El cliente, el consumidor de prostitución, aparece en el centro del debate. Con cara de inocente, no lo es. Su aspiración sustenta un gigantesco mercado internacional que destroza la vida de millones de personas.
La demanda de sexo a cambio de dinero queda colocada en el eje de la discusión pública y técnica sobre la esclavitud del siglo XXI, analizada esta mañana en el patio central de la Diputación Provincial de Cádiz.
"Siempre hago una pregunta al auditorio —retó la fiscal de la Sala de Trata y Extranjería, Beatriz Sánchez Álvarez que presidía la exposición—, ¿cuántos casos de trata para extracción de órganos hubo en España el pasado año?". Tras un largo silencio del centenar largo de asistentes, la letrada concluyó: "Ninguno".
La fiscal de Trata: "Apenas hay legislación contra la prostitución en España, más que para algunos supuestos"
Para fijar la comparación que pretendía subrayar añadió inmediatamente: "¿Cuántos de trata con finalidad de explotación sexual? Miles". La conclusión de la primera autoridad del Ministerio Público en esclavitud moderna en España aclaró enseguida las posibles causas de este desequilibrio de cifras.
"En este país tenemos una legislación, una regulación, pionera en el mundo en materia de trasplantes. España es el primer país en donaciones y operaciones del mundo. Hay una gran sensibilidad social, mucha conciencia ciudadana y apenas queda espacio para el tráfico de órganos".
"En cambio, no tenemos regulación, legislación, sobre la prostitución ni hay tanta sensibilidad ciudadana. No existe conciencia de que el hombre que paga a cambio de sexo no está al margen de la prostitución y la trata. Y la realidad es la contraria: el cliente es un cooperador necesario", aclaraba la fiscal.
Sin mencionarlo de forma explícita, se posicionaba en el lado de los que piden la prohibición de la prostitución o, al menos, una restricción legal mucho más contundente que la actual, "que apenas existe contra el proxenetismo más que en algunos supuestos".
En el remate de la intervención que abría en Cádiz el seminario sobre la trata de personas como uno de los mayores atentados contra los derechos humanos, Sánchez Álvarez, puso el foco en el arraigado fenómeno de la prostitución como factor esencial para encontrar soluciones.
El debate, ya largo, sobre la posible abolición de la compra de sexo necesita datos y la especialista los aportó: "Todos los estudios que se han hecho en Europa en los últimos años concluyen que las mujeres que se prostituyen libremente no son ni el 10%, se acercan más al 5%", aseguró para combatir el resistente mito de la prostitución voluntaria y feliz que abanderan los antiabolicionistas.
El concepto "libremente" significa que la mujer (ocho de cada diez personas prostituidas en el mundo) actúa sin coacción física o psicológica, sin violencia ni engaño y al margen de una situación de vulnerabilidad o necesidad económica.
Es decir, las consideradas libres son mujeres que tienen alternativas reales y posibles de obtener ingresos por otra vía, ninguna situación o persona les obliga pero optan por la prostitución. Ni diez de cada cien están en esta situación que los contrarios a la prohibición esgrimen como principal argumento.
Más números que esconden dramas y salvajes maltratos sistemáticos: "El 99% de las personas que sufren la trata por explotación sexual en España son extranjeras pero no francesas, ni alemanas, suecas, holandesas, italianas o británicas", enfatizó.
"Proceden del África Subsahariana, o de Europa Oriental, de Suramérica o Asia, en definitiva, de países con una realidad política y social, económica, mucho más complicada que la de España".
Con esa pulcritud verbal detallaba la especialista del Ministerio Público una obviedad milenaria que la clientela prefiere ignorar cuando ejerce: la prostitución esclavizante afecta sólo a los pobres, a los marginados y a los que huyen de la miseria, la guerra o el miedo.
Rebeca Macro Frías, jefa de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en la provincia, reforzó ese punto de vista en la mesa inaugural. "Uno de los objetivos esenciales es la reducción de la demanda".
