La laguna más extensa de España y uno de los humedales de mayor valor ecológico de Europa hace años que mutó en tierras de cultivo. Con algodón, tradicionalmente, pero también aguacate o arroz, más recientemente. Ahora se lucha para recuperarla, al menos en parte, y que sirva de “motor económico” para una zona en la que hace tiempo que la agricultura dejó de generar el empleo de antaño.
La comarca de la Janda, que abarca las poblaciones de Conil, Barbate, Vejer, Medina Sidonia, Benalup-Casas Viejas, Paterna de Rivera, Alcalá de los Gazules y Tarifa, debe su nombre a una laguna que, hasta mediados del siglo XX, ocupaba más de 9.000 hectáreas, 6.000 de las cuales son de dominio público.
Más de 40 kilómetros de agua dulce englobaba la laguna de la Janda, que hoy en día apenas alberga agua en unas pocas zonas muy localizadas. Por varios motivos: porque se desecó de forma consciente durante el franquismo, por las presas instaladas en los ríos que la alimentan —Barbate, Celemín y Almodóvar— y por el desagüe que deriva el poco agua que acumula hasta las marismas del Barbate, y luego al mar.
“Poca gente sabe que la Janda desagua por debajo de la carretera (N-340)”, comenta Lola Yllescas, de Ecologistas en Acción, cuando lavozdelsur.es visita la zona. “Que se desangra, mejor dicho”, puntualiza Manuel Morales, de la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda, creada en 1994 para recuperar el humedal. En 2024 cumple 30 años con este cometido, que se ha ido complicando por distintos motivos.
Pasear por lo que era la antigua laguna de la Janda supone recorrer caminos rurales con numerosos baches —aunque quienes los frecuentan dicen que ahora está “bien”—, entre campos de cultivo en los que apenas se ve a unos cuantos animales. Vacas, sobre todo. También caballos. Y muy de vez en cuando, un ganadero o un agricultor.
Gran parte del extinto humedal lo ocupa ahora la macrofinca de Las Lomas, de 12.000 hectáreas propiedad de la familia Mora-Figueroa Domecq —una de las más ricas del país, con un patrimonio por encima de los 700 millones de euros—, que pisa los términos municipales de Tarifa, Medina y Vejer. Y ahí estriba uno de los quid de la cuestión. Porque el conflicto tiene muchas aristas. A cada cual más enrevesada.
Por la conmemoración del Día de los Humedales, el 2 de febrero, entidades ecologistas —AEMS-Ríos Con Vida, Agaden-Ecologistas en Acción, la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda, Ecologistas en Acción, Fundación Savia, Greenpeace, Iniciativa Natura, Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua y SEO/BirdLife— piden al Gobierno de España que cree la Mesa por la Recuperación Ecológica de la laguna de la Janda, en la que participen el Estado, la Junta de Andalucía, ayuntamientos de la comarca, regantes y asociaciones conservacionistas.
El domingo 4 de febrero, a las 12.00 horas, hay convocada una concentración, en el cruce del kilómetro 47,1 de la carretera N-340, a la altura del desagüe del Pericón, para presionar y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se decida a crear este instrumento participativo. Todo ello con la meta de reducir los regadíos, restaurar humedales ubicados en terreno público y mantener aprovechamientos sostenibles garantizando el empleo, “un acuerdo beneficioso para todos”, insisten sus promotores.
El principio del fin de la laguna de la Janda
La ley de desecación de 1918, conocida como ley Cambó, contemplaba el secado, saneamiento y colmatación de la laguna jandeña, unas tierras que luego se dedicarían a la agricultura. La Guerra Civil paralizó hasta 1946 un proyecto para el que, ese año, Colonias Agrícolas S.A. logró autorización. La laguna de la Janda, y otras menores de la zona, como Rehuelga, Espartina y Jandilla, pasarían a manos particulares durante 99 años una vez se secaran. Era el trato alcanzado con la sociedad encargada de las obras.
