Conil de la Frontera tiene 88,5 kilómetros cuadrados —en mitad de la tabla de los municipios más y menos extensos de la provincia de Cádiz— y 23.182 empadronados. Es la localidad más poblada de la comarca de La Janda y, además, en temporada alta esta cifra se quintuplica. Aparte del núcleo urbano principal, donde fenicios fundaron hace unos 3.000 años almadrabas y pesquerías, la parte más oriental del municipio está dominada por los acantilados de Roche —con la exclusiva urbanización residencial y hotelera— y los llanos de El Colorado y Barrio Nuevo. Es esto lo que se conoce como el ‘diseminado’ de Conil, donde lo mismo cruza el autobús urbano que hay contenedores de residuos, alumbrado público o andan estos días instalando fibra óptica en zonas como las Peñuelas de Roche. Son zonas entre agrícolas, residenciales y turísticas, salpicadas por algunos centros educativos rurales y hasta un consultorio del SAS.
En las Peñuelas de Roche ya había hace más de sesenta años chozos construidos en mitad del campo. En una de las parcelas familiares de aquellos colonos levantaron su primera y única residencia, en 2013, Sergio y María del Mar. Ha transcurrido cerca de una década y la pareja se enfrenta ahora a una orden de demolición del que es su hogar. En en el caso de ella, como propietaria del terreno rústico, podrían caerle dos años de prisión.
En cambio, su casa paga Impuesto de Bienes Inmuebles, tiene acometidas de electricidad, y abastecimiento y saneamiento, pagan por basura y alcantarillado… Su casa, como otras 7.000 en este extenso mar de pareados y construcciones de toda índole, es a nivel urbanístico una casa ilegal. Pero su casa, a diferencia de otras en esta zona, es de primera ocupación, no un inmueble con el que especular o hacer negocio turístico.
Las casas de la veintena de expedientes con orden de demolición, como otras 7.000 en este mar construcciones, son ilegales, pero pagan impuestos y tienen todos los servicios
Sin embargo, solo sobre su casa, sobre sus vidas, junto a las vidas de otra veintena de familias, pesa esta piqueta judicial que amenaza con derribos “inminentes”, como sentenció a finales de diciembre pasado el alcalde conileño, Juan Bermúdez (IU). Desobedecer para seguir ganando tiempo a los diferentes fallos judiciales ya ha dejado de ser una opción, por lo que el propio alcalde y su equipo de gobierno se verían comprometidos legalmente en caso de no actuar ya. En uno de los últimos plenos municipales todos los grupos políticos de la Corporación se unieron para reclamar soluciones a estos derribos. Este miércoles está prevista una protesta de afectados ante el Parlamento para que la Junta de Andalucía canalice alguna salida, especialmente tras la aprobación de la nueva Ley del Suelo (Lista) en la comunidad, a esta compleja realidad. Las pancartas ya están preparadas: “No somos delincuentes; familias sin techo, niños en la calle; IBI urbano en medio rural; solución para salvar mi único hogar…”.
El problema es la “arbitrariedad” y emplear a “cabezas de turco para ser ejemplares, cabezas de turco que casualmente son los que menos tienen”, defienden desde la Plataforma de Afectados de Viviendas Irregulares de Conil (Pavic), que lleva trabajando a la desesperada desde 2019. Son estas familias las que pagarán, si no hay alternativa urgente, décadas de laxitud y lentitud de unos planes especiales urbanísticos que, según explican, podían haber regularizado buena parte de todo lo que rodea a los afectados por esta veintena de expedientes con orden de demolición.
“Hay 20 expedientes en los juzgados, ¿se han escapado 6.980?”, pregunta Sergio Cáceres, con 40 años y portavoz de la plataforma, mientras enseña una modesta planta baja a medio rematar, con una vaquería pared con pared. “Cuando me llegaron las notificaciones, no hice ni el camino de entrada, esto no está embarrado porque lleva un día sin llover, pero no quise tocar nada más”. Aun así, su situación no es la más extrema de todas en este momento. “Tengo un expediente administrativo y judicial, pero aún no se ha celebrado el juicio”, puntualiza.
Tanto Margarita Rodríguez, con 31 años, como Juan Jesús Ramírez, con 36 años, tienen sentencia firme de demolición de las viviendas que habitan junto a sus familias, con menores a su cargo, desde hace más de una década. Además tanto Fran, pareja de Margarita, como Juan Jesús, no eludirán los dos años de prisión que incluye la condena si desobedecen al juez. “¿Dónde vamos a ir con dos niños pequeños? Soy repartidor y mileurista; una hipoteca en Conil no baja de 200.000 euros y es que el banco, además, no me da nada. Si tengo que entrar en la cárcel para que no derriben mi casa, entraré”, mantiene Juan Jesús, recién llegado de repartir mercancía por la zona de la Costa del Sol.