Traducido al callejero, uno de los propósitos estratégicos es conseguir que cada vez haya menos hombres (el porcentaje de mujeres es inferior al 3%) en el colectivo de clientes y usuarios, de solicitantes.
Como última cifra para la desolación y la reflexión, el auditorio tuvo que oír que un estudio fija en "el 90% de las mujeres prostituidas que declaran que su situación económica y su salud han empeorado notablemente cuando han vivido ya, al menos, diez años en esa situación".
El río de dinero que mueve a diario este mercado internacional pasa de largo por delante de ellas, las víctimas no obtienen beneficio alguno y se exponen "a diario" a un amplio catálogo de enfermedades, tanto en el aspecto físico como en el mental.
La fiscal Sánchez Álvarez resumió su presentación con dos frases extraídas del debate parlamentario en Francia, hace dos años, sobre la abolición.
"Decir que las mujeres tienen derecho a venderse supone esconder que los hombres tienen derecho a comprarlas" y "una mujer que se prostituye libremente no puede justificar que 99 lo hagan en situación de esclavitud".
Desmontaje de tópicos y prejuicios
Antes de fijar la mirada y los oídos de todos los asistentes en la prostitución y la explotación sexual como primera causa de trata en el mundo (la sufren 4,5 millones de personas al año), la fiscal trató de aclarar algunos prejuicios y tópicos.
La trata de seres humanos está fijada como "la captación y el traslado de personas mediante coacción o engaño" con cualquier fin delictivo, no sólo la prostitución aunque sea la actividad esencial. La explotación laboral sería un cargo, o delito, añadido en caso de que fuera demostrado pero la trata es punible per se.
Otra aclaración: el tránsito forzado no tiene que producirse entre países distintos para que constituya delito. Entre dos territorios dentro de España, por ejemplo, también lo sería aunque este supuesto sea mucho menos frecuente.
Además de la mayoritaria explotación sexual (con la pornografía como apartado infrecuente junto a la prostitución) aparecen otras motivaciones para actuar contra personas que son trasladadas y captadas mediante coacción, violencia o engaño.
Entre la casuística conocida, Beatriz Sánchez Álvarez relató los casos juzgados de ciudadanos paquistaníes encontrados "en grandes plantaciones de marihuana, como vigilantes o recolectores en condiciones de esclavitud, sin apenas agua o comida ni posibilidad de salir".
También se han conocido precedentes de "niños de origen rumano a los que se obliga a meterse debajo de los coches para robar catalizadores, en algunos casos construidos con materiales bastante valiosos".
La trata para propiciar matrimonios forzados, "muy escasos en España", también se ha dado, especialmente entre la comunidad gitana de procedencia rumana y entre distintas etnias de origen hindú.
Trabajos esclavizantes en distintos sectores económicos (de la pequeña industria a hostelería o agricultura), mendicidad o servidumbre doméstica completarían el conjunto de finalidades delictivas que tiene la trata de seres humanos en España, aunque todas con porcentajes muy bajos respecto a la prostitución.
Todos esos casos juntos, con abrumadora mayoría de la explotación sexual, forman el terrorífico paisaje de la esclavitud contemporánea aquí y ahora, en plena era global y digital.
Desde las instituciones contra los beneficios y la publicidad
La concejala jerezana y diputada provincial Susana Sánchez Toro era la encargada de inaugurar junto a las dos expertas profesionales la Jornada contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños organizada por la Diputación de Cádiz y la Red Antena Sur.
La Corporación, además de organizar la cita, aprobó en su pleno de septiembre un programa con una decena de acciones contra la prostitución entre las que se encuentra la adopción de políticas que contribuyan a erradicar la trata y la explotación sexual mediante la colaboración con ONG y otras administraciones.
Entre ellas está exigir a los gobiernos central y autonómico la aplicación de la actual legislación para desmantelar la industria sexual y articular medidas para combatir directamente sus beneficios, confiscando ganancias económicas procedentes de estos delitos.
Otra de las propuestas es combatir la publicidad de servicios sexuales en cualquier formato y trabajar por la integración social y laboral de las víctimas.