleva toda una vida dedicado, se ha perdido más del 80% de la producción. “Vivimos un momento catastrófico, algo sin precedentes: estamos temiendo hasta por la vida de las colmenas”, reconoce.
El deterioro del sector apícola es un efecto más del avance de la crisis climática en España. Las abejas han sido, desde tiempos pretéritos, uno de los principales indicadores de salud de los ecosistemas, y la muerte de sus colmenas evidencia, sin lugar a equívocos, que algo va mal. Un medio natural sin polinizadores es, además, un hábitat enfermo que está condenado sin remedio a la esterilidad.
Altos costes, bajos precios e importaciones fraudulentas
Pero los apicultores andaluces no solo se enfrentan a una sequía sin precedentes, sino también a un aumento desorbitado en los costes de producción, como la subida del precio de los suplementos alimentarios o los costes derivados de la trashumancia obligada a causa de la crisis ambiental y de la nueva imposición de un veterinario en finca. “No solo es que vemos mermada de forma exponencial nuestra producción por la sequía (que es la cuarta consecutiva y la peor desde 1995), sino que tenemos que asumir costes muy superiores a los de hace algunos años”, explica Velázquez.
A todo lo anterior se suma, además, el descenso de los precios del mercado, derivado de la importación de “falsas mieles” elaboradas, según denuncian, en China y en algunos países latinoamericanos a partir de procesados químicos. “Pedimos a la Unión Europea que exija que en los etiquetados se especifique la procedencia del producto y los porcentajes concretos cuando un bote de miel venga de varios países”, señala José Luis Fernández, que hace especial hincapié en aquellos productos que incluyen en su etiquetado “mieles de España”, cuando, en realidad, el porcentaje de producto nacional es, tal vez, “de un uno o un dos por ciento”.
“El consumidor encuentra en los supermercados mieles supuestamente españolas al precio de 1,40 euros, y eso es imposible”, apunta, por su parte, Velazquez. Los apicultores insisten en que se vende como miel de procedencia europea un producto que ni es miel ni tiene procedencia mayoritaria de ningún país productor de la UE. “El 80% de la miel que entra en España desde China es que no es miel, es un sucedáneo hecho a partir de jarabe de arroz”, recalca Velázquez.
Para demostrar su teoría, con la que los apicultores ya han acudido a las autoridades europeas y a las españolas, los productores recurren a las tablas públicas de importaciones. “En las de ciertos lineales, se ven grandes cantidades de mieles procedentes de China”, apunta el dirigente de COAG. “Sin embargo, cuando vas a comprar miel de su marca al supermercado, ¡qué casualidad!, ninguna procede de China, todas son de España, de Portugal, de Italia… Pero la realidad es que nuestras mieles siguen en las cooperativas. Nos engañan, porque las multas son inferiores a los beneficios que obtienen vendiendo como miel productos que no son miel”, concluye.
“No queremos ayudas de por vida, sino una Administración justa”
Ante esta situación, los apicultores solicitaron ayudas directas “y puntuales” al Ministerio de Agricultura con el objetivo de hacer frente a los efectos derivados de la sequía. Las ayudas con carácter urgente que les fueron concedidas —”cantidad irrisorias”, denuncian, que en muchos casos no llegan a los 800 euros anuales por explotación– aún no han llegado a sus destinatarios en Andalucía. “Están dejando morir nuestras colmenas; están dejando que nuestros apicultores abandonen su oficio, que se pierdan años y años de trabajo dedicados a levantar una explotación”, se lamenta el propietario de Mieles El Bosque.
No obstante, desde COAG reconocen que las inyecciones económicas deben tener un “carácter excepcional” y que su pelea no se centra en conseguir rescates de este tipo, sino en que la Administración “sea justa”. “Nosotros no queremos ayudas de por vida, queremos vivir de nuestro trabajo, un trabajo que hacemos por pura vocación y con mucho esmero y dedicación”, reivindica Velázquez. “A la Administración únicamente le pedimos que haga el suyo”, recalca. “Que sea justa, que no haga dejadez de sus funciones y que no consienta que se engañe al consumidor y al productor”, exige.
España es el principal productor de miel de la Unión Europea, con algo más de 30.000 toneladas recolectadas en 2020, según datos del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Nuestro país cuenta aproximadamente con 3,1 millones de colmenas, de las que casi 2,5 millones pertenecen a apicultores profesionales, que están reconocidos legalmente como los que tienen más de 150 colmenas. Su supervivencia, la de sus abejas y, por ende, la de nuestros ecosistemas se sitúa hoy al borde del abismo, en el peor año de su historia.
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