La presión inmobiliaria como consecuencia del turismo en Conil es tan alta que el precio por metro cuadrado de viviendas nuevas o usadas alcanza al de las grandes ciudades del país. El fenómeno de los pisos turísticos también ha dejado al pueblo ahogado y sin vivienda, por más que a menudo el Ayuntamiento anuncia nuevas promociones de VPO. Esta realidad del mercado de la vivienda y del suelo es, sorprendentemente, similar en el diseminado conileño, pese a ser territorio rústico y, por tanto, no edificable, según apunta a este periódico el consultor medioambiental Antonio Figueroa. Al frente de la empresa Agua y Territorio, se encargó el año pasado de inventariar la realidad territorial y urbanística de El Colorado y Barrio Nuevo, repleto de “barrios”, como les llaman sus vecinos, atestados de zonas aparentemente rurales donde hay todos los servicios del mundo urbano, incluida la fibra óptica. “Claro que todas esas son ilegalidades, pero se viene consintiendo todo”, denuncian los vecinos. “La realidad para regularizar todo esto ni es sencilla, ni es barata y, ni mucho menos, será rápida. Es un problema muy complejo”, insiste Figueroa.
“El cuerpo del PGOU de Conil, quitando modificaciones posteriores, es de 2001, por lo que el modelo territorial ha cambiado respecto a lo que se planificó entonces. Toca una revisión integral con un análisis exhaustivo del suelo no urbanizable y de todas las viviendas, analizando qué nueva dimensión tiene ahora el municipio y cómo se soluciona todo esto. Sería un primer paso”, afirma el consultor. La Lista, en este sentido, sería una gran oportunidad para acelerar dicho planeamiento, dado que en teoría agiliza la engorrosa tramitación de un documento urbanístico de estas características. La realidad, en cambio, es demasiado urgente para Raquel, para Antonio de la Venta El Ancla, Sergio…
Margarita se encuentra en la misma tesitura de la familia de Juan Jesús, con orden inminente de derribo, aunque en su caso su marido incluso sería inhabilitado también para trabajar como albañil, que es a lo que se dedica desde hace años, sino tira su casa abajo. “Pagamos la multa hace más de diez años, entonces me decían los técnicos que acabara la vivienda por fuera y ya por dentro, a poquito a poco”. “En 2015 —abunda— ya recibo carta del Juzgado pidiendo la demolición de la casa, y luego de la Audiencia Provincial, donde se nos volvía pedir la demolición. Cada recurso ha sido un dineral y no tenemos, como otras personas de por aquí, para ganar el tiempo que se gana con esos recursos”, explica la mujer, cuya familia, con tres niños pequeños, tiene tres meses para demoler su vivienda y evitar que el cabeza de familia entre en prisión.
“Creo que han decidido que seamos las familias con menos recursos las que paguemos este pato; esto es una angustia diaria”, añade una mujer que tiene un grado alto de discapacidad y que, paradójicamente a su caso, “me dedico a limpiar y entregar llaves de casas ilegales de esta zona que son usadas como viviendas turísticas, y a las que sorprendentemente nadie ha dicho que deben ser demolidas”. Sergio, al frente de la Pavic, deja un mensaje muy claro: “Lo que pedimos es seguridad jurídica, estamos dispuestos a ponernos al día con la sociedad, a pagar entre todos para poner una depuradora, lo que sea. Tenemos que pagar por el error que hemos cometido, pero que la decisión jamás sea la demolición. Demolerle la vivienda a 20 familias lo que va a hacer es estigmatizarlas. Va a generar un caos social con 20 familias danzando por Conil, viendo para colmo cómo se sigue construyendo en esta zona mientras que ellos han tenido que derribar sus primeras viviendas. Nosotros queremos pagar lo que no pagamos en su día, pero que legalicen esto y frenen la construcción”.
La realidad en muchos casos, expresan, es que hay propietarios que también tiene orden de demolición, pero son tenedores de varias casas y si el procedimiento se alarga durante 20 años, pues “lo sufragan con todos los alquileres que hacen verano tras verano”. “Aquí falla algo, pero no se pone remedio ante esto, nos cogen de cabezas de turco a ver si el pueblo se entera, pero no frenarán que sigan construyendo. Pueden poner dos drones y mañana mismo ven quién vive realmente aquí y quién especula”, remacha Sergio, que recuerda el origen de una situación que se convirtió en cultura del pueblo. “Aquí había costumbre de que incluso la gente se autodenunciara, iba al Ayuntamiento, pagaba la multa y ya está. Ha habido una cultura que no ha impedido nunca la autconstrucción en tierras familiares, algo que no solo beneficiaba al Ayuntamiento porque resolvía así las dificultades de vivienda de los vecinos, sino que además le daba ingresos por impuestos y tenía, digamos, cautivo el voto de esas familias con las que se hacía la vista gorda”, expresa el portavoz de la Pavic.
El Ayuntamiento de Conil aseguró el pasado año que hasta 36 ámbitos del diseminado podrían contar con planes especiales urbanísticos —paso clave en la regularización—, pero por ahora el desbloqueo de esta problemática desde la planificación urbanística no llega. La figura del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) ha colocado en el limbo a algunas viviendas, otros expedientes a base de costosos recursos han prescrito, pero la realidad es que a una veintena de familias de las alrededor de 7.000 viviendas irregulares del municipio —la Junta estima que hay cerca de 50.000 en toda la provincia— “nos ha tocado esta mala suerte de ‘lotería”, dice Margarita. A su lado, Juan Jesús se muestra desesperado: “Si me tiran la casa, me destrozan la vida; si gano tiempo entrando en la cárcel, con tal de que mi casa se quede en pie, lo haré. Prefiero la cárcel a que me tiren mi casa”.
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