Para llegar al pequeño portal de la calle Mesón (número 9) en el barrio del Pópulo de Cádiz, a diez metros de la entrada al Teatro Romano, en la mañana de este viernes, hay que sortear media decena de corros de turistas con guía.
Como si alguien estuviera rodando un documental de denuncia y hubiera esperado el momento mejor, para llegar al telefonillo (junto al teclado con código para los apartamentos turísticos) hay que pedir permiso a los forasteros tres o cuatro veces.
Ellos están escuchando el glorioso pasado de Gades o Gadir sin saber que complican seria e involuntariamente el presente de Cádiz. Como el de medio millón de pueblos y ciudades asaltados por una cantidad de visitantes nunca conocida.
El encuentro con los forasteros en la puerta de la última víctima de la turistificación parece programado para ilustrar la presión sobre algunas zonas de Cádiz, como el emplazamiento medieval y amurallado en el que vive la protagonista del último episodio.
Su impacto, incluso en televisión, con colaboración municipal y una mención en el Parlamento de Andalucía, ha sido tan fuerte que ha causado una pequeña revuelta vecinal.
"Esta mujer no se va de aquí", dice un vecino cuando se le pregunta por el domicilio. Difícil lo tiene el espontáneo, ella, su familia y los solidarios compañeros de barrio. La ley está de parte de la propietaria.
"Será legal pero no es decente. Cuando la propietaria cambió el contrato de renta antigua de mi madre, hace muchos años, nos dijo que no había ningún problema, que la apreciaba mucho, que no pasaría nada".
"Pero hizo lo que se llama una división horizontal que ahora le permite cambiar lo que quiera, montar los pisos turísticos que quiera y echarla. Ahora, años después del cambio, nos dice que ella no es una hermanita de la caridad, que también necesita dinero", adelanta Eva Orihuela, hija de la afectada.
Es el prólogo de un capítulo singular. Se han dado muchos. Vendrán otros. Este ha provocado un impacto particular. Simboliza ya la lucha contra los efectos del turismo masivo, sobre todo en la vivienda, en Cádiz.
Los turismófobos, los que advierten del daño que hacen los pisos turísticos, tienen ahora una bandera y un rostro. La enseña es un cartel que llena las calles del barrio del Pópulo.
Los vecinos han empezado a pegarlo (el diseño original es de Barcelona) y a compartirlo en redes sociales en señal de solidaridad con la persona que pone la cara a este fenómeno comercial imparable, para algunos, lacra para otros.
Se llama María Muñoz Ladrón de Guevara y tiene 87 años. El próximo 26 de junio, como máximo, será desahuciada de la casa en la que ha vivido 57 años, desde 1967, en alquiler.
Es la casa en la que crecieron sus tres hijos y a la que acuden sus nietos. Uno de ellos, en el patio de la vivienda, en la planta baja, señala con pesar hacia arriba. "Mira, mira, todo apartamentos turísticos menos uno y el de mi abuela, que también lo será en unos meses".
De forma espontánea, ya al atardecer del viernes, se forma un pequeño debate de vecinos de otras fincas. "Casi todas las noches, los turistas de los apartamentos le dejan la puerta de la calle abierta, a una mujer de 87 años, y es ella la que tiene que sacar el contenedor de basuras porque nadie se molesta".
Son los efectos secundarios en la inseguridad cotidiana de vivir en una finca ya conquistada por el turismo masivo. El resto de consecuencias son más graves y se concentran en quedarse sin casa, en irse a la calle.
La tía del joven, una de las hijas de María, Eva, afirma que la propiedad sólo admite una alternativa a la salida, una sola opción a convertir la vivienda en apartamento turístico: la venta directa a la inquilina.
La dueña pide 147.000 euros por el bajo izquierda interior, sin iluminación natural ni ventanas a la calle. La familia Muñoz Orihuela no los tiene. Así que a la calle.
"No tengo a dónde ir", repite la anciana que ha visto mermado su estado de salud por el ajetreo nervioso de medios de comunicación durante la semana. Hasta al Parlamento de Andalucía ha llegado el caso.
El diputado José Ignacio García (Adelante Andalucía) le preguntó directamente por María Muñoz al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el debate celebrado este jueves.
La respuesta se desvaneció en un debate genérico sobre el impacto de las viviendas turísticas en toda Andalucía y los esfuerzos que habría hecho la Junta sin que aparezca solución concreta para María Muñoz en El Pópulo.
El histórico dirigente vecinal Antonio Gallardo también se suma a las voces que denuncian que "los apartamentos turísticos están echando a la gente de Cádiz". El dirigente de la plataforma Vecinos del Pópulo se muestra decidido a mantener la campaña incipiente, por ahora.
De hecho, está convocada una concentración para el día que marca el límite para el desahucio: 26 de junio a las 10 de la mañana.
Gallardo pide "inspecciones a los pisos turísticos" para detectar todos los que son "ilegales". El Ayuntamiento de Cádiz anunció hace tres meses que había levantado acta contra 280 sin que hasta ahora se conozcan repercusiones ni haya tenido efecto en el control de un mercado que parece desbocado.
Uno de los concejales de equipo de gobierno local, Pablo Otero, también participa en las difíciles gestiones, se muestra "dolido" por el caso de María. Así se lo ha hecho saber en varias conversaciones a una de sus tres hijas, la que ejerce de portavoz familiar.
"Pero nos ha dicho que se puede hacer muy poco, que no quiere engañarnos con falsas promesas de soluciones porque no las hay". La cuenta atrás de María Muñoz está en marcha y ella lo sabe. La de otros cientos de vecinos de Cádiz puede que también, pero ninguno se da cuenta.
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