—“En España se muere bien o mal dependiendo del médico que te toque”.
La frase, lapidaria, contundente, es de alguien que sabe de lo que habla. Que está acostumbrado a lidiar con personas con enfermedades terminales, que quieren acogerse a la Ley de Eutanasia, y que solo encuentran trabas y más trabas. A su particular sufrimiento y agonía, suman la burocracia en un momento tan delicado.
Es de Daniel Armenta, quien fuera portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en la provincia de Cádiz. Su sucesor, José María Sáez, también sabe de primera mano lo que supone intentar acogerse a una ley a la que, como poco, se le ponen muchas piedras en el camino. Para hacer desistir a quien la solicita. En el peor de los casos, muchos se mueren esperando una resolución, sufriendo por el camino.
Que se sepa, se han acogido a la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia (LORE), que entró en vigor en junio de 2021 —aunque en Andalucía se empezó a aplicar en noviembre— unas 370 personas en todo el país entre junio de ese año y diciembre de 2022. De 2023 aún no hay cifras disponibles. DMD calcula que más de 1.000 personas la solicitaron. En 2022, la eutanasia supuso menos del 0,07% del total de fallecimientos en todo el país. En Andalucía, el 0,036% del total.
La asociación Derecho a Morir Dignamente se fundó en 1984 precisamente para impulsar una ley que llegó 36 años después de su nacimiento. Una vez conseguida, Armenta apunta que fue “un gran logro”, pero critica su aplicación. “Sabíamos que la mayor dificultad la íbamos a encontrar a la hora de ponerla en práctica”. Pone ejemplos positivos, de comunidades como Cataluña, Canarias o País Vasco, donde se cumplen los plazos previstos en la ley. Madrid, Extremadura y Andalucía están en el extremo contrario.
Daniel y José María conocen varios casos. Como el de una persona de Cádiz que tuvo que ser derivada a San Fernando, donde encontró a un médico que siguió con el procedimiento, algo que no es fácil de hallar. De ahí su frase del inicio del reportaje. O el de un hombre de Sanlúcar al que le denegaron la eutanasia sin estudiar correctamente su caso, para luego terminar aprobándosela.
Hay otras historias más trágicas relacionadas con la fallida aplicación de la ley. Como la de Antonio Buenavida, un activista sevillano que se terminó suicidando en julio de 2022, a los 66 años, tras una larga enfermedad. Se quitó la vida para reivindicar un mejor cumplimiento de la normativa. Está el caso contrario, el de Estrella López Álvarez, otra sevillana que consiguió la eutanasia tras 34 años de enfermedad, pero a la que también pusieron trabas burocráticas.
Cómo es el procedimiento
Una vez que una persona decide que quiere acogerse a la Ley de Eutanasia, debe acudir a su médico de cabecera, que es quien tramita la solicitud en el caso de que se proclame como su médico responsable. Una vez formulada, hay 48 horas de plazo para que el paciente la ratifique. En ese punto, el caso pasa al médico consultor. He aquí uno de los grandes escollos. Es muy difícil encontrar a un facultativo que no se declare objetor.
Dos semanas después de la primera solicitud, hay que presentar la segunda ante el médico responsable, para confirmar la voluntad de acogerse a la eutanasia. El médico lo comunica a enfermería, y posteriormente hay una entrevista con el médico consultor, que estudia su historial clínico, examina al paciente y elabora un informe, que se eleva a la comisión de garantías y evaluación.
Esta comisión, que puede solicitar una entrevista con el paciente y con el equipo asistencial, tiene un plazo de una semana para responder, antes de remitir el caso al médico de cabecera, y éste pone en marcha el final del proceso. Una vez aprobada la solicitud, el paciente decide cuándo y cómo la aplica. En total, deben pasar entre 35 y 40 días. Eso sobre el papel. En la práctica, el plazo se excede por mucho.