Pero el proyecto no se llevó a cabo como se había planteado en un principio. Finalmente, el Estado terminó revirtiendo esta concesión, y realizando las obras de desecación, por lo que en la práctica es el titular de los terrenos. Pero la propiedad, aún así, pasó a manos privadas. A familias, mayormente, que apoyaron a Franco durante la guerra, y que recibieron así el pago por los servicios prestados. Desde entonces, ninguna Administración ha trabajado en demasía para recuperar los terrenos de titularidad pública.
El plan impulsado por la dictadura contemplaba la desecación de lagunas como la Janda, pero también las Tablas de Daimiel, la laguna de Antela o el Mar de Campos. Los humedales estaban considerados espacios de foco de enfermedades —mayormente, paludismo, transmitido por mosquitos—.
Un rayo de luz en la lucha por la recuperación
Un cambio de paradigma se produjo cuando, en 2018, un estudio jurídico de Pedro Brufao, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, reveló que una sentencia firme del Tribunal Supremo de 1967 ya recogía que 6.165 hectáreas de las 9.039 desecadas son de Dominio Público Hidráulico.
Todo a raíz de que el Ministerio de Obras Públicas, en 1964, promulgara un decreto para rescatar la concesión para impulsar una obra pública destinada a desecar la laguna, contener las crecidas del río Barbate y utilizar sus aguas para regar más de 20.000 hectáreas, que iban a ser explotadas por pequeños colonos. Nunca fue así.
El Plan Estratégico de Humedales 2030, de este ministerio, estableció en noviembre de 2022 la necesidad de “restaurar parcialmente antes de 2030 alguno de los humedales más grandes y emblemáticos antaño desaparecidos”, entre los que incluye la Janda. La pelota, ahora, está en su tejado.
A este clavo ardiendo se agarran las entidades ecologistas que ahora luchan por la recuperación de la laguna. La vicepresidenta y ministra para la Transición Energética y Reto Demográfico, Teresa Ribera, hasta se comprometió a recuperar al menos 1.000 hectáreas. Pero sin especificar cómo ni cuándo.
Un barullo burocrático sin fin
La lucha por la recuperación de la laguna de la Janda viene de lejos —mucho antes de que se creara la asociación que la defiende—, y después de estar durante años soterrada, resignada por las dificultades del proceso, reflotó en 2018 impulsada por el informe de Brufao.
A raíz de sus resultados, los ecologistas pidieron al Ministerio de Hacienda, ese mismo año, que investigara si los terrenos desecados eran públicos, y que recuperara los que pertenecían al Estado. Tres años después, eludió toda responsabilidad. “Su investigación excede de las competencias de la Dirección General de Patrimonio del Estado”, remachó en 2021, cerrando el expediente, y pasando la pelota a la Junta de Andalucía.
La justificación del Estado era que las competencias hidráulicas pasaron a manos de la Administración andaluza en 2005, aunque admitiendo que, “en última instancia”, la materia podría ser competente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
A principios de 2022, el asunto llegó a instancias de la UE. El Parlamento Europeo llegó a pedir a la Comisión Europea que mediara en el embrollo burocrático que debía delimitar a quien pertenecen los terrenos desecados y sus derechos, desde el uso del agua a la percepción de subvenciones.
En 2023, fue la Junta la que derivó la responsabilidad al Estado. En abril de ese año, la dirección general de Patrimonio inició el “expediente de investigación patrimonial sobre los terrenos de la laguna de La Janda y el resto de lagunas asociada (…) a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad”.
Los ecologistas defienden, basándose en la sentencia del Supremo de 1967, que la Janda está dentro del Dominio Público Hidráulico. La Junta, en su informe, apunta en dirección contraria. “Parece evidente que el Estado no legisló ni actuó con intención de retener la titularidad del dominio identificado como público, sino de convertirlo en tierras que pudieran ser cultivadas por manos privadas”, dice en el documento.
Para el Gobierno andaluz, la concesión de 1946 deja claro que hay “propietarios privados en la zona”, y se basa en la ley Cambó de 1918 para concluir que “este régimen jurídico, lejos de defender el dominio público hidráulico, lo ponía al servicio de las manos privadas que permitieran su desecación en zonas insalubres”.
Grandes fortunas implicadas
En gran parte del espacio que antes ocupaba un humedal de incalculable valor ecológico, desde los años 60 se fue dando forma a lo que hoy es una macrofinca de más de 6.000 hectáreas, propiedad de la familia Mora-Figueroa Domecq: Las Lomas.