“La comisión de garantías andaluza es lo único salvable en el proceso”, comenta José María Sáez, portavoz de DMD en la provincia de Cádiz. Lo demás, tiene muchos aspectos que mejorar. Para empezar, con los datos que se aportan. “La Junta hace juego de trileros, porque solo contabiliza a los solicitantes que llegan a la comisión”, dice. Pero claro, no son todos los que inician los trámites. Muchos se quedan por el camino.
La Ley de Eutanasia contempla un plazo de 40 días para culminar el proceso. La media en Andalucía es de 83 días, sin contar a quienes no llegan a la comisión de garantías. “No cuenta el que llega a comisión y no es correcto. Si cambia el año o te mueres en el camino, eso tampoco”, relata Sáez.
Los médicos objetores, principal escollo
“Cuando un médico se declara objetor, se hace extensivo al centro de salud, que tiene que asumir el caso”, cuenta José María Sáez, de DMD. El distrito sanitario Bahía de Cádiz al completo es objetor. “No es que se declaren, es que simplemente no cogen el caso en todo el distrito”, añade. Finalmente, es el director gerente quien tiene que asumir los casos que llegan.
Tan acusado es el problema, que la Junta de Andalucía ha anunciado recientemente que habilitará una unidad móvil que permitirá la eutanasia en las provincias andaluzas en las que solo haya médicos objetores. La iniciativa surge a raíz de las reivindicaciones de José Díaz, un onubense que lleva 18 meses luchando para conseguir la eutanasia. Le ha costado mucho encontrar a un médico consultor.
“En Andalucía hay oficialmente más de 800 médicos objetores de conciencia, pero en la práctica son más, casi ninguno coge un caso de eutanasia”, comenta Sáez. “Cuando se quitan de en medio, el paciente no tiene a quien recurrir, porque además no trasladan el caso a un superior, como debería ser, por lo que se encuentra en un limbo”, añade.
“La administración sanitaria no está por la labor de arreglar nada”, lamenta el portavoz de DMD, que critica que “no se están dando medios, ni materiales ni económicos”, para aplicar correctamente la Ley de Eutanasia. “No hacen falta muchos recursos, pero sí se necesita un mínimo de información y de formación para los profesionales”, agrega. He ahí el quid de la cuestión. Cuando un caso llega a un facultativo, sus ideales, pero también el desconocimiento, hacen que termine por no tramitarlo.
“Por desinformación, muchos creen que supone mucho trabajo”, insiste Sáez, que está convencido de que con más formación del personal facultativo, “los índices de objeción bajarían muchísimo”. “La Administración tiene que procurar que los médicos que están a su cargo estén formados e informados, para que sepan qué hacer en estos casos”, agrega Armenta.
Cómo mejorar la aplicación de la ley
Derecho a Morir Dignamente, en el balance que hizo durante el segundo aniversario de la Ley de Eutanasia —que está a punto de cumplir tres—, hace una serie de peticiones para pedir que se aplique correctamente.
Por ello, exige que todos los centros sanitarios y sociosanitarios (públicos y privados) cuenten con un protocolo de respuesta a una solicitud de eutanasia para que haya una respuesta ágil. También, que se suprima la recomendación de que el médico consultor no haya tenido relación asistencial previa con el paciente o que se implante un sistema de referentes del proceso en todas las comunidades.
Este último punto, precisamente, lo trabaja DMD en la provincia de Cádiz, una figura por la que están “peleando”. “En una reunión le pedimos a la Consejería que creara la figura del referente, que debe haber uno por provincia, y nos dijeron que ya existía, pero no lo conocemos”, señala José María Sáez.
La Ley de Eutanasia en sí “es mejorable”, pero lo que falla principalmente es su puesta en práctica, que en varias regiones fue tardía. En comunidades como Madrid o Andalucía se aplazó su entrada en vigor, porque entendían que los testamentos vitales realizados hasta la fecha no tenían validez, y que tenían que recoger la intención del paciente de acogerse a la eutanasia de forma expresa.
“Hay una falta de humanidad muy grande hacia estas personas. El que llega a este punto no está bien y quiere soluciones”, incide el portavoz de DMD. Otra frase, para cerrar, igual de contundente que la de su compañero, al inicio.
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