Este municipio no oficial de Cádiz, con dos poblados y dos centros educativos, es uno de los mayores complejos agroindustriales de Europa. Unos terrenos explotados con fondos de la UE, donde ecologistas sospechan que se lleva demasiados años cultivando tierras públicas, usando para ello subvenciones europeas y utilizando agua “que no les corresponde”. El problema está en saber cuántas de estas hectáreas son privadas y cuántas públicas.
El proyecto que tienen en mente los ecologistas pasa por esclarecer, de una vez por todas, qué tierras son del Estado y cuales privadas. Y, a partir de ahí, llevar a cabo un proyecto de renaturalización de la zona. El caso reciente de Doñana, donde se ha alcanzado un acuerdo para reconvertir hectáreas agrarias y ganaderas en forestales, da esperanzas al colectivo ecologista, que quiere lograr algo parecido en la Janda.
¿Qué futuro le espera a la laguna de la Janda?
“Al igual que ha ocurrido recientemente en el caso de la solución de conflictos en otros humedales emblemáticos como Doñana o el Mar Menor, la vía de la negociación y la gobernanza mediante la creación de la Mesa por la Recuperación Ecológica de la Laguna de la Janda debe ser la que aporte una solución de consenso para la recuperación de la laguna”, sostienen las entidades ecologistas que convocan la marcha del 4 de febrero.
“Se evitaría así la judicialización del caso a la que inevitablemente nos veremos abocados si el Estado, como ha hecho la Junta de Andalucía, decide no ejercer sus competencias en defensa y recuperación de los terrenos de dominio público de la laguna”, prosigue el escrito firmado por AEMS-Ríos Con Vida, Agaden-Ecologistas en Acción, la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda, Ecologistas en Acción, Fundación Savia, Greenpeace, Iniciativa Natura, Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua y SEO/BirdLife.
Pero, ¿en qué consiste el proyecto que tienen en mente? En este punto, hay mucha confusión entre la ciudadanía. Incluso miedo y desinformación interesada. Las Lomas tiene la propiedad de la mayoría de tierras en cuestión, pero hay otros pocos pequeños propietarios. “No estamos en contra de nadie, de ninguna empresa, ni queremos quitar nada que sea legalmente privado, simplemente luchamos para que se acate la sentencia (de 1967)”, dice a este periódico Manuel Morales, de la asociación de amigos de la laguna.
“Buscamos un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes, sin que haya que llegar a los tribunales”, incide Morales, que apunta a “un nuevo modelo económico centrado en la recuperación de la laguna de La Janda” como el futuro ideal soñado por los ecologistas.
“Mucha gente nos dice: ¿con esa familia os vais a meter? O que vamos a quitar puestos de trabajo para tener una lámina de agua a la que vengan cuatro patos. Evidentemente, la idea no es esa. Se trataría de una transformación progresiva, siempre pensando en tejer una actividad socioeconómica alrededor que sea mucho más beneficiosa que la actividad económica actual, que solo es agricultura y cada vez más mecanizada”.
La tesis doctoral de Manuel Dueñas, catedrático de la Universidad de Córdoba, explica cómo debería ser el proceso, a su entender. “Es algo muy progresivo, aprovechando las parcelaciones que hay, nada de abrir compuertas de las presas e inundar por inundar. Todo basado en criterios de restauración ecológica, respetando lo privado, pero acatando la sentencia del Supremo”, insiste Morales.
“Éste es un espacio rico no solo para la productividad agrícola, también de cara a la conservación. Y rico también para el turismo”, dice Lola Yllescas, de Ecologistas en Acción, que está pensando, sobre todo, en el turismo ornitológico. Ella es partidaria de georreferenciar las 6.000 hectáreas de las que habla el Supremo a la actualidad, porque “el paisaje está sumamente intervenido y cambiado”, pero no ve “voluntad política”.
La intención es compaginar los actuales usos con “otros más conservacionistas, más ecológicos, más de recuperación de la biodiversidad”, señala Yllescas, que cree que “gran parte de los vecinos que conocieron la laguna la echa de menos”, y defienden su recuperación paulatina.
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